Cuando analizamos los fundamentos de la existencia de una política fiscal en un país de corte moderno tenemos forzosamente que considerar que debemos pagar impuestos para sostener el Estado que representa nuestra forma de convivir en una comunidad de seres humanos. Obviamente, estos impuestos deben ir destinados a satisfacer las necesidades comunes de todos, no deberían poder gastarse arbitrariamente en función de los deseos de un pequeño grupúsculo de presión que actúa en su propio interés, ni mucho menos gastarse de forma desatinada en cualquier cosa a pesar de no tener los recursos necesarios para el gasto, en cuyo caso, se incrementa geométricamente el endeudamiento del país, o lo que es lo mismo, de todos sus ciudadanos, sin que estos puedan hacer nada por impedirlo, salvo el recurso de las urnas en un país democrático.
La democracia representativa, al contrario que la asamblearia, designa a un grupo de personas, supuestamente cualificadas, para que gestione esa exacción impositiva de la mejor forma posible y, de esta manera, que se cumplan los objetivos globales para el conjunto de los ciudadanos. Entre estos objetivos figuran la creación y mantenimiento de las infraestructuras, tanto en obra civil, como en vivienda social, como en armamento para la defensa del territorio.
De hecho, en uno de los primeros ensayos de vida en sociedad, hace ya casi 5.000 años, los sumerios, en lo que ahora llamamos Irak, impusieron las primeras tasas pagaderas en cebada a los agricultores, a fin de poder canalizar las aguas del río Éufrates creando una primera red de alcantarillado. Algo similar ha ocurrido a lo largo de la historia en todos los países y civilizaciones. Ha habido exacciones para financiar las guerras (napoleónicas o primera mundial), reconstruir países devastados erigiendo viviendas de forma masiva (segunda mundial), saneamiento (Londres en el siglo XVIII) o comunicaciones (canales fluviales en Estados Unidos en el siglo XIX).
Cuando, a principios del siglo XX, el primer ministro británico Lloyd George ensayó imponer un 8% de impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a los ciudadanos británicos, no podía imaginarse que este, hasta entonces desconocido impuesto, se iba a convertir en la piedra angular de la política fiscal de los países occidentales, con evidente abuso en alguno de ellos, de cuyo nombre no quiero ahora acordarme, aunque se encuentre inmerso en una crisis de corrupción que ya dura demasiados años y que nos hace ruborizarnos a algunos cuando tenemos relación con otros europeos.
Pero no vamos a hablar aquí y ahora de en qué se gastan nuestros impuestos, sino de en qué no se gastan, y en particular en lo que se debería, es decir, en las infraestructuras que todos precisamos para nuestra vida en común como sociedad. En el mundo actual necesitamos que funcionen nuestros trenes y nuestros aeropuertos, que se haga un mantenimiento adecuado de nuestras carreteras, que se limpien nuestros bosques para evitar incendios o que nuestro ejército y nuestra policía estén dotados de las armas y la tecnología que los conflictos actuales precisan.
Esto puede parecer hasta sencillo, pero no sé por qué, pero la clase política española parece que no tiene muy claro lo que son los árboles y lo que es el bosque, y en el caso de los árboles, si unos tienen una marca azul o una marca roja. En suma, no parece que el bien común sea su principal leitmotiv, sino su permanencia en los puestos y ser una agencia de empleo para cientos de miles de personas que se definen como “políticos”, pero para los que la política no es otra cosa que una fuente de ingresos, mientras están en un puesto y, en algunos casos, después de estarlo, aprovechando sus redes de contactos y, presuntamente, una infraestructura para evadir y defraudar.
Pues bien, en las últimas cinco legislaturas en España, nuestros políticos no han hecho precisamente su trabajo, puesto que han incrementado los impuestos, han emitido toda la deuda pública del mundo y, sí, créanme, han disminuido notoriamente la inversión en infraestructuras civiles y militares y en viviendas sociales. Ellos sabrán en qué se lo han gastado, pero no desde luego en aquello para lo que los españoles les han elegido representantes.
Para verificar esto, vamos a utilizar como base el informe anual de la liquidación de presupuestos del Estado que, hace veinte años, tenía 100 páginas; ahora tiene 1.200, pero tampoco nos aporta mucho para el conocimiento de lo que realmente ha ocurrido. Siempre se ha dicho que si quieres no informar a otros, lo mejor es darles cien veces más información de la que buscan. Así, seguro que no encuentran lo que buscan. Si preguntamos al Gobierno cuál ha sido el gasto en infraestructuras, vivienda o defensa, teniendo en cuenta que hay tres administraciones y que hay continuas transferencias de elevado importe a CCAA, ayuntamientos, organismos autónomos, agencias estatales, etc., pues será bastante difícil consolidar todas esas contabilidades públicas; de hecho, probablemente ellos mismos no serían capaces de responderse a su propia pregunta.
Por ello, vamos a centrarnos exclusivamente en determinados epígrafes de los presupuestos generales del Estado, para ver cómo han evolucionado dichos epígrafes. En lo que respecta a las infraestructuras civiles, hemos seleccionado como adecuados los siguientes:
- Inversión en ferrocarriles.
- Inversión en carreteras.
- Conservación y mantenimiento de carreteras.
- Subvenciones al transporte.
- Administración de Infraestructuras.
Con la lógica cautela de si ha habido trasvases de gasto entre estas u otras cuentas (eso sólo lo saben ellos, como acaba de ocurrir con el uso de fondos europeos para el pago de pensiones), la evolución de la inversión en determinadas infraestructuras civiles sería la siguiente:
Hemos deflactado las cifras para hacerlas comparables, desde el inicio de la segunda legislatura de Zapatero hasta el año 2025 de la segunda legislatura de Sánchez, y la conclusión es clara, tanto Zapatero como Rajoy disminuyeron en un 40% (cada uno de ellos) la inversión en infraestructuras civiles durante sus legislaturas, hasta dejarlas en la tercera parte de lo que suponían en el año 2007.
Con Sánchez, la cosa continuó los dos primeros años, pero a partir de la crisis del COVID, la política cambió y se comenzó a destinar más dinero a las infraestructuras civiles, por supuesto sin llegar a los niveles del año 2007, estando actualmente, en términos reales, un 40% por debajo de la inversión que se realizaba en infraestructuras civiles antes del inicio de la crisis financiera.
La verdad es que, aunque me cueste darle la razón al ministro Óscar Puente, y como puede verse en el cuadro anterior, la inversión en ferrocarril y en conservación de carreteras fue ridícula entre 2011 y 2020. En el cuadro siguiente, podemos ver lo que han representado respecto del PIB estos dos capítulos presupuestarios:
La verdad es que el dinero destinado al mantenimiento de estas dos infraestructuras es realmente ridículo: apenas unas décimas o centésimas de porcentaje sobre el PIB, y aun así tanto Zapatero como Rajoy disminuyeron notoriamente este capítulo en sus políticas presupuestarias. Sánchez también empezó haciendo lo propio. De hecho, en los años 2019 y 2020 apenas invirtió 272 y 394 millones de euros en toda la red de ferrocarriles. Sin embargo, por esas fechas destinó 53 millones de euros a una desconocida línea aérea llamada Plus Ultra, propiedad final entonces de inversores venezolanos y cuyo préstamo tenemos serias dudas que pueda ser recuperable.
En el caso de la promoción de viviendas, la situación no ha sido mejor que en el caso de las infraestructuras civiles, tal y como podemos ver en el cuadro siguiente, en el que incorporamos también las inversiones en infraestructuras militares, las cuales sí que se han incrementado notoriamente en los últimos cuatro años, sobre todo en 2025, no sabemos si por las amenazas de Donald Trump o por un claro convencimiento de la amenaza que constituía la beligerancia de Vladimir Putin, a raíz de la guerra con Ucrania.
Pero, en cualquier caso, el dinero destinado a la promoción de viviendas es realmente ridículo, al menos a nivel estatal. Luego se podrán echar la culpa unos a otros, pero en el año 2019, Sánchez destino el mínimo histórico de los últimos diecisiete años a la promoción de viviendas, tan solo 355 millones de euros. Y ahora nos preguntamos por qué suben los precios de la vivienda tanto a nivel compra como a nivel alquiler, y por qué somos de los peores países de Europa en promoción de viviendas y alquileres sociales. Pues señores políticos, tiren de hemeroteca.
Nuestros políticos podrán decir que ha habido crisis, que si el COVID, que si los aranceles, etc., pero lo cierto es que han dispuesto de una creciente fuente de recursos, unos propios, los impuestos, y otros ajenos, la emisión continua de deuda pública, en cantidades ingentes, que no justifica en absoluto la miserable dotación presupuestaria que se ha hecho a nuestras infraestructuras.
En las últimas cinco legislaturas, el endeudamiento de España ha crecido geométricamente, tal y como puede verse en el siguiente cuadro:
Podemos ver una “feroz” competencia entre nuestros políticos por ver quien emite más deuda pública, y en particular, Mariano Rajoy que en seis años casi consiguió emitir la misma deuda que Sánchez en ocho años (parte de la deuda de 2018 la emitió Rajoy). Por supuesto, Sánchez conseguirá alzarse con el trono en cuanto sumemos lo que ha está emitiendo en 2026.
Además, nuestros próceres políticos también se han dedicado a incrementar la exacción de impuestos, tal y como podemos ver en el siguiente cuadro:
Evidentemente, Zapatero disminuyó los ingresos fiscales ante la recesión provocada por la crisis financiera, pero Rajoy ya subió impuestos y lo de Sánchez no tiene nombre, puesto que había incrementado en un 76% la recaudación hasta el año 2025, ya que al no deflactar tampoco la tarifa del IRPF en 2026, la recaudación, léase la disminución que se está provocando en la renta disponible de los ciudadanos, va a llegar a límites desconocidos en Europa.
Podemos, finalmente, comparar la evolución de la inversión en infraestructuras con la recaudación y emisión de deuda en nuestro país. El resultado lo podemos observar en el siguiente cuadro:
Resulta sorprendente el aumento de recursos que han tenido los presidentes Zapatero y Rajoy durante sus mandatos y la disminución del dinero destinado a infraestructuras que realizaron en sus respectivos períodos. En el caso de Sánchez, el que más ha recaudado y emitido deuda, sí que le ha prestado mayor atención al tema de las infraestructuras, especialmente las militares en el último año bajo la amenaza de Trump, pero tan solo ha destinado en su mandato el 1,89% del incremento de recursos a incrementar la inversión en infraestructuras.
Sin embargo, se gastan decenas de miles de millones de euros todos los años en transferencias de todo tipo para diferentes colectivos o autonomías, en función de las necesidades de votos en el parlamento. Podemos ver murallas o paseos marítimos que se reconstruyen o reparan a los que se destinan millones de euros, curiosamente radicados muchos de ellos en Cataluña y País Vasco, o el bono social joven con cientos de millones para que los jóvenes hagan actividades culturales, subvenciones de todo tipo, etc.
Pero las infraestructuras, que es lo que usamos todos, es decir, el ferrocarril, las carreteras, las viviendas, o el gasto en Defensa que precisamos para nuestra protección, han sido los grandes olvidados en estas cinco legislaturas. Ha tenido que ser Donald Trump el que ha dado un tirón de orejas a Sánchez, para que este se ponga las pilas e incremente el gasto militar en 2025. Ahora es la Unión Europea la que nos pide que de una vez eliminemos la infinita burocracia que padecemos para que pueda desarrollarse la construcción de viviendas. Y ha tenido que ser la alarma social provocada por el accidente del AVE la que ponga también las pilas a los políticos para que revisen la red ferroviaria para tratar de que no vuelva a pasar.
¡Señores políticos! Así no se puede gobernar. No podemos dejar que los acontecimientos nos marquen la agenda de la política de infraestructuras. Debemos tener un plan perfectamente diseñado y recogido en los programas electorales, y que estos programas no sólo sirvan para pedir votos, sino que realmente se lleven a la práctica.
Si cada vez se recauda más, se emite más deuda pública y se gasta más, no puede ser que las infraestructuras civiles, militares y residenciales sean los patitos feos de la película. Y por encima de ello, ¿en qué se gastan tanto dinero, si luego no les luce? Es necesario un presupuesto base cero del gasto y la inversión pública para que realmente podamos distinguir entre lo necesario y lo “político”. Se trata del dinero de todos, no del del grupúsculo que gobierna.
Miguel Córdoba es profesor de economía y finanzas desde hace 33 años y ha sido director financiero de varias empresas del sector privado.
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