La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han presentado una proposición de ley para reconvertir oficinas y locales comerciales en viviendas de protección oficial (VPO), y aumentar la edificabilidad de viviendas en desarrollos urbanísticos por consolidar.
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Lo han explicado en una rueda de prensa en Mollet del Vallès (Barcelona) este viernes y la norma tiene como objetivo incrementar el parque de vivienda protegida en Cataluña e implicar a los agentes privados en su impulso, y las medidas que incorpora serán "temporales y excepcionales" y se aplicarían en los municipios con el mercado residencial tensionado.
Paneque ha sostenido que ante la emergencia residencial actual es una prioridad inaplazable del Govern tomar medidas para ampliar el parque de vivienda pública de Catalunya y que esta protección sea permanente, mientras que Albiach ha defendido que es una norma innovadora: "Lo que le estamos diciendo al sector privado es que no se puede lavar las manos frente a la crisis salvaje de vivienda que tenemos en nuestro país. Aquí debemos remar todos".
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado el acuerdo alcanzado con los Comuns para un proposición de ley que acelere la construcción de vivienda de protección oficial (VPO): "Allí donde haya una oportunidad para hacer vivienda protegida, la aprovecharemos".
Ha explicado que se impulsará la reconversión de oficinas, hoteles, aparcamientos y locales comerciales y que se facilitará la ampliación de edificios para incrementar la oferta donde más se necesite: "Más vivienda protegida, más rápida y para siempre", ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
Las medidas previstas
La proposición de ley consta de hasta cinco medidas para facilitar la construcción de VPO, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, e incluye una sexta medida adicional.
Las nuevas viviendas construidas a partir de las medidas temporales y excepcionales que se contemplan mantendrán la calificación de VPO de forma indefinida y en ningún caso podrán convertirse en viviendas libres ni tener ningún otro uso residencial distinto al de protección pública. Cada dos años el Govern informará sobre las viviendas obtenidas con este paquete de medidas.
En primer lugar, se admite la creación de la VPO en sol de uso terciario de oficinas, edificios de hoteles y aparcamientos privados en altura, a condición de que estas nuevas viviendas ocupen al menos el 50% de la superficie construida del edificio. También se facilitará, siempre que el Ayuntamiento lo acuerde, reconvertir vivienda protegida en locales comerciales de planta baja con una superficie mínima de 50 m2.
En segundo lugar, se permite incrementar la edificabilidad del techo residencial un 20%, incluso por encima de la altura reguladora, para construir VPO en los siguientes dos casos: primero, en los suelos o edificios de uso terciario aislados de otras construcciones, ya sean oficinas, edificios hoteleros y aparcamientos en altura ; y segundo, en equipamientos comunitarios , también aislados del resto de edificios, donde se ejecute alojamiento temporal de protección.
Con el objetivo de permitir la reconversión de la planta hotelera en municipios que puedan tener exceso de planta hotelera, se permite la reconversión en vivienda con el objetivo de favorecer la promoción de vivienda de protección. Dentro de esta medida, también se posibilitará incrementar la edificabilidad hasta en un 20% del techo residencial previsto en suelos urbanos no consolidados y urbanizables.
En cuanto a la tercera medida presentada, se podrán levantar nuevas plantas para realizar VPO en aquellas construcciones que tienen la edificabilidad agotada pero altura remanente . Estas plantas no podrán superar la altura real de las medianeras de los edificios laterales y, para blindar la vivienda protegida, en caso de sustituir la edificación por una nueva, ésta deberá incorporar el mismo número de VPO.
La cuarta medida facilita que, en aquellos edificios en los que actualmente no se pueden prever más viviendas, se permitirán subdivisiones y también reconvertir despachos a vivienda protegida , también con la condición de superficie mínima de 50 m². En el caso de subdivisión, la nueva vivienda debe ser protegida y, en el caso de cambio de uso o de cambio de uso y subdivisión, toda la superficie que cambia debe ser de VPO.
Como última medida para facilitar vivienda protegida sin necesidad de modificar el planeamiento, se posibilita construir VPO en aquellas parcelas que no tienen condiciones mínimas de edificación. siempre que se cumplan los requisitos de habitabilidad.
Con el objetivo de contribuir a rehabilitar el patrimonio industrial y su activación como vivienda, la proposición flexibiliza las cargas urbanísticas al planeamiento urbanístico que ordene las colonias textiles para destinarlas a viviendas, previendo el régimen de cesiones que se contempló por los municipios rurales.
Las nuevas viviendas deberán tener, con carácter general, una superficie mínima de 50 m2 y cumplir las condiciones de habitabilidad. El paquete incluye además la transformación de locales situados en plantas bajas, la reconversión de despachos y oficinas, la división de viviendas y la construcción de nuevas plantas sobre edificios que todavía tengan capacidad para crecer. En el caso de los locales comerciales, los ayuntamientos podrán determinar mediante un acuerdo del pleno municipal en qué zonas se admite el cambio de uso, con el objetivo de proteger los principales ejes comerciales y evitar la pérdida de comercio de proximidad.
Finalmente, la proposición recoge una disposición adicional segunda sobre el destino obligatorio a residencia habitual y permanente de las nuevas viviendas que se construyan a partir de licencias solicitadas desde la entrada en vigor de la Ley en los municipios incluidos en su ámbito de aplicación. Dicho uso de residencia habitual y permanente podrá realizarse tanto en régimen de propiedad por uso propio o familiar como en régimen de alquiler de larga duración sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Los ayuntamientos pueden excluir esta medida de admitir otros usos residenciales, con un acuerdo en el pleno que debe estar basado en la suficiencia de vivienda habitual y permanente. Esta suficiencia se acreditará mediante memoria social que justifique la suficiencia en atención a la población residente, en el marco de la garantía y promoción del derecho a la vivienda y según el respeto del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.
Podría facilitar más de 15.000 VPO
La medida se aplicará inicialmente durante cuatro años, con la posibilidad de prorrogarla otros cuatro, y será evaluada cada dos años. Sus impulsores calculan que podría facilitar la creación de entre 15.000 y 20.000 viviendas protegidas durante el primer periodo de vigencia.
La iniciativa afectará principalmente a los 271 municipios catalanes declarados zona de mercado residencial tensionado, en los que reside cerca del 90% de la población, así como a las localidades consideradas áreas de demanda residencial fuerte y acreditada.
El texto se registrará en el Parlament y se pretende tramitar por el procedimiento de urgencia para que entre en vigor antes de que termine el año. PSC y Comuns necesitarán recabar nuevos apoyos parlamentarios para aprobarlo. Las viviendas generadas mediante estas excepciones urbanísticas quedarán sometidas de forma permanente al régimen de protección oficial.
Junts ve un "ataque a la propiedad privada"
La secretaria de organización de Junts y diputada en el Parlament, Judith Toronjo, ha calificado de "ataque a la propiedad privada" el acuerdo que han presentado este viernes el Govern y los Comuns para el impulso de la construcción de vivienda de protección oficial (VPO).
En una rueda de prensa este viernes desde el Parlament, Toronjo ha dicho que se necesita más vivienda protegida, pero que esta propuesta les parece, de entrada, una improvisación que prueba que el PSC "ha asumido plenamente las recetas de los Comuns" en vivienda.
Sin embargo, no ha concretado el sentido de su voto cuando la propuesta llegue a la Cámara: "Este texto no se ha compartido con el resto de grupos parlamentarios. Una dinámica que vemos a menudo en materia de vivienda, que debería ser precisamente una cuestión primordial para poder compartir con todas las fuerzas parlamentarias".
Toronjo ha recordado que su formación ya presentó una propuesta para la reconversión de locales vacíos, pero que son partidarios de hacerlo con incentivos fiscales y no como, según ella, pretenden hacer el Govern y los Comuns: "Nuestra propuesta no habla de obligatoriedad ni de ataque a la propiedad privada. No sabemos si estamos hablando de expropiaciones", ha sostenido.
A base de "parches"
La secretaria de organización ha criticado la política de vivienda del Govern en general, asegurando que se basa en ir poniendo parches: "Tres cambios normativos en menos de un mes", ha dicho, en referencia a las medidas incorporadas en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, la propuesta para limitar la compra especulativa y la proposición de este viernes.
"Catalunya lleva años encadenando decretos, encadenando reformas, encadenando parches, sin ningún tipo de estrategia estable y sin evaluar, lo más importante, los resultados de las medidas impulsadas", y ha apostado por mayor estabilidad normativa, mayor seguridad jurídica y colaboración con todos los actores.
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