Abanca, condenada a devolver el anticipo de una casa no entregada más intereses

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Betanzos (A Coruña) dictó sentencia el pasado diciembre por la cual condena a Abanca a la devolución de un anticipo de pago para la compra de una vivienda en construcción, así como al pago de los costes procesales e intereses correspondientes.

El fallo, según traslada el despacho de abogados de Xoán Antón Pérez Lema, estima "por completo" la demanda que presentó un comprador representado por este letrado.

La sentencia, señala, indica que Abanca tendrá que pagar 50.000 euros al demandante en concepto de anticipo de la vivienda, a lo que habrá que sumar los correspondientes intereses legales desde la fecha de cargo en cuenta del ingreso, más allá de los ya mencionados costes procesales.

"La jueza recoge la jurisprudencia al respecto emanada del Tribunal Supremo, con base en la ley de vivienda de 1968 que, si bien en la actualidad fue derogada, se encontraba vigente en el momento en que se produjeron los hechos que motivaron el pleito", destaca el despacho de Pérez Lema.

En este sentido, añade que el Supremo ha interpretado "reiteradamente que no pueden caer sobre el comprador las consecuencias del incumplimiento por parte de la promotora de sus obligaciones, ni las derivadas del incumplimiento por parte de entidades bancarias".

Las entidades de crédito depositarias de cantidades económicas provenientes de particulares para la compra de viviendas en construcción no tienen el carácter de terceros ajenos a la relación entre el comprador y el promotor o vendedor, recuerda la sentencia.

"De hecho, tienen la obligación de colaborar activamente para que este último cumpla con sus obligaciones legales", resalta el despacho de abogados.

A principios de diciembre, también se conoció el fallo de la Audiencia Provincial de Pontevedra contra la entidad, que le condenaba a devolver 114.000 euros, que se elevan a 200.000 si se suman los intereses desde 2006 y los costes procesales de primera instancia, a dos particulares que adquirieron y adelantaron parte del pago por unas viviendas que no llegaron a entregarse por la entrada de la promotora en concurso de acreedores. El caso también estuvo en manos del despacho de abogados Pérez Lema.