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El Supremo frena a Hacienda: le exige unos requisitos para entrar en domicilios y empresas a hacer inspecciones

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Autor: Redacción

El Tribunal Supremo frena las pretensiones de Hacienda en una sentencia reciente y le impide la vía libre a la hora de entrar en el domicilio o en la empresa de un contribuyente con el fin de realizar una inspección.

En una sentencia reciente, el Alto Tribunal recalca que, entre las garantías del proceso penal, destaca la inviolabilidad del domicilio de las personas físicas y jurídicas. Y, al tratarse de derechos fundamentales, Hacienda debe respetarlos, por lo que cualquier potencial inspección solo se autorizará si se cumplen unos requisitos muy exigentes.

El Supremo se apoya en el artículo 18.2 de la Constitución Española para poner sobre la mesa que los domicilios de particulares y empresas están protegidos, aunque no todos. Según explica el abogado José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, “en el caso de las personas físicas, el Tribunal Constitucional declara que el domicilio es el espacio donde el individuo vive ejerciendo su libertad más íntima, al margen de convenciones sociales. Igualmente, también puede tener dicho carácter todo espacio apto para que, eventualmente o de forma permanente, pueda ocurrir lo anterior. Sería el caso de las segundas viviendas, los vehículos o caravanas, las habitaciones de un hotel…”.

Por otro lado, en el caso de las personas jurídicas, el concepto de domicilio está más acotado. Si se trata de una empresa, el abogado recalca que solamente se referiría a los espacios físicos que “son indispensables para que éstas puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas. Y ello, por constituir el centro de dirección de la sociedad, o servir de custodia de los documentos, u otros soportes de la vida diaria de la sociedad, que quedan reservados al conocimiento de terceros”.

Así pues, para que la Inspección pueda entrar a estos domicilios ‘protegidos’ es necesario que se cumplan una de que se cumplan una de estas dos circunstancias: el consentimiento de su titular o bien, una autorización judicial. Y esta cuestión “es precisamente a la que se ha referido el Tribunal Supremo, aclarando los requisitos que deben cumplirse para que dicha entrada pueda autorizarse”, añade Salcedo.

La sentencia del Alto Tribunal se conoció el pasado 1 de octubre (recurso 2966/2019) y se centra en el carácter inviolable del domicilio del contribuyente en el marco de un procedimiento de inspección tributaria.

En ella, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo anuló por defectos de motivación un auto judicial que autorizó la petición de Hacienda de entrada en el domicilio de una empresa basada en que había tributado por debajo de la media del sector, lo que inducía a pensar que podía haber estado ocultando ventas efectivas.

En concreto, la Sala afirma que “la corazonada o presentimiento de la Administración de que, por tributar un contribuyente por debajo de la media del sector le hace incurrir a éste en una especie de presunción iuris et de iure de fraude fiscal, es un dato que por sí mismo no basta, ni para establecer una relación causal o esquema que desemboque en ese fraude –ni siquiera en la presunción de deberes incumplidos, que deberán ser esclarecidos a través del procedimiento correspondiente, con ulterior control judicial-, ni menos aún para anclar en tal circunstancia la necesidad de entrada en el domicilio para el cotejo de datos que respalden o desmientan la sospecha albergada por la Administración”.

A pesar de que se trata de un fallo reciente, lo cierto es que la postura del Supremo en este tipo de procedimientos no es nueva. De hecho, está en la misma línea del que emitió el 10 de octubre de 2019 (recurso 2818/2017). La principal diferencia es que ahora ha detallado qué requisitos deben cumplirse para que un juez avale una inspección ‘in situ’ del fisco en el domicilio de un contribuyente.

Lo primero que debe existir es la notificación al contribuyente por parte de Hacienda de que ha iniciado un procedimiento de inspección. Y es que el Supremo exige que la autorización de la entrada esté “conectada con la existencia de un procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio se haya notificado al inspeccionado, con indicación de los impuestos y períodos a que afectan las pesquisas”. E insiste en que “sin la existencia de este acto previo, que deberá acompañarse a la solicitud, el juez no podrá adoptar medida alguna en relación con la entrada en el domicilio constitucional protegido a efectos de la práctica de pesquisas tributarias”.

Y es que, “una cosa es no anunciar la visita (…) cuando el conocimiento previo pudiera frustrar su eficacia y otra bien distinta es no dar noticia de un procedimiento inspector, no solo no notificado, sino no abierto aún, solo dentro del cual cabría la adopción de tal medida de instar la solicitud de entrada”.

Los fundamentos que establece el Alto Tribunal han creado un revuelo tanto entre los inspectores de Hacienda como entre los expertos del mundo tributario. Las principales críticas de la Administración Tributaria se centran en avisar de que, si notifica al contribuyente el inicio de un procedimiento de inspección, se perderá el ‘factor sorpresa’ que tiene la entrada de la Inspección en el domicilio del contribuyente, aunque para el Supremo no es razón suficiente “como para autorizar la entrada en domicilios protegidos por nuestra Constitución”, recalca el socio de Ático Jurídico.

Pero la notificación del procedimiento no es el único requisito necesario para que un juez valide la entrada en un domicilio protegido. Según el Supremo, también es necesario que Hacienda justifique el motivo que fundamenta la entrada. “Es decir, no pueden autorizarse entradas en domicilios de carácter prospectivo (para ver qué se encuentra la Inspección)”, añade Salcedo.

El abogado recuerda que el Supremo ya estableció en la sentencia del año pasado que el órgano judicial debe justificar “la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida de entrada, sometiendo a contraste la información facilitada por la Administración, que debe ser puesta en tela de juicio, en su apariencia y credibilidad, sin que quepan aceptaciones automáticas, infundadas o acríticas de los datos ofrecidos. Sólo es admisible una autorización por auto tras el análisis comparativo de tales requisitos, uno a uno”.

En este sentido, el Alto Tribunal establece que “para autorizar la entrada, no pueden servir de base los datos o informaciones generales o indefinidos procedentes de estadísticas, cálculos o, en general, de la comparación de la situación supuesta del titular del domicilio con la de otros indeterminados contribuyentes o grupos de estos, o con la media de sectores de actividad en todo el territorio nacional, sin especificación o segmentación detallada alguna que avale la seriedad de tales fuentes”.

Para Salcedo, la nueva sentencia del Supremo confirma la línea hace un año y es “un espaldarazo a la inviolabilidad del domicilio de los contribuyentes”. Por tanto, cree que a partir de ahora la Inspección “tendrá mucho más difícil irrumpir, como hasta ahora venía haciendo, en el domicilio de las empresas y de los contribuyentes. En muchos casos, la Administración se beneficiaba del terror y desconcierto que tal entrada suponía. Y muchos son los contribuyentes que le permitieron campar a sus anchas por sus domicilios, sin saber si quiera sí hacían bien, o no. Y si podían negarse a tal entrada”.

Esta sentencia, insiste el abogado, no deja lugar a dudas al permitir que un contribuyente se niegue a una inspección, lo que exigirá a Hacienda contar con una autorización judicial y “pasar por el filtro impuesto por el Tribunal Supremo”. “A partir de ahora, los Juzgados mirarán con lupa las autorizaciones de entrada en domicilios protegidos que sean planteadas por la Inspección. Y éstas solo se concederán cuando se cumplan los estrictos requisitos impuestos por el Tribunal Supremo”, concluye José María Salcedo.