La renovación de alquileres subirá un máximo del 2% hasta el 30 de junio

El Gobierno ha aprobado las medidas del plan para hacer frente a los efectos de la guerra en Ucrania que alcanzará los 16.000 millones de euros, y ya están publicadas en el BOE. La mayoría van encaminadas a reducir en los próximos tres meses el gasto de los hogares, como la bonificación en el combustible o los cambios en el mercado de la electricidad para abaratar la factura. Para el arrendamiento de viviendas, la renovación de los contratos se desvincula de la tasa del IPC hasta el 30 de junio, para dejarlo en una subida máxima del 2%.

El llamado ‘Plan de Choque de Respuesta a la Guerra’ tendrá un coste de 16.000 millones de euros, según ha adelantado el presidente del Gobierno durante un encuentro organizado por Europa Press y McKinsey & Company. "Este plan de choque se basa en cinco ejes que abarcan ayudas a familias, trabajadores, desplazados y al tejido empresarial, así como medidas en materia de transportes, ciberseguridad y energía", ha adelantado Pedro Sánchez. Cabe destacar que Calviño ha asegurado que las medidas se financiarán con cargo a los Presupuestos y ha afirmado que se irán adaptando las medidas según evolucione la situación.

El plan durará inicialmente hasta el 30 de junio, con unos 6.000 millones en ayudas directas y rebaja de impuestos, según ha cifrado el presidente, y otros 10.000 millones en créditos ICO para amortiguar impacto crisis.

Se desvinculan las rentas del alquiler de la tasa de inflación

Para el mercado de arrendamiento de viviendas incorpora una limitación del 2% a la subida de las rentas en la renovación de los contratos, desvinculándolo de la inflación durante los próximos tres meses, hasta el 30 de junio.

El pasado febrero, la inflación se anotó un nuevo récord desde los años 80 del 7,6%. Esto ha supuesto que a los inquilinos a los que les tocó la revisión anual de su contrato de arrendamiento vieron aumentar su alquiler mensual en 53 euros de media a partir, unos 636 euros al año.

El nuevo dato de lPC adelantado de marzo se conocerá el próximo 30 de marzo, un día después del Consejo de Ministros que va ampliar las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno. Las previsiones de Funcas para marzo hablan de un nuevo máximo de la inflación del 8,6%.

Si este Plan de Respuesta entra en vigor desde el 1 de abril, la tasa de inflación de marzo sí afectará a los contratos de alquiler a los que les toque la revisión anual referenciada al IPC.

Pero si aplicamos este límite del 2% de incremento de la renta a los alquileres medios en marzo, la subida a nivel nacional se quedaría en unos 14 euros al mes, es decir, unos 168 euros anuales.

En ciudades como San Sebastián, Barcelona o Madrid, el incremento de las rentas del alquiler en la renovación de contratos estaría ‘topado’ entre los 16 y los 18 euros mensuales, lo que supone entre 192 y los 216 euros anuales más.

Otras medidas que afectarán a los hogares será el aumento en un 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital para llegar a más familias vulnerables. También, se amplían los descuentos y beneficios para el bono social eléctrico a 600.000 nuevas familias, con lo que el Ejecutivo calcula que alcanzará los 1,9 millones de hogares.

Los expertos tildan la medida de artificial y perjudica a los propietarios

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “el Gobierno vuelve a cargar sobre los propietarios particulares lo que es responsabilidad de la Administración y obliga a que no se cumpla la cláusula de actualización de los contratos de alquiler. A falta de conocer la letra pequeña de la medida, el anuncio supone un nuevo varapalo para los arrendadores, que de nuevo vuelven a ver cómo cambian las reglas a mitad de partido y que en muchos casos provocará la retirada de sus viviendas del mercado ante la evidente inseguridad legal que supone".

"El efecto que puede lograr puede ser justo el inverso al deseado. La experiencia vivida en Cataluña ha demostrado que cualquier medida no incentivadora en el mercado del alquiler tiene consecuencias inmediatas como la retirada de producto del mercado, la subida de los precios y la dificultad al acceso para las personas que buscan una vivienda en alquiler, especialmente para los más vulnerables”, ha concretado Iñareta.

Para la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) “la mayoría de los propietarios nunca traslada de forma completa los incrementos del IPC a las rentas de sus alquileres. Con la aprobación de esta medida, se carga a los propietarios de vivienda en alquiler con el problema social de la vivienda, cuando es responsabilidad de las Administraciones Públicas. Esto se suma al actual marco regulatorio, que presiona al propietario, lo que redundará en una reducción de la oferta".

El sector del alquiler, como industria, también está sufriendo la subida de costes, como en electricidad, gas y materiales. Medidas de este tipo, junto a la inseguridad jurídica, solo provocarán, en el medio y largo plazo, una limitación y encarecimiento de la oferta de vivienda en alquiler, y piden que lo más apropiado sería limitar la subida de rentas al incremento de la inflación subyacente (en febrero fue del 3%).

Para la analista inmobiliaria, Beatriz Toribio, "esta medida plantea serias dudas legales, ya que la posibilidad de actualizar los alquileres según el IPC en aquellos contratos que así lo establezcan se recoge en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Y su impacto será difícil de medir, ya que en situaciones tan complicadas como la que vivimos, buena parte de los propietarios prefieren no trasladar las subidas del IPC a sus inquilinos a cambio de estabilidad y tranquilidad en el caso de que éstos tengan un perfil solvente".

"Este Gobierno tiene una tendencia a trasladar al sector privado las eventuales soluciones al problema del alquiler, cuando nuestro mercado está compuesto en un 80% por propietarios particulares que también sufren las consecuencias de una alta inflación, además de otros problemas como impagos, ocupación, etcétera. Si queremos alquileres más asequibles hay que apostar por medidas que fomenten la oferta y que den seguridad a los propietarios, sean particulares o profesionales", concreta la experta.

Otras medidas laborales y en materia de energía y transporte

Otras medidas que ayudarán a reducir el gasto de los hogares pasan por una bonificación para todos los conductores, con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible. El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras, un mínimo de 5 céntimos.

En cuanto a la factura de la luz, ha adelantado que España y Portugal "presentarán conjuntamente una medida excepcional y temporal para fijar un precio de referencia del gas", que abarate el precio final de la electricidad.

Esta medida "no supone subvencionar el gas, no rompe los incentivos para las renovables ni los flujos eléctricos entre países y permitirá a España y Portugal rebajar significativamente los precios de la electricidad de forma inmediata sin distorsionar el mercado de la electricidad de Europa", ha asegurado Sánchez durante el evento.

Además, se prórroga hasta el 30 de junio de la rebaja impositiva en la factura de la luz del tipo del IVA al 10% para los pequeños consumidores, el impuesto especial a la Electricidad al 0,5%, así como la suspensión del impuesto a la Generación Eléctrica.

Por otro lado, en el mercado laboral ha planteado medidas para limitar los despidos hasta junio, y ha adelantado que se volverá a acudir a la figura de los ERTE para que las empresas eviten la destrucción de empleos durante estos meses.

Además, se abre una nueva línea de avales de créditos ICO por una cantidad de 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles, y se extiende el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO y el plazo de carencia para los sectores más afectados.