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El domicilio y las cajas de seguridad de los contribuyentes, ¿merecen idéntica protección?

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La voracidad de Hacienda no conoce límites, y en muchas ocasiones, le lleva a pretender invadir la esfera más íntima de los contribuyentes. Prueba de ello son recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo, y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que han tratado de poner freno a las pretensiones de Hacienda de entrar subrepticiamente en domicilios protegidos, o de precintar cajas de seguridad. Y es que no todo vale para recaudar.

El domicilio del contribuyente, amparado por el Supremo

Dispone el artículo 16 de la Constitución Española que El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.”

El concepto de domicilio, tanto para las personas físicas como jurídicas, ha sido fijado por el Tribunal Constitucional en multitud de sentencias. Así, se considerará domicilio de las personas físicas, el espacio donde el individuo vive, ejerciendo su libertad más íntima (sentencia del Tribunal Constitucional número 10/2002, entre otras). Sin embargo, el domicilio de las empresas solo lo constituirían los espacios físicos indispensables para desarrollar su actividad, sin intromisiones ajenas. Y ello, porque en ellos se dirige la actividad, o se custodian los documentos de la vida de la sociedad, reservados al conocimiento de terceros (sentencia del Tribunal Constitucional número 54/2015).

Dicho domicilio está protegido, no pudiendo entrar la Inspección en él sin autorización judicial. Además, recientemente el Supremo le ha exigido a Hacienda que, antes de solicitar al Juzgado autorización para entrar en el domicilio de los contribuyentes, les notifique el inicio de un procedimiento de comprobación e investigación. Me refiero a la famosa sentencia de 1-10-2020, que tanto malestar ha generado en la Inspección tributaria, acostumbrada a entrar en los domicilios prácticamente, y permítaseme la expresión, “como Pedro por su casa”.

Dicha sentencia también proscribe las autorizaciones de entrada en domicilio que tengan carácter prospectivo (a ver qué encuentra la Inspección), y exige la justificación de la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida.

Estamos ante una doctrina muy relevante, pero que se refiere a los domicilios de los contribuyentes. Pero, ¿qué pasa con las cajas de seguridad de los contribuyentes? ¿Pueden considerarse igualmente, domicilio protegido, y gozar de idéntica protección?

Las cajas de seguridad de los contribuyentes, ¿merecen idéntica protección? 

A esta cuestión se ha referido recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en dos sentencias de 22-7-2020. Este Tribunal no considera que las cajas de seguridad sean un domicilio para las personas físicas. Y es que, en su opinión "no parece que una caja de seguridad -nos referimos a aquellas de las que disponen y alquilan entidades bancarias- pueda ser considerada como domicilio constitucionalmente protegido de una persona física, pues tal espacio no presenta una recta correspondencia con la aptitud <<para desarrollar en él la vida privada>>”.

Ni tampoco, que constituyan un domicilio para las empresas. El Tribunal valenciano entiende que “tampoco parece -al menos en principio- que en una caja de seguridad bancaria se vayan a custodiar documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad, concepto éste que más bien parece referirse a los Libros de la sociedad u otros documentos o soportes que, por pertenecer al trasiego o quehacer diario de la sociedad, no se atisban como muy compatibles con su guarda en una caja de seguridad bancaria (a la que, como sabemos, no se suele acudir diariamente o de manera muy frecuente).”

Estamos, no obstante, ante un concepto de “domicilio” que quizá habría que revisar. Y es que, si atendemos al lugar en el que vive la persona, o al espacio desde donde se dirige la empresa, o guarda su documentación, es evidente que una caja de seguridad nunca podría serlo. Si embargo, si lo que se pretende es preservar un espacio, libre de intromisiones ajenas y del conocimiento de terceros, en donde el contribuyente pueda conservar la documentación más íntima y confidencial, parece que la adecuada protección de las cajas de seguridad se antoja imprescindible.

Y es que, con total seguridad, la documentación o información que se guarda en una caja de seguridad, será siempre mucho más íntima y confidencial que la que un contribuyente tiene en su domicilio, o en su empresa. Pensemos, por ejemplo, el domicilio de un contribuyente, en el que vive junto a su esposa y sus hijos. Si este contribuyente tiene además una caja de seguridad, abierta a su nombre, lo previsible es que sea allí donde se encuentre la documentación más personal, íntima, confidencial, que se ha querido dejar libre de intromisiones ajenas, y del conocimiento de terceros. A veces, incluso de su propia familia.

Ello, además, en una época como la actual, en la que el domicilio tradicional va perdiendo fuerza. Y es que cada vez son más las personas que cambian de domicilio con más frecuencia, o residen durante gran parte del período impositivo en distintos domicilios, por trabajo.

No parece, sin embargo, que de momento sea ésta la percepción de nuestros Tribunales. Y ello ha llevado a que se otorgue una protección distinta al domicilio, del que se otorga a las cajas de seguridad.

La distinta protección del domicilio y de las cajas de seguridad 

Así, en el caso de los domicilios protegidos de los contribuyentes, ya he hecho referencia a la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 1-10-2020 y a los exigentes requisitos que impone a la Inspección para obtener la autorización judicial de entrada. Y ello, para salvaguardar su inviolabilidad, derecho fundamental previsto en el artículo 18.2 de la Constitución.

Sin embargo, el hecho de que las cajas de seguridad no se consideren “domicilio”, ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a declarar (en las sentencias antes comentadas), que el derecho fundamental vulnerado por una apertura, o precinto ilegal de las mismas, no sería el del 18.2 de la Constitución, antes comentado (inviolabilidad del domicilio), sino el derecho a la intimidad personal (artículo 18.1 de la Constitución).

De este modo, si la Inspección solo pretende precintar la caja de seguridad (para evitar que el contribuyente acceda a la misma), el Tribunal valenciano considera que no es preciso obtener autorización judicial. La Inspección deberá, no obstante, llevar a cabo el llamado “juicio de proporcionalidad”. Es decir, demostrar que la medida es idónea, porque es susceptible de conseguir el objetivo propuesto. Que es necesaria, no existiendo otra más moderada e igual de eficaz. Y que es ponderada, porque no genera más perjuicios que beneficios para el interés general.

Si la Inspección pretende la apertura de la caja, la autorización judicial debiera ser en principio necesaria. Pero surge la duda de si los requisitos exigidos por el Tribunal Supremo en sentencia de 1-10-2020 respecto a los domicilios, pueden ser también aplicables a la obtención de autorización para abrir una caja de seguridad. Y ello, teniendo en cuenta que ésta última no es considerada un domicilio.

Estamos, en definitiva, ante espacios en los que se desarrollan, o se custodian, los aspectos más íntimos de la vida de las personas físicas o jurídicas. Espacios deliberadamente apartados del conocimiento de terceros. Y que, por ello, considero, merecen idéntica protección por parte de nuestros Tribunales.

José María Salcedo es abogado y socio de Ático Jurídico. Especialista en la interposición de recursos contra Hacienda, es autor de la "Guía práctica para recurrir frente Hacienda" y también de la "Guía práctica para impugnar la plusvalía municipal".