La realidad desmiente la afirmación de que 'Los gays votan a la izquierda', como ha llegado a afirmar Yolanda Díaz (Sumar). En los barrios LGTB+ más icónicos de Madrid y Barcelona y en los destinos turísticos más populares para el colectivo homosexual el apoyo a formaciones políticas de centroderecha ha sido mayoritario en las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo. En Chueca arrasó el PP, y en el Eixample de Barcelona se impuso el líder liberal Xavier Trías. En Torremolinos y San Bartolomé de Tirajana, donde están Maspalomas o Playa del Inglés, ganó el PP, y Junts adelantó al resto de formaciones en Sitges.

De la amplia oferta de viviendas a la venta en idealista, la que más presión de la demanda está recibiendo es aquella que no supera los 150.000 euros en las capitales de provincia, con datos del pasado trimestre. Algo natural, ya que el mayor volumen de stock en casi todas las ciudades se concentra en ese precio. Pero hay excepciones, como en Madrid, Sevilla, Zaragoza, o Murcia, donde hay una mayor demanda relativa hacia las viviendas que se venden por entre 150.000 y 300.000 euros.

Las zonas de mercado residencial tensionado y el límite a los alquileres mueren antes de nacer. La medida más polémica de la nueva Ley de Vivienda puede decir prácticamente adiós a sus efectos tras los resultados electorales de las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 28M. El Partido Popular ya había destacado que no aplicaría esta medida en las CCAA y ayuntamientos donde gobernase, y tras las votaciones, el mapa de España se vuelve azul en 10 CCAA, con el apoyo de Vox. El anuncio del adelanto electoral de las generales al 23 de julio podría llevar incluso a la derogación de la Ley de Vivienda, en caso de que ganase el PP.

Con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda aparecerán nuevos términos como los de vivienda asequible incentivada o las zonas de mercado residencial tensionado, que se centrará, sobre todo, en el alquiler. Se consolida la diferencia entre gran tenedor y pequeño propietario de vivienda y se establecen normas para la intermediación inmobiliaria o la ampliación del parque público de viviendas.

La Ley por el Derecho a la Vivienda ya es una realidad, pero no todas las medidas van a entrar en vigor de manera inmediata. La normativa con más cambios en el mercado residencial de los últimos tiempos llega con uno de los temas más polémicos para el sector: el tope a los alquileres y las zonas tensionadas. Desde el 26 de mayo de 2023, los intermediarios están obligados a suministrar datos sobre las viviendas y sus propietarios, mientras que las nuevas reducciones fiscales se activarán el 1 de enero de 2024, y no tendrán efecto en la renta hasta 2025. El límite a las rentas es una de las muchas medidas que, sin embargo, todavía están pendientes de activación, al estar supeditada a que las CCAA declaren zonas tensionadas de precios. Una declaración que exige una larga lista de condiciones y trámites.

La Ley por el Derecho a la Vivienda entrará en vigor el 26 de mayo de 2023 tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pese a sufrir criticas por gran parte del sector inmobiliario, traerá consigo una regulación de los desahucios, la posibilidad de gravar más a las viviendas vacías, confirma el tope a la actualización de rentas, nuevos incentivos fiscales para propietarios y creará uno nuevo índice de referencia, con el que se dirá adiós al IPC. La mayor polémica se centra en la figura del gran tenedor y dejar en manos de las CCAA la creación de zonas tensionadas de alquiler que supondrán un control al mercado de arrendamiento.

Para intentar aclarar el volumen de viviendas anunciadas recientemente por el presidente, Pedro Sánchez, y el grado de realidad en el que se encuentran, el Mitma ha publicado un mapa con los programas que tiene en marcha en materia de alquiler social o a precios asequibles, que suman en torno a 123.000 unidades. A ellas hay que añadir las 50.000 viviendas a movilizar por Sareb o las 11.000 del Fondo Social, que aportan bancos y otras entidades. De las 184.000 viviendas prometidas, menos de cuatro de cada 10 ofrecen están ya un alquiler social o se encuentran en distintas fases de desarrollo. Por lo tanto, más de 115.000 unidades aún tienen que levantarse o rehabilitarse en los próximos años.

La nueva Ley por el Derecho a la Vivienda ha traído consigo una fuerte crítica a la posibilidad que da de imponer límites a las rentas del alquiler en las zonas que se declaren tensionadas. Las asociaciones inmobiliarias, consultoras y agentes de la propiedad, bancos e incluso el Banco de España alertan del posible efecto contrario que podría suponer el control de precios sobre la oferta en arrendamiento. También, se cuestionan se invade competencias autonómicas, además del carácter confiscatorio contra la vivienda vacía, de no luchar contra la okupación y no abordar la profesionalización del sector.