La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el diputado de Vox Carlos Hernández Quero se enzarzaron este miércoles en el Congreso después de que los de Santiago Abascal reivindicaran el concepto de 'prioridad nacional', es decir, que prime el arraigo para la concesión de ayudas, también a la hora acceder a la vivienda. Un planteamiento que la dirigente socialista tachó de "racista" y "moralmente indecente".
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Durante una interpelación urgente tras la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja, Hernández Quero exigió a la ministra que ponga por delante a los españoles en la compra, el alquiler y la concesión de una vivienda social. "Hay una sensación creciente de abandono nacional, de que el español siempre va último en su propio país, para todo, para comprar, para alquilar o para recibir una vivienda social", denunció el diputado de Vox, que argumentó además que cada año entran a España 1,2 millones de inmigrantes, "inquilinos potenciales" que equivalen, en número, "a dos Sevillas o a dos Málagas".
"Luego vienen las lágrimas del cocodrilo. ¿Cómo no va a haber un negocio si tienen clientes infinitos y cada vez hay menos competidores? Los grandes caseros se están forrando las manos con ustedes. En ciudades como Madrid o Barcelona, aproximadamente la mitad de la población en edad de emanciparse, es decir, la mitad de la población en la edad de estar buscando vivienda, ya es de origen extranjero. Lo cual quiere decir que nuestros jóvenes están compitiendo por casas con un volumen demográfico importado completamente desbordado que les está empujando a situaciones absolutamente inesperadas", expuso el diputado de Vox.
Hernández Quero también argumentó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 3,2 millones de españoles buscaron una vivienda el año pasado sin encontrarla. "Para los que debería haber vivienda protegida y vivienda social es para todos esos españoles (...) Y no sólo son los últimos, descubren todavía algo más humillante, que con sus impuestos están financiando viviendas que ellos jamás recibirán. Están pagando las casas a quienes acaban de llegar, porque los criterios actuales priorizan casi exclusivamente la renta, la vulnerabilidad y el desarraigo, y ningún trabajador español, por precario que sea, puede competir con todo el mundo por una vivienda social", criticó.
Rodríguez, por contra, usó su turno de réplica para afear a Vox que use la inmigración como "chivo expiatorio" del problema de la vivienda en España y consideró que la 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda es un planteamiento "racista, excluyente, injusto y moralmente indecente".
Rodríguez recordó al diputado de Vox el principio de la no discriminación que el Papa defendió en su visita a España como paradigma de la dignidad humana y reprochó a los de Abascal que busquen más culpables que soluciones al problema de la vivienda.
Okupación
El día anterior, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió había defendido que principal problema residencial en España no es la okupación ilegal de viviendas, sino las dificultades de acceso a una vivienda y el elevado esfuerzo económico que realizan las familias para pagar el alquiler.
Durante una interpelación en el Senado sobre okupación e 'inquiokupación', la senadora del PP Paloma Martín acusó al Gobierno de haber generado inseguridad jurídica, de debilitar la protección del derecho a la propiedad privada y de contribuir a la reducción de la oferta de viviendas en alquiler. Asimismo, defendió que la okupación y la 'inquiokupación' están provocando una fractura social y un deterioro de la convivencia.
En su respuesta, Rodríguez ha señalado que la "verdadera fractura social" se produce cuando los ciudadanos tienen que destinar "el 50, el 60 o el 70%" de sus ingresos al pago del alquiler. La ministra reprochó además al PP que centre el debate en el derecho a la propiedad y no en el acceso a una vivienda. "Algún día me gustaría escucharla en esta tribuna hablar del derecho a la vivienda que reclaman en la calle millones y millones de personas", subrayó la ministra.
La titular de Vivienda defendió también que los delitos de allanamiento y usurpación ya están recogidos en el Código Penal y aseguró que las reformas legislativas aprobadas en los últimos años no han modificado esa situación. Asimismo, recalcó que en 2025 se han esclarecido 10.971 hechos relacionados con allanamientos y usurpaciones de inmuebles, un 10,5% menos que el año anterior.
Asimismo, ha explicado que los casos de okupación afectan al 0,04% de las viviendas en España, mientras que uno de cada dos españoles sufre problemas de acceso a la vivienda, poniendo de relieve que "la dimensión es abismal".
Además, Rodríguez indicó que ella "no niega ni discute" que la okupación sea un problema, pero ha resaltado que el PP lo utiliza para "generar miedo". No obstante, ha expresado su solidaridad con las personas afectadas por situaciones de okupación.
La ministra puso en valor que el Gobierno ha legislado "no a favor del derecho de la propiedad, sino a favor del derecho a la vivienda" y recordó medidas como la eliminación de las denominadas 'golden visa' y la contención de los precios de alquiler.
Pisos turísticos ilegales
Por otro lado, puso el foco en los pisos turísticos ilegales, unos 111.000 en España, alegando que su incorporación al mercado residencial permitiría cubrir el 17% del déficit de vivienda existente en el país.
También recordó el Plan Estatal de Vivienda, acordado entre el Ministerio y las comunidades autónomas para movilizar 7.000 millones de euros en políticas de vivienda.
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