Los conflictos vecinales por ruidos y mascotas vuelven a los tribunales. En esta ocasión, la Audiencia Provincial de Ourense ha dado la razón a una comunidad de propietarios que llevaba meses denunciando ladridos constantes y malos olores procedentes de una vivienda donde dos perros y dos gatos permanecían a solas la mayor parte del tiempo.
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La sentencia, dictada el 15 de enero, describe cómo la situación había superado los límites normales de convivencia, acordando el cese del uso de este inmueble para dicho fin, al entender acreditada la persistencia de las molestias denunciadas.
La Audiencia de Ourense avala la acción de cesación
La demanda se presentó mediante una acción de cesación regulada en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), mecanismo que permite exigir el cese de actividades que alteren gravemente la convivencia en un edificio, y fue dirigida tanto contra el propietario de la vivienda como contra la usuaria del inmueble y dueña de los animales.
Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Ourense rechazó la demanda sin entrar a valorar el fondo del asunto. El motivo fue estrictamente procesal, pues entendió que la comunidad no había realizado el requerimiento previo exigido antes de acudir a la vía judicial.
La Audiencia Provincial, sin embargo, revocó esta resolución al considerar que sí se había cumplido con este requisito, ya que los propietarios tenían constancia de las quejas por diversas vías, realizando una interpretación material y no excesivamente formalista del 7.2 y entendiendo que no es imprescindible una fórmula concreta mientras se acredite que los responsables conocían las molestias y que fueron advertidos de la posibilidad de emprender acciones.
Para llegar a esa conclusión, el tribunal tuvo en cuenta las actas de las juntas, las intervenciones de la Policía Local, las conversaciones mantenidas entre los vecinos y los responsables de los animales y el resto de documentación aportada. Este enfoque es de especial relevancia en conflictos vecinales, pues flexibiliza uno de los requisitos procesales que más controversia puede generar.
Ruidos y malos olores en una comunidad de vecinos: cuándo existe actividad molesta
La sentencia también deja claro que no cualquier molestia relacionada con animales justifica acudir a los tribunales. La Audiencia Provincial recuerda que la jurisprudencia distingue entre las incomodidades propias de la convivencia y las perturbaciones persistentes, reiteradas y de suficiente intensidad, en especial cuando se prolongan en el tiempo.
En este caso, el tribunal considera acreditado que la situación excedía de lo socialmente tolerable. Las actuaciones policiales reflejaron que los ladridos podían escucharse incluso desde la calle y que existía un fuerte olor a orines y heces.
A ello se sumaron las declaraciones de varios vecinos durante el juicio, quienes describieron ruidos frecuentes y continuados que afectaban al descanso nocturno y a la tranquilidad de las familias del edificio.
La resolución también pone de relieve la importancia de la prueba, ya que las actuaciones policiales, las actas de la comunidad y las declaraciones testificales fueron determinantes para acreditar la persistencia de las molestias.
La Audiencia subraya además un elemento clave: los animales no convivían de forma integrada con una familia, sino que permanecían solos la mayor parte del tiempo. Los responsables acudían principalmente para alimentarlos, proporcionarles agua o sacarlos ocasionalmente.
El derecho al descanso en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TEDH
Otro de los puntos más relevantes de la resolución es la conexión entre los conflictos por ruidos y la protección del derecho al descanso y a la intimidad domiciliaria. La Audiencia de Ourense fundamenta su decisión recordando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la cual establece que los ruidos persistentes dejan de ser admisibles cuando traspasan determinados límites.
Asimismo, la resolución invoca la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dictada en interpretación del artículo 8.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que considera que determinadas inmisiones acústicas pueden vulnerar derechos fundamentales.
Según esta tendencia jurisprudencial, el derecho a la intimidad reclama, especialmente dentro del recinto domiciliario, un ámbito inmune frente a “agresiones perturbadoras” procedentes del exterior.
El tribunal resalta la gravedad del caso al recoger testimonios de vecinos que manifestaron pasar noches sin dormir y dificultades para conciliar el sueño, llegando a alterarse el descanso de la hija pequeña de una de las residentes.
Tras analizar las pruebas, la Audiencia Provincial estimó la demanda de la comunidad, prohibiendo que la vivienda siguiera usándose en las condiciones que originaron los hechos denunciados, además de imponer a los responsables el pago de una indemnización de 1.000 euros por daño moral y las costas procesales.
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