Juzgados

Los juzgados de toda España siguen recibiendo cientos de casos de okupaciones de viviendas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los nueve primeros meses del año los Juzgados de Primera Instancia han ingresado un total de 1.782 procedimientos por ocupaciones ilegales de inmuebles residenciales, de los que 580 se registraron en verano. La cifra ha crecido un 55% interanual y casi todas las CCAA han registrado aumentos, con Cantabria y Cataluña a la cabeza. La región catalana, además, es la que registra más casos tanto en el trimestre como en el conjunto del año.

Los juzgados provinciales especializados creados en 2017 para atender las demandas de los consumidores por las cláusulas abusivas de las hipotecas han ido poco a poco desapareciendo en España. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha anunciado el cese de la actividad del órgano de Toledo y la prórroga hasta final de año de los de Alicante, Álava, Barcelona, Vizcaya, Castellón, Guipúzcoa, Murcia, Valencia y Valladolid, cuyo vencimiento estaba previsto para el 30 de junio. El de Madrid ya había sido prorrogado hasta el 31 de diciembre.

El tiempo que debe esperar un propietario en España para tener una sentencia que permita desalojar a los okupas de una vivienda está en máximos históricos. A cierre del año pasado, el plazo medio se situó en 23,2 meses, sumando los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia y los posibles recursos de las Audiencias Provinciales. Castilla y León y Murcia son las CCAA con los periodos más largos, mientras que Navarra y Aragón tienen los más reducidos. Los despachos de abogados critican el colapso de la Administración de Justicia por falta de medios y aseguran que se está debilitando el derecho a la propiedad privada.

Un juzgado de Tenerife ha anulado por falta de transparencia una hipoteca inversa que BBVA concedió en 2008 a una clienta de 85 años. La sentencia afirma que hubo una ausencia de acreditación de la información precontractual y asesoramiento a la consumidora, que además carecía de conocimientos financieros. Según esgrime el juez, resulta "difícil entender o explicar" la causa o finalidad por la que la consumidora habría contratado la hipoteca inversa, por lo que el banco debe pagar 44.000 euros a los herederos y asumir las costas procesales.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha fijado en enero de 2017 el comienzo del plazo prescriptivo para reclamar los gastos de la formalización de la hipoteca que firmó un consumidor con BBVA. El tribunal reconoce que 2013 fue un año "muy importante" en España para el control de la abusividad de las cláusulas hipotecarias, pero que fue a "finales de 2016 y principios de 2017" cuando asociaciones de consumidores y despachos de abogados lanzaron una "intensísima campaña de publicidad", cuyo éxito conduce "a fijar la cognoscibilidad para el consumidor medio a principios de 2017". Desde Asufin critican el fallo y considera que el plazo para reclamar se extiende a 10 años.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifran en 17.264 el número de casos relacionados con la okupación ilegal de viviendas que han ingresado en los Juzgados de Instrucción y Primera Instancia en toda España en el último lustro, lo que arroja un promedio de 9 demandas al día. El dato más reciente es el del tercer trimestre de año, cuando se han contabilizado 373 procedimientos, un 38,6% menos interanual y la cifra más baja de la serie histórica. Desde verano de 2018, Cataluña es la región con más causas de este tipo, con más de 4.100 asuntos, mientras que Navarra y La Rioja cierran el ranking con menos de un centenar de demandas.

Un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de A Coruña ha condenado a la entidad financiera a devolver a 50.000 euros a un comprador por el anticipo que pagó por una vivienda en construcción que no le fue entregada, así como al desembolso de los costes procesales e intereses correspondientes. Hace unas semanas, la Audiencia de Pontevedra ya dictó una sentencia similar contra Abanca.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a la entidad a devolver 200.000 euros a dos particulares que compraron y adelantaron parte del pago por unas viviendas que no llegaron a entregarse por la entrada de la promotora Construsilva en concurso de acreedores. Pasados ya 16 años de los hechos, Abanca debe restituir los importes que abonaron, más los intereses acumulados y los costes procesales de primera instancia.

Ya han pasado cinco años desde que se pusieron en marcha los juzgados provinciales especializados en atender el aluvión de demandas de los consumidores por las cláusulas abusivas de las hipotecas. La mayoría de ellos ya se ha disuelto, aunque un total de 22 seguirán operando al menos hasta final de año, dado el volumen de casos pendientes de resolver y a las demandas que todavía siguen recibiendo. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre los juzgados activos se encuentran los de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Burgos, Navarra, Guipúzcoa, Castellón y Toledo.

El Juzgado de Primera Instancia número 101 bis de Madrid ha condenado a BBVA por imponer gastos hipotecarios a una veintena de familias tras una demanda acumulada presentada por Asufin, según ha informado la asociación.En concreto, Asufin ha señalado que "ha ganado [...] una sentencia acumulada cont

El Ministerio de Justicia pretende agilizar el atasco que están sufriendo los juzgados especializados en cláusulas abusivas con varias medidas que mejoren su eficiencia, mientras aún hay unas 240.000 demandas pendientes. Entre las opciones que se plantean está la de tramitar los juicios como verbales, más sencillos y rápidos, y la de aplicar el llamado ‘pleito testigo’ para casos similares, por el que la sentencia firme de ese caso sirva como modelo para el resto de demandas iguales, para los que no tendría que celebrarse un juicio.

El Juzgado 101 bis de Madrid, encargado de ver todos los asuntos en materia de cláusulas abusivas de las hipotecas que reclaman los consumidores, carga contra el banco el 100% del gasto de la notaría, así como el de tasación, registro y gestoría. Su tesis choca con la reciente sentencia del Supremo, que ha cargado en la entidad todos los gastos excepto el 50% de la notaría y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Los tribunales españoles hacen distinciones a la hora de defender el domicilio de los contribuyentes y las cajas de seguridad. Sin embargo, José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, cree que se trata de espacios en los que se desarrollan, o se custodian, los aspectos más íntimos de la vida de las personas físicas o jurídicas y que deliberadamente se apartan del conocimiento de terceros. Por eso considera que debrían tener idéntica protección por parte de los jueces.

El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las autonomías han acordado la prórroga del funcionamiento de los juzgados provinciales especializados en las cláusulas abusivas de las hipoteca durante todo 2021. Sin embargo, dejarán de operar en Zaragoza, Ávila, Soria, Segovia, Lugo, Ourense, Huesca, Teruel y La Rioja, por el escaso volumen de auntos pendientes y nuevas demandas. En Albacete, Guadalajara, Cuenca, Toledo y Girona la ampliación es de solo seis meses.

Ya han pasado más de dos años desde que se pusieron en marcha los más de 50 juzgados especializados en atender el aluvión de demandas de los consumidores por las cláusulas abusivas de las hipotecas. Según un estudio del portal reclamador.es, los más colapsados están en las grandes ciudades, aunque por causas diferentes. Destacan los retrasos en admitir a trámite las demandas y en las resoluciones.

Los juzgados especializados en las cláusulas abusivas que se crearon el año pasado para atender el aluvión de demandas de los consumidores contra los bancos siguen recibiendo más casos de los que son capaces de resolver. En sus primeros 15 meses de vida, han dado salida al 24% de los asuntos. Cataluña ha sido la CCAA que ha dado salida a menos demandas, mientras que Asturias y La Rioja lideran la tasa de resolución.

El 1 de junio de 2017 el Gobierno, a través del CGPJ, creó 54 juzgados específicos por toda España para resolver todas las demandas relacionadas con las cláusulas abusivas hipotecarias. Ahora una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pone sobre la mesa las cifras reales del famoso Juzgado de Primera Instancia nº 101 bis de Madrid: hay un total de 34.264 demandas, pero sólo 12.000 se están tramitando ahora, lo que supone el 37% del total. El TSJ de Madrid denuncia la falta de medios tanto materiales como personales para resolver todas estas demandas.

Los juzgados especializados en cláusulas abusivas hipotecarias que se pusieron en marcha en verano de 2017 para atender el aluvión de demandas de los consumidores han recibido en un año 260.000 casos, de los que apenas han resuelto una quinta parte. Andalucía y Cataluña son las regiones con más casos y con el menor porcentaje de sentencias: apenas han resuelto un 10%. En cambio, Asturias ya ha dado salida a dos terceras partes. Estos son los datos de cada CCAA.

Los juzgados que se crearon el pasado verano para atender la avalancha de reclamaciones por las cláusulas abusivas de las hipotecas han recibido más de 208.000 casos en sus primeros nueve meses de actividad, de los que solo una séptima parte han sido resueltos. Según el CGPJ, Andalucía, Castilla y León y Madrid son las regiones con más resoluciones, mientras que Asturias y La Rioja son los que se han quitado de encima más casos. Casi el 98% de las resoluciones se inclinan a favor de los afectados.

Los juzgados provinciales especializados en cláusulas abusivas recibieron casi 154.000 reclamaciones de los consumidores contra los bancos en sus primeros siete meses de actividad, de las que solo han dictado 9.326 sentencias o, lo que es lo mismo, un 6%. En 98,3% de los casos resueltos han dado la razón a los usuarios. En 22 provincias los bancos han perdido todos los juicios, mientras que los juzgados de Asturias y Madrid son los que acumulan más resoluciones.

La Audiencia Provincial de Palma ha dado la razón a un propietario que inició los trámites para desahuciar a su inquilino, después de comprobar que éste realquilaba a turistas algunas de las habitaciones del piso, ubicado en Ibiza, sin su consentimiento. Al incumplir el contrato de alquiler, el tribunal ha avalado la rescisión del mismo y ha ordenado al arrendatario que abandone la vivienda de forma inmediata y pague las costas del proceso.

Los 54 juzgados que se pusieron en marcha en junio por toda España para hacerse cargo de la avalancha de demandas de los clientes bancarios por las cláusulas abusivas de las hipotecas están completamente desbordados. Los Jueces Decanos, conscientes de esta situación, han pedido formalmente al Consejo General del Poder Judicial que les inhabilite el próximo 31 de diciembre y que los casos pasen a manos de todos los Juzgados de Primera Instancia del país. Aseguran que la falta de medios retrasará las resoluciones.

Los 54 juzgados que se han especializado en las demandas por las cláusulas abusivas de las hipotecas han recibido 57.000 reclamaciones en sus primeros 100 días de actividad. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Madrid es la provincia con más demandas al superar las 13.000, seguida de Barcelona (4.644) y Sevilla (2.946). Huesca y Lugo son las únicas que registran menos de un centenar, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El juzgado de instrucción número 5 de Estepona sentará por primera vez en el banquillo al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y al presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, como investigados (lo que anteriormente era imputado) para declarar sobre el ático que Gonz

Los jugzados de lo mercantil en España no dan más de sí. Según los últimos datos de la sección de estadística del consejo general del poder judicial (cgpj), los concursos judiciales aumentaron en el tercer trimestre de 2008 un 244% con respecto al mismo periodo del año anterior.