El Gobierno de Portugal ha aprobado en el Consejo de Ministros un conjunto de reformas en materia de arrendamiento para combatir la crisis de la vivienda en Portugal, lo que ha supuesto abordar un tema delicado: agilizar el desahucio en caso de impago de las rentas y eliminar los topes al alquiler para los nuevos contratos. La estrategia adoptada por el Ejecutivo consiste en ofrecer mayor seguridad a los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler, al tiempo que se proporciona una red de protección a los inquilinos desalojados.
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La revisión de la ley de arrendamientos aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 9 de julio, y que debe ser convalidada en el Parlamento, propone el fin del control de los alquileres para los nuevos contratos. Se trata del límite del 2 % establecido por el anterior Gobierno socialista, en el marco del programa «Mais Habitação», para evitar que los propietarios rescindieran los contratos vigentes con el fin de celebrar otros nuevos con valores más elevados.
Por ello, la ley prevé el «fin del control de los alquileres para los nuevos contratos, manteniendo sin cambios el régimen aplicable a los contratos vigentes», tal y como explica el Gobierno, que pretende con ello «devolver una mayor libertad contractual a las partes» y «eliminar obstáculos injustificados a la autonomía privada».
Otro gran cambio en materia de desalojos es la reducción del plazo de tolerancia para los alquileres atrasados. En la actualidad, los propietarios pueden iniciar los procedimientos de desahucio tras tres meses de impago del alquiler. El Gobierno quiere reducir este plazo a solo dos meses de impago, según la propuesta aprobada en el Consejo de Ministros, que aún deberá ser debatida en el Parlamento.
Además, se considerará incumplimiento reiterado si el inquilino se retrasa ocho días o más en el pago del alquiler en tres ocasiones (consecutivas o intercaladas) en un periodo de 12 meses, o en más de cuatro ocasiones en 18 meses. En estos casos, el arrendador podrá iniciar el proceso de desahucio.
El arrendador dispondrá de más tiempo para decidir si procede o no a la rescisión del contrato por incumplimiento. Si estas nuevas normas se aprueban en la Asamblea de la República, los propietarios podrán ejercer este derecho durante seis meses, una vez que se hayan constatado los atrasos en el pago del alquiler. En el anterior régimen de «Mais Habitação», ese plazo era más corto, fijado en tres meses, según informa ECO.
Desahucios más rápidos tras la resolución judicial
La ley también simplifica el procedimiento tras la resolución judicial, eliminando trámites considerados innecesarios y agrupando en un único proceso el desalojo del inmueble y el cobro de los alquileres atrasados, con el objetivo declarado de reducir la burocracia y acelerar el desalojo cuando existe sentencia. Miguel Pinto Luz, ministro de Infraestructuras y Vivienda, admite que el tema es “candente”, pero afirma que el Gobierno quiere “afrontarlo de frente”, devolviendo la confianza a quienes alquilan, según publica el diario Expresso.
“Estas modificaciones tienen por objeto reducir la burocracia, agilizar los trámites y reforzar la seguridad jurídica, al tiempo que se mantiene la protección de los inquilinos que cumplen con sus obligaciones”, señala el Ejecutivo en un comunicado publicado en su página web oficial.
El nuevo régimen prevé además reforzar la garantía pública de pago del alquiler al propietario en caso de desalojos por impagos. Por lo tanto, el Estado garantiza el pago de los alquileres vencidos a los propietarios tras la expiración del plazo de oposición al desalojo o tras la suspensión de dicho plazo por solicitud de asistencia jurídica gratuita, según indica también ECO en la misma publicación. La ley actualmente en vigor solo prevé esta garantía para los alquileres vencidos tras la expiración del plazo de oposición.
¿Cómo funcionará la nueva ayuda para inquilinos?
Para compensar la mayor facilidad de los desahucios, el paquete incluye el Fondo de Emergencia para la Vivienda (FEH), concebido para responder a situaciones extremas. Este fondo, gestionado por el IHRU y coordinado con la Seguridad Social y otras entidades públicas, está destinado a ayudar a las personas y familias que se quedan de repente sin hogar.
La ayuda social será, como mínimo, un Índice de Ayudas Sociales (537,13 euros) y podrá alcanzar hasta 2 300 euros al mes en concepto de gastos de alojamiento o realojamiento, durante un máximo de seis meses consecutivos. El Gobierno garantiza que la concesión será rápida, con una respuesta automática en un plazo máximo de 10 días laborables tras la solicitud, y que esta ayuda es acumulable con otras ayudas para la vivienda permanente (en los casos de víctimas de violencia doméstica).
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