El Gobierno de Pedro Sánchez afirmó que lleva negociando durante semanas las propuestas que ha lanzando en los dos decretos para revertir la situación crítica que vive la vivienda en España. Sin embargo, a la hora de darse a conocer su contenido, PSOE y Sumar se han quedado solos en el apoyo unánime a las medidas presentadas entre el arco parlamentario. El Ejecutivo ha solicitado al Congreso de los Diputados una sesión extraordinaria para aprobar sendos decretos.
El Ejecutivo necesita a los socios de investidura para lograr sacar adelante estas medidas, y no lo tiene nada claro. El actual Congreso cuenta con una difícil aritmética parlamentaria y el Gobierno tiene que atar apoyos de formaciones divergentes en materia de vivienda como Sumar, Podemos, Junts y el PNV. La división en dos reales decretos tampoco ha contentado a todos, más bien a ninguno.
El Gobierno no tiene claro todavía que cuenta con los apoyos suficientes
Junts ya ha confirmado que piensa votar en contra del decreto ley para la renovación automática de los contratos de alquiler por tiempo indefinido. Y a su vez, ha criticado algunas medidas del segundo decreto como las medidas temporales en protección frente a los desahucios, que ya votó en contra el pasado mes de abril, o la prohibición de la compra de pisos a los llamados 'fondos buitre'.
El partido de Carles Puigdemont ha criticado que todavía no tenga en su poder el texto del decreto ley para conocer su versión final, y su portavoz, Miriam Nogueras, ha emplazado al Gobierno a "mirar el marcador de las votaciones". El PNV tampoco ha mostrado su sentido del voto, y espera a leer la letra pequeña del decreto. Es extraño que después de tantos meses de negociación, los socios no conozcan el contenido del mismo
Mucho más crítico se ha mostrado Podemos. Su secretaria general Ione Belarra ha calificado como "trampa" la decisión del Gobierno de separar en dos decretos leyes las medidas para atajar la crisis de vivienda y ha avisado que el "divide y vencerás no va a colar".
La diputada ha aseverado que la estrategia del Gobierno es "lo contrario de lo que hay que hacer cuando de verdad quieres resolver el problema de la vivienda. Dividir el decreto entre uno que tiene más posibilidades de salir y uno que sí o sí va a caer, que es el que contiene la medida que podría tener un enfoque más estructural frente a las medidas pura y exclusivamente de coyuntura, es evidente que es una trampa", ha manifestado.
El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que los dos decretos ley aprobados en Consejo de Ministros sobre vivienda "no son suficientes para paliar la crisis, pero sí útiles".
"Es útil y ya está, y es lo que hay", ha dicho Rufián, que no obstante ha matizado que falta por leer "a contraluz" las propuestas. El diputado también ha expresado sus críticas a la temporalidad de medidas como la prohibición de desahucios o las bonificaciones fiscales para los propietarios.
También ha hablado la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, quien ha dicho que es una "decepción" que las medidas de vivienda se hayan dividido en dos decretos. Micó ha mostrado sus críticas con algunas medidas como las bonificaciones fiscales a los propietarios de vivienda. "Esta compraventa de votos para poder sacar cosas que nos importan a todas disgusta un poco y el PSOE parece que siempre hace lo mismo", ha zanjado.
El diputado del BNG Néstor Rego también ha criticado la decisión de trocear las medidas en dos decretos, pero ha admitido que si tiene que elegir entre "un parche" y dejar desprotegida a la gente, votarán a favor. "Aprobaremos los decretos, pero suspenderemos al Gobierno en políticas de vivienda", ha remachado.
Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha tachado de "vodevil" a los dos decretos ley en materia de vivienda que el Gobierno ha aprobado y que van en "dirección contraria a lo que hay que hacer" en ese ámbito.
Muñoz ha acusado al Gobierno de que pretende arreglar en 24 horas lo que ha destruido durante ocho años gobernando. Además, ha aseverado que las diferentes medidas de los decretos "van orientadas precisamente a destruir todavía más el mercado de la vivienda".
"¿Por qué el Gobierno ha tenido tanta prisa?", ha reflexionado la portavoz, que en su opinión puede ser porque el Ejecutivo cree que algunas de las medidas aprobadas son "tan caóticas" que sabe que pueden generar un "problema mayor" si se mantienen en vigor más días.
El sector también critica las medidas aprobadas
Un alto directivo de una de las empresas líderes del sector inmobiliario afirma que “es todo una locura. El sentir general es que hemos perdido el sentido común, se está regulando a golpe de batucada y que unos cientos de personas desde la Puerta del Sol esté legislando la política inmobiliaria de España. Unos decretos que afectarán tan negativamente a millones de personas, desde pequeños propietarios a inquilinos que están buscando y que van a descubrir cómo el mercado de alquiler se seca de oferta, se han supeditado al dictado de un lobby inmobiliario de extrema izquierda que se autocalifica como "la voz de los inquilinos". Las consecuencias son claras: el alquiler en España está muerto y no va a quedar ni una casa para alquilar".
Los portales inmobiliarios han denunciado que los decretos de vivienda aprobados en el Consejo de Ministros no suplen la falta "estructural" de inmuebles en la que está inmersa España.
"Todas las políticas y medidas que no vayan encaminadas a hacer crecer la oferta de viviendas en alquiler serán fallidas y ahondaran más en la crisis en la que estamos inmersos, la oferta va a desaparecer del mercado y condena el futuro de miles que inquilinos que buscan y buscarán vivienda en alquiler y no la encontrarán", ha expresado el portavoz de idealista, Francisco Iñareta, en un comunicado.
En este sentido, el representante del portal ha señalado que estos decretos "demuestran lo alejados que están los gobernantes de la realidad y suponen vuelta de tuerca más sobre políticas que ya se han mostrado fallidas y nocivas".
"La esencia del problema es muy anterior a la actualización o la duración de los contratos y tiene que ver con la inmensa falta de vivienda disponible en el mercado", ha asegurado, afirmando que prorrogar la duración de los contratos, hacerlos indefinidos o limitar la subida de las rentas "no pone en el mercado ni una sola casa, sino todo lo contrario".
Al hilo, Iñareta ha criticado que la renta antigua "destrozó el tejido del alquiler al dejar a los propietarios sin ninguna motivación para actualizar o mantener sus viviendas, en una suerte de expropiación en la que perdieron sus derechos sobre sus viviendas".
"Los incentivos a propietarios siguen estando fuera del radar, no hay ni una sola medida que corrija las causas del problema y todas las propuestas van ahora encaminadas a proteger a los inquilinos actuales a costa de las personas que están buscando una vivienda o una habitación en alquiler, que se enfrentan a una evaporación acelerada de la poca oferta que queda disponible", ha concluido.
La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) ha afirmado que los dos decretos de vivienda dejan "sin respuesta el déficit estructural de vivienda" y ha reclamado medidas para incrementar la oferta, como más suelo y mayor agilidad administrativa y seguridad jurídica para quienes construyen.
La asociación considera que el paquete aprobado concentra los esfuerzos en intervenir sobre el parque de alquiler ya existente y no aborda las cuestiones necesarias para mejorar el acceso a la vivienda. "El problema es ante todo, un problema de oferta, cuya brecha solo puede cerrarse con más suelo finalista, mayor agilidad en la tramitación urbanística y de licencias, seguridad jurídica y una colaboración público-privada efectiva".
No obstante, la asociación ha valorado positivamente la aplicación del tipo superreducido del IVA del 4% a la vivienda de protección oficial, al considerar que facilitará que llegue a las familias a precios limitados o las líneas de avales del ICO de hasta 2.000 millones de euros para la promoción de vivienda de alquiler social y asequible.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han advertido de que las bonificaciones fiscales son "sólo complementarias" frente a las medidas estructurales necesarias para hacer frente a la escasez de alquiler asequible.
En concreto, Gestha destaca las deducciones estatales para inquilinos con rentas de hasta 33.000 euros y la rebaja del IVA al 4% para la compra de viviendas de promoción pública y protegidas. No obstante, señala que los nuevos incentivos fiscales para propietarios que no incrementen los precios previsiblemente obligarán a modificar las reducciones actualmente vigentes en el IRPF para los arrendadores.
Los técnicos cuestionan además la eficacia de estas bonificaciones, ya que consideran que la reducción del 90% vigente para determinados arrendadores no compensa económicamente a la mayoría de propietarios, mientras que las mayores ventajas fiscales se concentran en los contribuyentes con rentas más altas.
Asimismo, considera que las nuevas ventajas fiscales y el mecanismo de financiación 'Tu Casa' a tipo cero para facilitar la compra de vivienda se integran en una estrategia europea que no incentiva de forma preferente la compra o el alquiler de vivienda.
En relación con los pisos turísticos, los técnicos valoran la aplicación de un IVA del 10% como "un primer paso", al equiparar su tributación a la de la actividad hotelera reglada, pero reclaman elevarlo al 21% para combatir el encarecimiento de la vivienda destinada al alquiler habitual y la competencia con los hoteles.
Más allá de los decretos aprobados, los técnicos reclaman medidas adicionales como agilizar la movilización de las viviendas de la Sareb para destinarlas al alquiler asequible, proteger de forma indefinida las viviendas de protección oficial, establecer medidas fiscales disuasorias para las viviendas vacías y crear garantías de cobro para los propietarios que alquilen a precios asequibles a jóvenes y colectivos vulnerables.
También piden reforzar la inspección tributaria para aflorar alquileres turísticos no declarados, combatir la economía sumergida y garantizar que los fondos europeos destinados a vivienda se canalicen adecuadamente.
Para la abogada experta en derecho inmobiliario Arantxa Goenaga el decreto traslada al propietario una función que corresponde al Estado. "La Administración no tiene vivienda social para dar alternativa. Volvemos a más de lo mismo, a seguir revertiendo las funciones del Estado. En vez de que el Estado garantice una vivienda digna, pretenden que lo hagan los propietarios. No es que vayan a hacer contratos indefinidos, porque eso no lo van a hacer, pero sí que dicen de prorrogar durante dos años".
La Plataforma de Afectados por la Ocupación muestra su profunda preocupación y rechazo por la prórroga y blindaje de la prohibición de desahucios con el riesgo de legitimar la okupación. Desde el colectivo se advierte que, bajo el falso prisma de proteger a los vulnerables, estas decisiones gubernamentales no hacen sino blindar de facto el negocio de las mafias okupas y de aquellos perfiles que ocupan u hostigan viviendas de grandes tenedores.
La Plataforma señala la absoluta falta de seguridad jurídica y el abandono institucional que sufren los bloques okupados, mientras miles de vecinos tienen que convivir en ellos. “Trasladar la carga social y el coste de la emergencia habitacional a los hombros de terceros es inaceptable en nuestra sociedad”, agregan.
Lo más leído
Lo más destacado
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta