El Ayuntamiento de Barcelona, bajo el mando de Jaume Collboni, ha intensificado su postura respecto a la normativa que exige destinar el 30% de las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones a vivienda de protección oficial. La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha desmentido categóricamente las afirmaciones sobre un supuesto perdón de multas a los infractores de esta regulación, asegurando que "todos los expedientes abiertos siguen vivos y con posibilidad de acabar en sanción".
Esta declaración surge en respuesta a las críticas de diversos sectores que acusaban al consistorio de laxitud en la aplicación de la normativa. Bonet ha enfatizado que, hasta la fecha, se han identificado nueve casos susceptibles de sanción por incumplimiento de la reserva del 30% para vivienda asequible. Estas infracciones podrían conllevar multas que superarían los 500.000 euros, según las estimaciones municipales.
La normativa, implementada en 2018, ha sido objeto de controversia desde su inicio. Mientras que el gobierno municipal la defiende como una herramienta esencial para garantizar el acceso a la vivienda, especialmente en zonas con alta demanda como el Eixample, los promotores inmobiliarios argumentan que la medida desincentiva la inversión y ralentiza el desarrollo urbanístico.
En diciembre de 2022, el Ayuntamiento inició los primeros expedientes sancionadores contra tres promociones en el Eixample que no cumplieron con la reserva del 30%. Estas acciones evidencian la determinación del consistorio de hacer cumplir la normativa, a pesar de las críticas y desafíos legales presentados por el sector inmobiliario.
Laia Bonet ha reiterado el compromiso del gobierno municipal de "actuar hasta las últimas consecuencias" para garantizar el cumplimiento de la regulación y ha subrayado que no se tolerarán maniobras que busquen eludir la ley, como el fraccionamiento de proyectos para evitar la aplicación de la normativa.
Con esta firme postura, la administración de Collboni busca reforzar su política de vivienda asequible y enviar un mensaje claro a los promotores: el incumplimiento de la normativa del 30% tendrá consecuencias significativas.
Propuesta de accesos diferenciados en edificios mixtos
En medio de este debate, la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) ha propuesto una solución controvertida: la construcción de dos entradas separadas en los edificios que combinen viviendas de mercado libre y viviendas de protección oficial. Elena Massot, vicepresidenta de la APCE, argumenta que esta medida facilitaría la venta de las unidades de mercado libre, ya que algunos compradores potenciales podrían sentirse incómodos compartiendo espacios comunes con residentes de viviendas sociales. Además, Massot sostiene que esta separación podría reducir los gastos de comunidad para las familias en viviendas protegidas.
Sin embargo, esta propuesta ha sido duramente criticada por defensores de la vivienda asequible y la integración social. Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cataluña, califica la iniciativa de "clasista" y advierte que podría fomentar la segregación socioeconómica dentro de las comunidades residenciales. Arcarazo enfatiza la importancia de promover la cohesión social y evitar medidas que puedan profundizar las divisiones entre diferentes grupos económicos.
La propuesta de accesos diferenciados refleja las tensiones persistentes entre los objetivos de política pública para aumentar la disponibilidad de viviendas asequibles y las preocupaciones del sector inmobiliario sobre la viabilidad comercial y la aceptación del mercado. Este debate subraya la complejidad de implementar políticas de vivienda inclusivas en entornos urbanos con mercados inmobiliarios dinámicos y diversas necesidades sociales.
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