La virulencia de los incendios que afectan este final de julio a España ha dejado un saldo de más de 170.000 hectáreas arrasadas. Esto ha obligado a las autoridades a confinar o evacuar a más de 100.000 personas después de que el fuego haya destruido o dañado gravemente cientos de viviendas, negocios y explotaciones. Por ello, el Gobierno ha activado este martes en el Consejo de Ministros ayudas económicas para los afectados tras declarar las zonas afectadas como gravemente dañadas (lo que antes se conocía como zona catastrófica).
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Esta declaración prevé pagos de hasta 15.120 euros por la destrucción total de la vivienda habitual; un máximo de 10.320 euros por daños estructurales; hasta 5.160 euros por desperfectos en otros elementos del inmueble; y 2.580 euros para reponer enseres de primera necesidad.
Su concesión, en cualquier caso, no será automática. Los afectados deberán presentar una solicitud, acreditar los daños sufridos y cumplir los requisitos previstos para cada línea. El mecanismo actual se rige por la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que sustituyó la terminología antigua de "zona catastrófica".
Además, el Gobierno prevé complementar estas ayudas con otras medidas puntuales, como exenciones fiscales y subvenciones para reparar los desperfectos conforme se vayan evaluando estos sobre el terreno en los próximos días.
Prestación por emergencia extrema
Paralelamente, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley de medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales de 2026 que crea la Prestación Extraordinaria por Emergencia Extrema para los trabajadores que se vean obligados a suspender temporalmente su actividad como consecuencia de estos siniestros.
Podrán acceder a esta ayuda quienes no puedan llegar a su vivienda por evacuaciones o restricciones acordadas por las autoridades, cuando ello les impida recuperar los bienes indispensables para acudir al trabajo y siempre que no sea posible realizar su actividad a distancia; deban realizar tareas de limpieza, traslado, recuperación de enseres o reacondicionamiento de su domicilio, así como trámites administrativos presenciales derivados de la emergencia; o tengan que atender responsabilidades de cuidado de su cónyuge, pareja de hecho, familiares u otras personas convivientes afectadas, incluidos los casos derivados del cierre de centros educativos u otros servicios.
La prestación tendrá carácter excepcional, ya que no exigirá un periodo mínimo de cotización, equivaldrá al 70% de la base reguladora, podrá percibirse durante un máximo de cuatro meses y no consumirá las cotizaciones acumuladas para futuras prestaciones por desempleo.
Prórroga de los alquileres
Tras el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido su tradicional balance de fin de curso político. Un acto marcado por los incendios, las causas judiciales que rodean al Ejecutivo y la marcha atrás que PSOE y Podemos han dado al decreto de vivienda con el que tenían previsto, entre otras medidas, prorrogar los alquileres durante los próximos dos años.
Moncloa ha señalado otoño como fecha para intentar convencer a sus socios de legislatura que apoyen el texto cuando este se debata en el Congreso para su convalidación y no vuelva a decaer, como ocurrió el pasado 28 de mayo. De ese modo, Sánchez ha reconocido que el suyo es "un Gobierno en minoría parlamentaria y ahora nos toca tejer esas alianzas con los grupos".
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