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Un juzgado de Madrid se desmarca del Tribunal Supremo y carga al banco el 100% del gasto del notario

Obliga a la entidad a devolver al hipotecado todos los gastos más intereses legales, excepto el AJD

Gtres
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Autor: Redacción

No ha pasado ni una semana desde que el Tribunal Supremo dictaminó el reparto definitivo de los gastos hipotecarios entre banco y cliente cuando se conocen las primeras voces discordantes respecto al criterio del Alto Tribunal.

En concreto, llega de la mano del Juzgado 101 bis de Madrid, encargado de resolver las reclamaciones de los consumidores contra la banca en materia de cláusulas abusivas de las hipotecas. Este tribunal especializado obliga al banco a asumir el 100% del gasto del notario, además de la tasación, el registro y la gestoría. El fallo ha sido notificado esta semana, aunque fue resuelto en noviembre.

El juzgado madrileño ha seguido las directrices marcadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la sentencia del pasado 16 de julio, que determinó que las cantidades pagadas por los consumidores "debían ser restituidas por la entidad, menos cuando el derecho nacional disponga lo contrario".

Basándose en ese argumento, ha condenado a la entidad a devolver el 100% de todos los gastos, más sus intereses legales desde la fecha en que se hizo el pago (esto es, desde la constitución del préstamo) y las costas del procedimiento. El único gasto que debe afrontar el consumidor es, por tanto, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).

Su sentencia beneficia más al consumidor que el reparto que establece el Supremo. La semana pasada, el Alto Tribunal se pronunció sobre quién debe asumir el gasto de la tasación de la vivienda (paso previo a la concesión del préstamo) y su decisión fue inclinar la balanza a favor de los hipotecados. El pasado otoño, también cambió el criterio y dictaminó que la gestoría debe ser asumida al 100% por el banco.

En resumidas cuentas, el Supremo se inclina a que la entidad pague el 100% de la tasación, a gestoría y el registro, así como el 50% de la notaría, mientras que el consumidor debe afrontar el 50% de la notaría y el 100% del IAJD (siempre que la escritura sea anterior a la ley hipotecaria de junio de 2019), mientras que el Juzgado 101 bis de Madrid también libera al consumidor de ese 50% de la notaría, aunque sí debe asumir el pago del impuesto.

Para Carmen Giménez, letrada de G&G Abogados, el juzgado de Madrid especializado en cláusulas abusivas "se aparta del Tribunal Supremo" y deja un escenario "más favorable al consumidor". 

Según la abogada, "en esencia, los razonamientos que da son que el TJUE es muy claro en su sentencia de 16 de Julio de 2020, por cuanto en ella determina que dichos gastos solamente habrán de ser satisfechos por el consumidor cuando “las disposiciones de Derecho nacional aplicables impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos”.

Es decir, agrega Giménez, "tiene que haber una norma específica y concreta que de manera expresa imponga ese pago al consumidor, cosa que no existe en España, no pudiendo incluirse dentro de las disposiciones de derecho nacional, las interpretaciones jurisprudenciales, como la que ha hecho el Tribunal Supremo, puesto que incluso este Tribunal en sus sentencias de enero de 2019, reconoce el hecho de la ausencia de dichas normas que impongan la carga del gasto de notario al consumidor en un 50%, al concluir en dichas sentencias que la distribución por mitad es lo "razonable"".

"Parecía que todo estaba dicho en referencia al reparto de gastos hipotecarios, pero este asunto va a dar más guerra", concluye la letrada. 

El banco asume las costas si no hay acuerdo extrajudicial

Esta semana también se ha conocido la postura del Supremo sobre quién debe asumir las costas del procedimiento de una reclamación. En concreto, la sentencia del Pleno de la Sala I ha estimado el recurso de un consumidor e impone las costas procesales de un pleito por ‘cláusula suelo’ abusiva a la entidad bancaria que, pese a allanarse a la demanda judicial, había rechazado previamente una reclamación extrajudicial que tenía el mismo contenido.

Como resume el portal reclamador.es, este es el caso de un consumidor que presentó una reclamación extrajudicial a su banco, este se negó a negociar con su cliente, por lo que el consumidor presentó una demanda frente a la entidad bancaria. Una vez iniciado el procedimiento, para el cual habitualmente se contaba con el asesoramiento de abogado y procurador, el banco antes de celebrarse el juicio decidió llegar a un acuerdo con el cliente y pagar las cantidades reclamadas. De esta manera, recalca, "el banco dilató el momento de pago a su cliente y, además, se ahorró el pago de las costas si así era condenado por el juez. Ahora, el Tribunal Supremo dictamina que si esto ocurre, es decir, si obliga al consumidor a llegar la vía judicial, pese a que decida allanarse, el banco deberá pagar los gastos del procedimiento". 

Según Almudena Velázquez, co-directora legal de reclamador.es, parece que el Tribunal Supremo comienza el año con propósito de enmienda, pues acabamos el año 2020 con sentencias de este Tribunal muy negativas para el hipotecado, pero, junto con la sentencia que dictaminada que era el banco quien debía asumir el pago del gasto de la tasación al firmar una hipoteca, ahora conocemos esta sentencia en relación a la imposición de costas al banco incluso cuando no llega a celebrarse el juicio -pero sí se inicia la vía judicial- si la entidad financiera se negó a llegar a un acuerdo extrajudicial con su cliente". 

Velázquez también recalca que se trata de una reivindicación que veníamos realizando tanto abogados como los propios consumidores, pues estos últimos se ven obligados a llegar a presentar una demanda frente al banco porque en un primer momento la entidad se niega a llegar a un acuerdo para devolver un dinero que han pagado de más por cláusulas de sus hipotecas consideradas nulas por abusivas por la justicia, tanto española como europea, y si bien en muchos casos nos encontrábamos con que el banco se allanaba y antes de celebrarse el juicio decidía devolver las cantidades solicitadas, los consumidores ya habían asumido el coste de contratar abogado y procurador que le defendiera en los tribunales frente a la entidad bancaria. Ahora, con esta sentencia del Tribunal Supremo, esperamos que los bancos cambien su estrategia y accedan a llegar a acuerdos con sus clientes sin necesidad de dilatar el proceso”.

La letrada de G&G, por su parte, recuerda que la sentencia del Supremo se basa en "aplicar la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece en el artículo 395.1, en su párrafo segundo, que cualquier reclamación extrajudicial previa, sea contra una entidad financiera en materia hipotecaria o por cualquier otro motivo, y el requerido no se pronuncia, luego aunque se allane a la demanda le condenan en costas".