La clase media productiva debe volver al centro

El problema de la vivienda no se resolverá de forma duradera mientras quienes trabajan, emprenden, invierten y crean riqueza soporten una carga fiscal creciente sin recibir servicios y oportunidades equivalentes.

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La política suele dividir a los ciudadanos entre izquierda y derecha. Este artículo propone otra lectura: una sociedad formada por una clase productiva, una clase pasiva y una clase extractiva. El reto consiste en recuperar el equilibrio entre las tres y situar de nuevo a la clase media productiva en el centro.

Más allá de la izquierda y la derecha

Los españoles acostumbramos a definirnos como socialdemócratas, conservadores o liberales. Sin embargo, estas etiquetas ideológicas explican cada vez menos cómo se reparte realmente el esfuerzo económico y quién sostiene el funcionamiento cotidiano del país.

La tesis de este artículo es deliberadamente sencilla: desde el punto de vista económico, los ciudadanos pueden agruparse en tres grandes categorías. No son compartimentos perfectos ni identidades permanentes, pero ayudan a entender las tensiones que atraviesa el Estado del bienestar, porqué esta roto o a punto de romperse el contrato social.

Tres clases para entender el sistema

Clase productiva: es el conjunto de personas y empresas que generan bienes, servicios y riqueza mediante el trabajo, la inversión, la innovación y la asunción de riesgos. Aquí se encuentran los trabajadores del sector privado, los autónomos, los empresarios y también los empleados públicos que prestan servicios necesarios y eficaces.

Clase pasiva: está formada por quienes no participan actualmente de manera directa en el proceso productivo y reciben ingresos procedentes de derechos generados con anterioridad, prestaciones públicas, ayudas o rentas de capital. Incluye realidades muy diferentes, desde jubilados que cotizaron durante décadas hasta personas que necesitan protección temporal. También incluyen los parásitos sociales, aquellos que tienen capacidad productiva, pero prefieren (como opción) vivir a cuenta del Estado: podrían ser clase productiva pero eligen ser clase pasiva.

Clase extractiva: es la expresión utilizada en este artículo para describir a quienes obtienen privilegios o rentas apropiándose de recursos generados por otros, sin aportar un valor equivalente. Puede aparecer en la política, la Administración, las organizaciones sociales o determinadas grandes empresas cuando capturan normas, subvenciones o posiciones de poder en beneficio propio.

Una precisión necesaria: pertenecer al sector público, recibir una pensión o cobrar una ayuda temporalmente no convierte automáticamente a nadie en extractivo. Participar de alguna manera, bien creando, divulgando o aprovechando un sistema que trasvasa renta productiva a no productiva, para lograr un beneficio es clase extractiva. Bien sea crear un sistema clientelar para obtener ventajas (sindicatos), conseguir votos (partidos políticos, empresas/politizadas) o beneficio económico, sí es ser extractivo.

La nueva tensión social

La lucha social ya no puede explicarse únicamente como un enfrentamiento entre ricos y pobres, capital y trabajo, izquierda y derecha. La tensión creciente enfrenta a quienes generan y sostienen los recursos comunes con quienes dependen de ellos y, sobre todo, con quienes capturan una parte desproporcionada mediante privilegios. La corrupción es la punta del iceberg.

La clase pasiva no es el adversario de la clase productiva. El problema aparece cuando el número de personas dependientes del sistema crece más deprisa que la base capaz de financiarlo, o cuando las estructuras extractivas desvían recursos que deberían destinarse a servicios esenciales. Se trata, por tanto, de un desafío de sostenibilidad financiera, equilibrio demográfico y calidad institucional. Esto es lo que está en juego.

La aritmética del mercado laboral

España cuenta con aproximadamente 49,8 millones de habitantes y una población activa cercana a los 25,27 millones. De ellos, alrededor de 22,78 millones están ocupados y 2,49 millones se encuentran en desempleo, de acuerdo con las cifras utilizadas para este artículo.

Dentro de la población ocupada se distinguen tres grandes grupos: unos 15,78 millones de asalariados del sector privado, 3,35 millones de autónomos y 3,65 millones de empleados públicos. En este último grupo conviven funcionarios de carrera, personal laboral e interinos.

Qué ha cambiado desde 1978

La comparación histórica muestra dos transformaciones. Por un lado, el empleo privado por cuenta ajena ha crecido con fuerza, acompañando el paso de una economía con mucho peso agrario hacia otra dominada por la industria y, sobre todo, los servicios. Por otro, el empleo público ha pasado de unos 800.000 puestos en 1978 a alrededor de 3,65 millones en la actualidad.

El número de autónomos, en cambio, se mantiene en un orden de magnitud parecido. La cifra de 1978 estaba muy vinculada al sector primario -agricultura, ganadería y pesca-, mientras que hoy el trabajo autónomo se concentra en actividades mucho más diversas.

Quienes financian y quienes reciben

Los trabajadores en activo sostienen buena parte de la recaudación mediante las cotizaciones sociales y el IRPF. Pero su renta disponible varía notablemente según el sector, la categoría profesional y la estabilidad del empleo.

Empleo público: el salario neto medio según el INE se sitúa alrededor de 2.200 euros mensuales en doce pagas.

Empleo privado: la media neta aproximada se sitúa en torno a 1.850 euros mensuales, aunque el salario más frecuente sería sensiblemente inferior, alrededor de 1.250 euros netos.

Esta diferencia entre salario medio y salario más frecuente es fundamental: una media elevada por los sueldos altos no refleja necesariamente lo que cobra la mayoría.

En el lado de las prestaciones, la referencia se apróxima a 2.050 euros netos mensuales para determinadas pensiones de antiguos empleados públicos y a 1.690 euros para la pensión media de jubilación del Régimen General. Las ayudas asistenciales son mucho menores: el subsidio mínimo de desempleo ronda los 480 euros y el Ingreso Mínimo Vital varía según la composición del hogar.

Las cifras no permiten afirmar que trabajar y no trabajar produzcan siempre el mismo resultado. Sí muestran, sin embargo, que para algunos hogares la diferencia entre un salario bajo y la suma de prestaciones puede resultar demasiado estrecha. Cuando el empleo no garantiza una mejora clara de vida, los incentivos del sistema dejan de funcionar correctamente. Se está desincentivando desde años ser productivos, no sale rentable. Y creo que se puede afirmar que en los últimos 20 años, se ha acelerado este proceso en España, desde la entrada de Zapatero en el gobierno.

La presión fiscal sobre la clase media

El sistema tributario necesita recaudar para financiar los servicios públicos. La discusión no es, por tanto, si deben existir impuestos, sino si la carga está bien distribuida, si el gasto es eficiente y si quienes aportan perciben una contraprestación razonable.

El IRPF es el impuesto que refleja mejor esta tensión. Según datos oficiales, la recaudación asciende a 142.466 millones de euros. El reparto por tramos muestra que el grueso del impuesto no descansa únicamente sobre las rentas más altas, sino también sobre una franja relativamente reducida de contribuyentes de ingresos medios y medios-altos.

El verdadero pulmón financiero

Los contribuyentes con ingresos de hasta 30.000 euros son el grupo más numeroso: aproximadamente 16 millones de personas, con una aportación conjunta estimada de 45.600 millones. Quienes superan los 60.000 euros suman alrededor de 1,3 millones y aportan unos 42.700 millones.

Entre ambos se encuentra el grupo de 30.000 a 60.000 euros: unos 4,8 millones de contribuyentes que aportarían 54.100 millones, la mayor cifra de los tres bloques. Esta franja constituye una parte esencial de la clase media profesional y empresarial.

Por eso, no actualizar los tramos del IRPF cuando suben los precios -lo que se conoce como deflactar la tarifa- puede aumentar silenciosamente la presión fiscal. Aunque el trabajador no gane poder adquisitivo real, termina tributando como si fuera más rico.

Mediáticamente puedes vender que los ricos son los que más pagan, pero los datos demuestran que son realmente poco más de 4 millones de habitantes (la verdadera clase media) los que pagan toda esa fiesta desde hace años. A cambio ya de nada, porque ni ellos, ni sus hijos acceden a una vivienda. Las políticas de estos últimos 20 años se han creado para debilitar a la clase media en España y esto ha tenido sus repercusiones.

Qué tiene que ver todo esto con la vivienda

La relación es directa. La vivienda exige ahorro previo, estabilidad laboral, capacidad de endeudamiento y renta disponible. Si los salarios pierden poder adquisitivo, los impuestos absorben una parte creciente de los ingresos y el empleo es inestable, acceder a una vivienda se vuelve cada vez más difícil.

Al mismo tiempo, producir vivienda requiere empresas solventes, autónomos, técnicos, trabajadores cualificados e inversión. Una sociedad que debilita continuamente a su base productiva termina reduciendo tanto la capacidad de comprar vivienda como la capacidad de construirla.

Para resolver la vivienda no basta con intervenir los precios o aprobar ayudas. Es necesario fortalecer a quienes trabajan y producen, mejorar la eficiencia del gasto público y evitar que los privilegios y la burocracia consuman los recursos del sistema.