Ley de Propiedad Horizontal

Siniestros más frecuentes y molestos que las goteras hay pocos. Si el vecino de la casa de arriba corta el agua, el problema se puede detener hasta encontrar el origen y llevar a cabo su reparación. Pero, ¿qué ocurre si no está? Lo primero es evitar que el agua dañe sistemas o aparatos eléctricos. Para evitar el peligro, desconecta la corriente de esa zona si lo puedes hacer sin riesgo. Después, es aconsejable que tomes fotos o videos de las goteras y, si no puedes contactar con el vecino, avises al administrador de fincas.

Un mensaje en el grupo de WhatsApp de la comunidad puede servir para comunicarse entre vecinos, pero no permite olvidarse de las reglas que establece la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). La Audiencia Provincial de Baleares acaba de recordarlo tras confirmar la nulidad de un acuerdo por el que se reclamaba 4.750 euros a unos propietarios por unas obras en el edificio. La sentencia no establece que una junta no pueda convocarse a través de una app de mensajería, pero insiste en que es necesario que se cumplan los requisitos previstos en la Ley de Propiedad Horizontal: que los propietarios reciban la información necesaria sobre la reunión y, en especial, sobre los asuntos que van a tratarse en ella.; algo que no se acreditaba en el caso juzgado.

Pagar una derrama de 14.000 euros para reparar la fachada no es una decisión menor para ningún propietario. Pero tampoco basta con alegar que el gasto resulta elevado para conseguir que un acuerdo de la comunidad quede sin efecto. La Audiencia Provincial de Cantabria se ha pronunciado sobre esta cuestión, confirmando la validez de una derrama aprobada para reparar las deficiencias de una fachada. Las obras pretendían solucionar problemas de humedades por filtraciones y condensación, además de grietas.

Una empresa puede cobrar rentas y asumir la posición de arrendadora sin responder, solo por eso, de las cuotas de la comunidad. El Tribunal Supremo ha aclarado que la obligación que la Ley de Propiedad Horizontal atribuye al propietario no se traslada por el mero hecho de gestionar alquileres. El conflicto resuelto por el alto tribunal se inició con una reclamación de más de 10.000 euros por cuotas impagadas dirigida contra la empresa propietaria de dos viviendas y la cesionaria de los derechos arrendaticios

Estacionar el coche y la moto en una misma plaza de garaje parece una solución práctica a tu problema de aparcamiento, pero ¿es legal? Un coche y una moto pueden compartir la misma plaza, siempre que ambos permanezcan dentro de los límites marcados en el suelo y no dificulten la circulación. Si alguno de los vehículos invade las zonas comunes, sobresale de la plaza o complica el acceso la comunidad de propietarios puede exigir que se retire uno de ellos para recuperar las condiciones normales de uso. Antes de utilizar una plaza para estacionar dos vehículos, revisa los estatutos y normas de tu comunidad.

Un vecino deudor puede tener que pagar algo más que las cuotas pendientes si la comunidad aprobó previamente un mecanismo disuasorio frente a la morosidad. Así lo ha considerado la Audiencia Provincial de Cantabria en una sentencia del 20 de julio, que ha condenado al propietario a pagar 3.330 euros (2.775 de deuda y 555 euros correspondientes a un recargo del 20%), más los intereses legales y las costas de la primera instancia. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) permite a las comunidades adoptar medidas disuasorias frente a la morosidad, aunque con ciertos límites: deben ser proporcionadas y no tener carácter retroactivo.

Los conflictos entre propietarios forman parte del día a día en muchas comunidades, pero no todos tienen la misma trascendencia jurídica. Cuando las molestias se repiten y afectan al descanso o a la convivencia, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) ofrece medidas como la acción de cesación como vía para solucionar estas controversias. Este mecanismo permite privar temporalmente del uso de la vivienda al infractor. En el caso analizado, la propietaria ha sido condenada seis meses sin usar su casa opr ruidos a altas horas, agresión con los vecinos o lanzamiento de comida desde el balcón.

La falta de acuerdo no permite a una comunidad de propietarios dejar vacante la presidencia como forma de funcionamiento. Así lo aclara la Audiencia Provincial de Bizkaia, que ha declarado nulo el acuerdo adoptado por una comunidad que decidió seguir funcionando sin presidente después de que la candidatura propuesta fuera rechazada. La sentencia, del 4 de junio, recuerda que la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) prevé distintos mecanismos para garantizar el nombramiento del presidente cuando la elección no prospera, por lo que la comunidad no puede dar por finalizado el proceso sin cubrir este cargo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha abordado una cuestión cada vez más frecuente en las comunidades de propietarios: las consecuencias jurídicas de transformar un local en vivienda. Concluye que, si la comunidad conoce y acepta el cambio de uso, no puede seguir tratando esos inmuebles como locales para excluirlos del acceso a elementos comunes como la piscina o los jardines. Con este fallo la Audiencia reconoce el derecho de acceso a la piscina y demás zonas comunes.

Todos los veranos, al llegar la primera ola de calor, internet se inunda de noticias que anuncian un cambio de normativa con multas de hasta 3.000 euros por tener instalado un aparato de aire acondicionado en la fachada. Lo cierto es que, en los últimos meses, la ley estatal no ha cambiado, y sancionar o no la presencia de climatizadores en estos espacios comunes depende de cada ayuntamiento y, en menor medida, de los estatutos marcados por cada comunidad de vecinos.

Conseguir una licencia municipal para convertir un local en vivienda no evita todos los problemas que puedan surgir durante el proceso.

Instalar una pérgola en la terraza puede parecer una obra sencilla, especialmente cuando la comunidad lo autoriza. Sin embargo, este visto bueno no permite cualquier actuación. Si la obra ejecutada no coincide con la aprobada, se puede exigir la retirada de aquello que exceda de la autorización concedida. Así lo confirma una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, concluyendo que el propietario puede mantener la estructura de madera, pero no la cubierta que añadió posteriormente.

¿Puede una comunidad obligar a retirar un jacuzzi instalado en la terraza de una vivienda? La cuestión no es menor, pues cada vez es más frecuente incorporar elementos de este tipo, piscinas desmontables o espacios de ocio privados, especialmente en inmuebles situados en áreas donde el clima acompaña. La respuesta a esta cuestión dependerá de las circunstancias concretas de cada caso, pero la Audiencia Provincial de Málaga ha recordado en una sentencia de este año que no basta con alegar posibles riesgos o molestias. En el caso resuelto, el jacuzzi estaba en una terraza privativa, con lo que no requería autorización.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona vuelve a poner el foco en un aspecto clave: no basta con que el aparato de aire acondicionado esté permitido, también debe respetar los límites de la convivencia, en especial la prohibición de causar molestias a otros vecinos. El caso parte de una comunidad que decidió actuar frente a la instalación de una unidad exterior situada en la parte baja de una terraza. El problema no era el aire acondicionado en sí, sino su efecto: expulsaba aire caliente hacia la terraza colindante.

Tres años después de la aprobación de la Ley de Bienestar Animal la tenencia de mascotas en pisos sigue generando dudas entre los propietarios. Dicha norma reconoce a los animales como "seres sintientes" y refuerza el derecho a tenerlos bien atendidos en un domicilio, pero no deroga automáticamente los estatutos comunitarios si estos limitan su presencia en las fincas. Así lo avaló el pasado abril una sentencia que enfrentó al dueño de un caniche contra sus vecinos y dio la razón a estos últimos. Una resolución que, para el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, otorgó preferencia a la capacidad de autorregulación de cada comunidad frente a esta norma estatal, siempre que se encuentre dentro de los límites de la Ley de Propiedad Horizontal.

Instalar aparatos de aire acondicionado sigue siendo una de las causas más habituales de conflictos vecinales, especialmente cuando la unidad exterior queda visible en la fachada o en zonas comunes del edificio. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Ávila ha vuelto a recordar que la oposición a este tipo de instalaciones no puede basarse únicamente en criterios estéticos cuando no existe una prohibición expresa y la afectación sobre los elementos comunes es limitada. La sentencia da la razón a un propietario que colocó el equipo exterior en la parte delantera de su chalet adosado.

Una terraza cubierta de excrementos, residuos y nidos desencadenó un conflicto vecinal que ha terminado en los tribunales. La Audiencia Provincial de Huesca ha condenado a un propietario a pagar una importante indemnización tras considerar acreditado que permitió durante más de un año el anidamiento continuado de palomas en su balcón pese a las advertencias recibidas, afectando a los vecinos de la planta inferior. La sentencia analiza hasta dónde llegan las obligaciones que impone la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y deja una idea clara: aunque el propietario no habite la vivienda, sigue siendo responsable de mantener balcones y terrazas en condiciones adecuadas si su estado puede perjudicar al resto.

Los conflictos vecinales por ruidos y mascotas vuelven a los tribunales. En esta ocasión, la Audiencia Provincial de Ourense ha dado la razón a una comunidad de propietarios que llevaba meses denunciando ladridos constantes y malos olores procedentes de una vivienda donde dos perros y dos gatos permanecían a solas la mayor parte del tiempo. La sentencia describe cómo la situación había superado los límites normales de convivencia, acordando el cese del uso de este inmueble para dicho fin, al entender acreditada la persistencia de las molestias denunciadas.

Guardar bicicletas o cajas en el garaje es una práctica cada vez más habitual. La falta de espacio ha llevado a numerosos propietarios a utilizar parte de su plaza con fines de almacenamiento. Y la pregunta es inevitable: ¿puede prohibirlo la comunidad? Una sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa declara que la mera presencia de bicicletas u otros enseres no basta para acreditar una infracción cuando no se demuestra un perjuicio objetivo. Desestima la demanda y avala que los propietarios sigan utilizando sus plazas como lo venían haciendo.

La limitación del acceso a zonas comunes vuelve a situarse en el centro del debate. En una reciente sentencia, la Audiencia Provincial de Cáceres ha avalado una medida de este tipo al considerar que no se estaba causando un perjuicio grave a los propietarios de locales comerciales, revocando la decisión del juzgado de primera instancia y validando el acuerdo de la comunidad que restringía la entrada a un patio. En el caso analizado, los vecinos acordaron la modificación del horario de las verjas que daban acceso al patio interior. Y los propietarios de varios locales impugnaron el acuerdo al entender que dificultaba la entrada de clientes.

Pagar las cuotas pendientes de la comunidad no siempre cierra el problema. Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria ha puesto el foco en una situación muy habitual: propietarios que saldan sus cuentas… pero lo hacen tarde. El tribunal concluye que ese retraso puede salir muy caro, ya que los gastos generados para reclamar la deuda siguen siendo exigibles, aunque el importe principal se haya abonado, ya que forman parte del perjuicio causado al resto de vecinos.

¿Puede una comunidad decidir que algunos propietarios no paguen el ascensor y que el resto asuma el coste? El Tribunal Supremo acaba de despejar esta duda en una sentencia que refuerza una idea cada vez más consolidada: este tipo de instalaciones permiten cierta flexibilidad en el reparto de gastos si están directamente vinculados a la obra, aun cuando suponga que ciertos vecinos paguen más que otros. El caso parte de un edificio situado en Pamplona, donde la junta acordó exonerar del pago a tres propietarios cuyos trasteros debían ser ocupados para instalar el elevador, al ser la única alternativa técnica viable. Sin embargo, otros copropietarios impugnaron el acuerdo al considerar injusto tener que asumir el sobrecoste derivado de esas exenciones.

El Tribunal Supremo vuelve a marcar los límites en materia de propiedad horizontal, confirmando que una propietaria deberá reconstruir un muro trasero (integrante de la fachada y del cerramiento del edificio) que demolió sin permiso para unir sus locales con una nave colindante. La sentencia aclara hasta dónde llega la flexibilidad permitida en las obras de este tipo de inmuebles y cuándo entra en juego la obligación de contar con el visto bueno de la comunidad, poniendo el foco en tres cuestiones clave: los elementos comunes, la configuración del edificio y la conexión entre fincas de distintas comunidades.

Un propietario ha perdido su batalla judicial por tener un perro en casa. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Vigo ha avalado la prohibición de animales recogida en los estatutos de la comunidad de propietarios, recordando que estas limitaciones son válidas cuando han sido aprobadas conforme a los cauces legales. La sentencia recuerda que la ley de bienestar animal no reconoce un derecho absoluto a tener mascotas en cualquier vivienda y lanza una advertencia a quienes tienen animales o están pensando en mudarse: revisar los estatutos de la comunidad no es una opción, sino una necesidad.

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre uno de los conflictos más habituales en edificios residenciales: el uso de salidas de humos en locales de hostelería. En una sentencia de enero, el alto tribunal declara la nulidad del acuerdo de una comunidad de propietarios que pretendía obligar a un establecimiento a desmontar una chimenea instalada décadas atrás. La clave no se encuentra tanto en la instalación como en la conducta previa de los vecinos, que durante años toleraron su uso y conocían el proyecto de reforma del local para destinarlo a restaurante. Cuando finalmente decidieron prohibirlo, las obras ya habían concluido y la inversión estaba realizada.