
Las cosas se le complican al alcalde de la capital catalana. Junts per Catalunya ha intensificado la presión sobre el primer mando de Barcelona, Jaume Collboni, al condicionar su apoyo a la reforma de la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones inmobiliarias a la implementación de un paquete integral de medidas destinadas a abordar la crisis habitacional en la ciudad.
El líder de Junts en el consistorio, Jordi Martí Galbis, ha declarado que "la pelota está en el tejado de Collboni", exigiendo que el gobierno municipal adopte una serie de iniciativas clave para garantizar su respaldo a la modificación de la normativa vigente.
Entre las propuestas presentadas por Junts se incluyen la movilización de suelo público y la reclamación de los activos inmobiliarios de la Sareb en Barcelona para que pasen a ser de titularidad municipal.
Además, se suman a sus propuestas la creación de ayudas tanto para la compra de una primera vivienda como para el alquiler, incluyendo préstamos municipales de hasta el 20% del precio de compra y subvenciones de hasta 3.500 euros para familias con menores a cargo; y la reducción del 4% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en las ordenanzas fiscales de 2026 y la implementación de bonificaciones e incentivos fiscales para favorecer la transición de los alquileres de temporada a contratos de larga duración.
Junts también ha exigido que se eviten casos como el de la Casa Orsola, aplicando criterios de vulnerabilidad reales en el derecho de tanteo y retracto y en la compra de propiedades.
La reserva del 30% de vivienda protegida, implementada en 2018, ha sido objeto de críticas por su escasa efectividad, ya que, según datos del propio alcalde, desde su puesta en marcha solo se han edificado 26 pisos bajo estas condiciones, frente a los 2.000 previstos.
Mientras tanto, Barcelona en Comú ha defendido la medida, llevando su apoyo a la calle mediante campañas informativas y acusando al gobierno de Collboni de ceder ante los intereses de los lobbies inmobiliarios.