El Gobierno sigue trabajando en las medidas que incluirá el decreto de vivienda que planea aprobar en julio, en un intento por buscar el respaldo de una mayoría parlamentaria.
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La semana pasada, el Ejecutivo confirmó que a lo largo de este mes aprobará en el Consejo de Ministros un nuevo decreto que incluirá una nueva prórroga de los contratos del alquiler, que ya decayó en el Congreso en abril, la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones, la implantación de bonificaciones en el IRPF a los propietarios que bajen las rentas o la subida del IVA de los pisos turísticos al 21%. El texto también podría incluir la vuelta de las deducciones por la compra de vivienda habitual, que sería una de las principales peticiones de Junts.
Según publica El Periódico, este incentivo estaría sobre la mesa, ya que el Gobierno está estudiando cómo encajar las propuestas que ha planteado el partido catalán para votar a favor de la prórroga de los contratos de alquiler.
Estas desgravaciones en el IRPF estuvieron vigentes durante décadas en España. hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy la suprimió desde el 1 de enero de 2023, aunque actualmente se mantienen vigentes para aquellos contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda o hubieran realizado pagos con anterioridad a esa fecha.
La bonificación se centraba en la inversión realizada tanto en la compra como en la rehabilitación de una vivienda habitual y establecía la deducción de hasta el 15% de las cantidades aportadas, con un límite de 9.040 euros anuales. Así, brindaba la posibilidad de deducirse en torno a 1.350 euros en la declaración de la renta cada año.
Otra de las exigencias de Junts es la deducción al alquiler tanto para arrendadores como para arrendatarios. El Ejecutivo ya adelantó que se plantearían bonificaciones fiscales a aquellos propietarios que bajaran la renta, aunque de momento no está clara la fórmula en la que podría plantearse en el decreto que se aprobará en las próximas semanas. Por ejemplo, qué tipo de arrendadores podrían aplicarse este incentivo fiscal o si la renta tendría que estar ligada al Sistema de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda (SERPAVI), el índice elaborado por el Ministerio de Vivienda que actualmente se está utilizando para fijar las rentas de los nuevos contratos de alquiler, a través de una horquilla de precios orientativa, y en el que los expertos han encontrado múltiples deficiencias.
Por último, El Periódico también asegura que el partido liderado por Carles Puigdemont ha propuesto que los mayores de 65 años que vendan su vivienda para pagar los gastos de su estancia en una residencia estén exentos de pagar el IRPF correspondiente, o que se pongan en marcha incentivos a la construcción y rehabilitación de viviendas.
Línea roja para Podemos
La exigencia de Junts de establecer incentivos fiscales a los propietarios también es una línea roja para Podemos. Según ha avisado esta semana su secretaria general, Ione Belarra, el partido no apoyará el decreto ley sobre vivienda que pretende impulsar el Ejecutivo si este incluye "regalos fiscales" a caseros.
Belarr ha apuntado que "nadie espera demasiado" de ese texto legislativo, dado que, a su juicio, el Gobierno "no ha hecho nada para resolver el problema de la vivienda". "Lo único que se ha hecho es seguir alimentando las políticas de especulación", incidió en una rueda de prensa en el Congreso.
A renglón seguido, la dirigente de la formación morada ha avisado que si el Gobierno va a incluir "regalos fiscales a los caseros" para atar el apoyo de Junts, Podemos no va a entregar su apoyo. "Igual que hay votos imprescindibles en la derecha catalana, hay votos imprescindibles en la izquierda", ha zanjado.
Según Belarra, los caseros del país se están sacando un "sueldo Nescafé" con las rentas que obtienen de sus inquilinos, de manera que hasta 28.000 millones de euros salen de los inquilinos para ir a los propietarios.
El decreto saldrá adelantes antes de septiembre
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha mostrado "convencido" de que el nuevo decreto ley de vivienda saldrá adelante y que lo hará antes del final de agosto", como ha acordado el Gobierno de coalición.
El departamento que lidera Pablo Bustinduy ha insistido en que se volverán a presentar para su votación "algunos de los contenidos esenciales" que recogen las que han sido gran parte de las "prioridades" de Sumar en esta legislatura, lo que incluye la prórroga de los alquileres.
"La queremos llevar reforzada en sus términos y en sus plazos para que la puedan pedir más tarde" los ciudadanos, señalan fuentes de Consumo. "Nosotros estamos confiados en que esa negociación salga adelante, por supuesto", añaden.
Vuelve el debate sobre la legalidad de la prórroga del alquiler
El anuncio del Gobierno de aprobar un nuevo decreto en vivienda incluyendo otra vez la prórroga de alquileres que ya fue tumbada por mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril no ha pasado desapercibido para los expertos juristas.
La inclusión de esta medida en el nuevo texto legislativo pondría en evidencia la tan cacareada vigencia que defendieron sus partidarios, desde Gabriel Rufián a los lobbies inmobiliarios de extrema izquierda o la ministra de vivienda Isabel Rodríguez, que afirmaron taxativamente que, aunque el decreto del 22 de marzo de 2026 fuera derogado, la prórroga de los alquileres solicitada por los inquilinos tendría plena vigencia jurídica. Una teoría que ha abierto un debate entre catedráticos y juristas sobre sus efectos.
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