Un juez de Roquetas de Mar (Almería) ha puesto el foco en una peligrosa confusión: equiparar a cualquier persona que permanece en un inmueble contra la voluntad de su propietario con un okupa.
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La advertencia llega tras abrir diligencias por un posible delito de coacciones contra el dueño de una vivienda que ordenó cortar la luz y el agua a la antigua propietaria, de 88 años.
El caso tiene como telón de fondo la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 426/2026, de 24 de junio, que ha generado ciertos malentendidos a lo largo del verano. El juez advierte, precisamente, de los problemas que puede acarrear una interpretación que lleve a confundir ocupantes ilegales con personas en situaciones jurídicas diferentes.
No todas las personas que ocupan una vivienda están en la misma situación
Okupa se utiliza con frecuencia para describir a quien permanece en una vivienda contra la voluntad de su dueño. Pero no es lo mismo alguien que entra en una propiedad ajena sin ningún título o derecho que, por ejemplo, un inquilino que accedió al inmueble mediante un contrato y posteriormente dejó de pagar la renta, como comentamos en nuestro análisis.
Tampoco es igual la situación de quien pierde su vivienda tras una ejecución hipotecaria y se encuentra pendiente de lanzamiento por orden judicial, como sucede en el caso de esta señora.
En su auto, el juez advierte que utilizar términos genéricos para situaciones distintas puede llevar a algunos propietarios a adoptar medidas no amparadas por la ley. La cuestión no es solo terminológica: el origen de la posesión resulta determinante para conocer la situación de quien habita el inmueble.
Corte de luz y agua a la antigua propietaria
Tras haber pagado durante 25 años su hipoteca, la anciana dejó de poder hacer frente a las cuotas. La vivienda salió a subasta y fue adquirida por el nuevo propietario, pero ella seguía en el inmueble, a la espera de que se produjera el lanzamiento. El comprador solicitó a las compañías que interrumpieran la electricidad y el agua.
El corte se produjo en pleno mes de agosto. La mujer, que según la información difundida venía pagando los recibos y pretendía seguir haciéndolo, vivía sola y tuvo que trasladarse a casa de una de sus hijas.
La actuación ha supuesto la apertura de unas diligencias por la presunta comisión de un delito de coacciones (artículo 172 del Código Penal). El juez ordenó además la restitución de los suministros como medida cautelar, lo que sucedió días después.
Perder la propiedad no permite al nuevo dueño forzar la salida antes del lanzamiento
La distinción que establece el Supremo permite entender por qué una situación como la de esta señora (o la de un inquilino que deja de pagar el alquiler) no puede equipararse sin más a la de quien entra sin autorización y sin ningún título que explique su presencia.
Y es que perder la propiedad y perder materialmente la posesión no tienen por qué suceder al mismo tiempo, dado que puede existir, como en este caso, un procedimiento pendiente para hacer efectivo el lanzamiento. Que el nuevo dueño tenga derecho a recuperar la vivienda no significa que pueda tomarse la justicia por su mano para forzar su salida.
En el caso de Roquetas, el juez no cuestiona que la antigua propietaria tenga que abandonar la vivienda. Lo que analiza es si el nuevo titular podía utilizar el corte de los suministros para conseguir esa salida antes del lanzamiento, ya que una cosa es tener derecho a recuperar el inmueble y otra decidir por cuenta propia cómo se produce esa recuperación.
¿Qué diferencia hay entre un okupa y un inquiokupa?
Más allá de que, evidentemente, no son términos jurídicos, la diferencia entre un inquilino moroso y un ocupante sin título está, principalmente, en cómo llegó a la vivienda y en qué derecho amparaba inicialmente su posesión.
En el caso del inquilino, este accede con autorización del propietario en virtud de un contrato de arrendamiento. Si deja de pagar, puede incumplir lo pactado y enfrentarse a un procedimiento de desahucio. En cambio, quien accede a un inmueble sin autorización ni título alguno se encuentra en una situación jurídica diferente.
La sentencia del alto tribunal recoge precisamente esa distinción entre quien dispone de un título de acceso y disfrute de la posesión del bien, aunque sea aparente o esté en disputa, y quien carece de cualquier derecho que ampare su presencia.
Por eso, utilizar la palabra okupa para cualquier persona que permanezca en un inmueble contra la voluntad del propietario puede ocultar diferencias jurídicas importantes.
Puede tratarse de una persona que sigue en el domicilio familiar a la espera de que finalice el proceso de divorcio (el caso que dio lugar a la famosa sentencia), de una señora que ha perdido su vivienda en una ejecución hipotecaria y está pendiente de lanzamiento (el de Roquetas), de un inquilino que ha dejado de pagar (inquiokupa) o de alguien que accedió al inmueble sin ningún título ni autorización (okupa).
Es en este último escenario donde el alto tribunal considera que existen razones para excluir la responsabilidad penal por la baja o el cese del abono de los suministros. Pero esa conclusión no se extiende a quienes mantienen una situación posesoria derivada de un título previo. La propia sentencia insiste en que no son equiparables ambas situaciones y que cada caso debe analizarse por separado.
En el supuesto de Roquetas de Mar, el juez ha considerado que existen elementos suficientes para abrir diligencias por un posible delito de coacciones, el mismo tipo penal por el que fue condenado a nueve meses de prisión el cónyuge en el asunto que llegó al Supremo.
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