Colau legaliza la okupación de un edificio en el barrio de Gracia y paga las obras de mejora

La okupación está en el foco de la actualidad y cada día se suman nuevos casos por todo el territorio español. El último vuelve a protagonizarse en Barcelona, y es que Ada Colau, alcaldesa de la ciudad, ha permitido que se legalice un local okupado del barrio barcelonés de Gracia. Según explican los vecinos del edificio y tal y como ha adelantado ABC, el local ha pasado de ser “una casa okupa pendiente de un desalojo a equipamiento juvenil regularizado y costeado por las arcas municipales”.

Según las mismas fuentes, el gobierno de Colau ha costeado la financiación de las obras en su interior y “ha tolerado impagos en la cuota casi simbólica que tienen que abonar ahora sus inquilinos”. El local de tres plantas está ubicado en el número 17 de la calle Nil i Fabra y es propiedad del Patronato Municipal de la Vivienda. Hasta hace unos años, el local había acogido una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

Al trasladarse, el espacio quedó vacío y el gobierno local llevaba tiempo con la idea, pero sin concreción, de destinarlo al barrio. En noviembre de 2015 y ya con Colau al frente de la alcaldía, el Casal Popular Tres Lliris, que había sido desalojado meses antes por los Mossos d’Esquadra de otra finca del barrio, lo okupó, pero las autoridades no hicieron nada al respecto.

La asociación empezó su lucha para hacerse formalmente con el local de Nil i Fabra de manera unilateral y consiguió abrir negociaciones con el equipo de Colau. Las conversaciones duraron más de un año, “durante el que se llegó a escuchar a los comunes alabar la acción del colectivo en favor del barrio”, según recoge el ABC. Finalmente, en 2017 el distrito de Gracia cedió formalmente el local municipal a la Asociación Joves de Gracia para que fuera usado como espacio para este colectivo.

La polémica operación levantó sospechas, ya que no se conoció ningún concurso ni consulta para que otras entidades pudieran optar al espacio. El Ayuntamiento comunicó la transformación como un “acuerdo fruto del diálogo” de año y medio tras la «reivindicación histórica» de los colectivos juveniles de Gracia.

El local, tras su concesión, tuvo que acondicionarse. El distrito costeó las obras y servicios, destinando casi 100.000 euros. Además, para malestar de los vecinos del barrio, los responsables municipales reconocieron que los arrendatarios no habían abonado el coste anual por la cesión del local en los años 2018 y 2019. El contrato estipulaba una renta anual de 665,50 euros a pagarse cada mes de enero. Una cantidad irrisoria, según los vecinos, que vieron “como un nuevo favor político de la administración Colau a los antisistema”.