Ley de Vivienda

El malestar en el mundo económico e inmobiliario va a más por las lecturas que hace Isabel Rodríguez, ministra de vivienda, de las estadísticas oficiales para mantener el relato de sus políticas. El último ejemplo es el freno a los pisos turísticos, que ha sido el blanco de duras críticas en las últimas horas tras conocerse el cambio de la referencia temporal de la serie estadística. Economistas y expertos inmobiliarios denuncian que la modificación sobre las viviendas de uso turístico (VUT) ha pasado de utilizar los meses febrero y agosto a centrarse en mayo y noviembre. Tal modificación no solo deja fuera el pico de la temporada turística, sino que además impide hacer comparativas superiores a 12 meses. Y no es un caso aislado: en los últimos meses hay casos relacionados con las VPO o el control de los alquileres.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha admitido este miércoles que hubiera aplicado el artículo 155 de la Constitución a las comunidades autónomas que no están aplicando la Ley de Vivienda, como la Comunidad de Madrid, si hubiera tenido mayoría en el Senado."Si hubiera tenido la mayoría en el

La Ley de Vivienda catalana empieza a dejar rastro más allá de los anuncios políticos. El Govern ha impuesto ya 13 sanciones por incumplimientos de la normativa, con un importe acumulado de unos 120.000 euros, en un movimiento que visualiza el arranque efectivo del régimen sancionador en un mercado del alquiler sometido a fuerte presión en Cataluña. El dato lo han hecho público los Comuns, que desde hace meses reclamaban que la administración autonómica activara de forma real las multas previstas en la regulación.

La lista de mercados tensionados crece en España con la incorporación de los municipios vascos de Hernani, Lezo y Tolosa, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En estas localidades, que apenas suman tres viviendas de alquiler disponibles en idealista, entran en vigor los topes de las rentas que incluye la Ley de Vivienda y elevan a 14 las zonas residenciales tensionadas en Euskadi. Además, el Departamento de Vivienda regional está trabajando en la tramitación de las declaraciones de Arrasate-Mondragón, Zestoa, Pasaia y Basauri.

Las cifras oficiales vuelven a poner sobre la mesa que los topes de los alquileres en las zonas tensionadas, una de las medidas estrella de la Ley de Vivienda de 2023, está provocando el hundimiento de la firma de nuevos contratos de arrendamiento. Al igual que ha sucedido en Cataluña, la entrada en vigor del control de las rentas ha provocado una caída del 70% de la firma de contratos, según el Observatorio de la Vivienda de Galicia. Los precios, por su parte, muestran una bajada, aunque el organismo no ofrece datos sobre la superficie media de los inmuebles arrendados. En el caso de la renta por m2, la estadística muestra una estabilización.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Govern balear contra determinados artículos de la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023 que consideraba que invadían competencias autonómicas. Se trata de la tercera sentencia sobre esta norma y avala los tres preceptos cuestionados: la construcción de vivienda pública como un uso compatible del suelo dotacional y obtener suelo para destinarlo a vivienda social; que las CCAA suministren al Estado información sobre los programas de acceso a la vivienda, y, por último, avala determinados requisitos de admisión de las demandas para recuperar la posesión de la vivienda.

El alquiler en Andalucía afronta uno de sus mayores cambios de los últimos años con la entrada en vigor de la Ley 5/2025 el próximo 24 de enero, que trae importantes novedades que afectan de lleno a propietarios, inquilinos y profesionales inmobiliarios. Por ejemplo, la norma suprime la obligación de ingresar la fianza de los arrendamientos de fincas urbanas. Hasta ahora, el procedimiento pasaba por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y el conocido Modelo 806, pero a partir de este mes será el propio arrendador quien conserve la fianza. La ley también apuesta por facilitar suelo, agilizar procedimientos y reforzar la colaboración público-privada para incrementar el parque residencial.

Pedro Sánchez ha reiterado la intención del Gobierno central de continuar interviniendo el mercado de la vivienda con el anuncio de tres medidas en un nuevo real decreto con bonificaciones fiscales para propietarios y acabar con el actual limbo de los alquileres de temporada y por habitaciones. Al presidente se le acumulan las tareas en materia de vivienda, ya que aún tiene pendientes de cumplir varias de las medidas "contundentes y sin precedentes" que anunció hace justo un año con más impuestos a socimis, el IVA a los pisos turísticos o cargas por la compra de vivienda de extracomunitarios no residentes en España.

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha lanzado una propuesta para agilizar los trámites de la conversión de oficinas y otros locales de uso no residencial en viviendas, al tiempo que ha defendido la idea de que España vuelva a ser un país de pequeños propietarios. Entre las medidas que propone para solucionar el problema de oferta en el sector, Nadal aboga por conceder incentivos adecuados para que haya suelo urbanizable y reducir los plazos de la burocracia para poder entregar viviendas y pide volver a políticas que incentiven la compra de vivienda, sobre todo, a jóvenes.

España cierra 2025 con más de 300 municipios declarados como zona tensionada en vivienda. Si durante el año pasado los topes a los alquileres se aplicaron de forma oficial en 271 localidades de Cataluña, en este ejercicio las limitaciones se han impuesto también en varias ciudades del norte del país. Entre ellas, las tres capitales vascas, Pamplona y A Coruña. La lista seguirá creciendo en los próximos meses, mientras los primeros datos oficiales de la Generalitat catalana muestran un desplome de la firma de nuevos contratos y más subidas de rentas.

El Pleno del Congreso, con la abstención del PSOE, ha rechazado admitir a trámite la proposición de ley de Sumar que suponía una reforma de la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España. Sumar defendía que la compraventa por parte de estos actores es más del doble que en el momento álgido de la burbuja de 2008. La propuesta ha sido respaldada por ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís en el Grupo Mixto. PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria han votado en contra, mientras que el PNV se ha abstenido, como el socio de Gobierno.

El 'think tank' de las economías avanzadas ha publicado un estudio sobre España donde resume varias recomendaciones para reducir la actual tensión en el mercado de la vivienda. La OCDE, por ejemplo, cuestiona la eficiencia de los límites a las rentas que establece la Ley de Vivienda, asegura que los incentivos para desarrollar viviendas asequibles son escasos y alerta de la complejidad de establecer impuestos a la vivienda vacía. También insiste en mejorar el enfoque de las ayudas públicas al alquiler y ampliar el parque en alquiler. "España necesitaría aproximadamente 1,5 millones de viviendas de alquiler social", asegura.

Los nuevos datos oficiales de la Generalitat de Cataluña confirman la tendencia de los anteriores trimestres: cada vez se firman menos contratos de alquiler y los precios mantienen la tendencia al alza. Según el Servicio de Estudios y Documentación de Vivienda catalán, entre abril y junio se firmaron 26.416 nuevos contratos de arrendamiento, un 9,8% menos que un año antes y un 13,1% menos que en los últimos tres meses de 2023, el último trimestre completo antes de que entrara en vigor el tope de las rentas. Mientras, las rentas crecen más de un 3% y marcan su segundo mayor dato de la serie histórica que arrancó hace dos décadas. La inmensa mayoría de las grandes ciudades de la autonomía cumple este patrón, incluida Barcelona.

La oferta de viviendas en venta y en alquiler escasea y no es suficiente para acoger a la creciente demanda para acceder a un hogar, mientras los precios de las casas han tocado máximos en este último año. No hay un único causante de esta tensión en el mercado, por mucho que el actual Gobierno quiera echar las culpas a los pisos turísticos, a los pequeños propietarios que alquilan sus casas o los compradores extranjeros. Las políticas de Pedro Sánchez se han convertido en una de las protagonistas principales de esta crisis de la vivienda, por su intervencionismo. Analizamos la situación del residencial cuando se cumplen dos años de la entrada de Isabel Rodríguez como ministra de Vivienda, justo a la mitad de la legislatura.

Sumar defenderá en el Pleno del Congreso de la próxima semana una proposición de ley que reforma la Ley de Vivienda de 2023 para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España. El portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, anunció el registro de esta propuesta legislativa en abril de este año con el objetivo de "poner freno" a la especulación en el mercado de la vivienda.

Otros dos municipios vascos se sumarán próximamente a la lista de mercados residenciales tensionados. La semana pasada, se publicó en el Boletín Oficial regional la declaración de Tolosa y Lezo, ambos localizados en la provincia de Guipúzcoa, como nuevas zonas tensionadas por parte del Ejecutivo de Euskadi, aunque no será definitiva hasta que se publique la resolución del Ministerio de Vivienda en el BOE, algo que se espera de cara a 2026. Entre ambas poblaciones suman cerca de 26.000 habitantes y Lezo no tiene viviendas de alquiler disponibles en idealista, mientras que Tolosa solo cuenta con un inmueble ofertado.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha señalado que la situación del mercado de la vivienda impacta en la confianza de los ciudadanos de la zona euro, lo que podría estar retrasando una recuperación más intensa del consumo que estimule el ritmo de crecimiento. Guindos recomienda analizar las regulaciones en vigor por si estuvieran lastrando la oferta en alquiler, que debería ser el primer amortiguador para aliviar la crisis inmobiliaria en toda Europa. También ha señalado a la vivienda como uno de las emergencias sociales en la eurozona, sobre todo para los jóvenes, por el aumento sustancial de los precios y la ausencia de un repunte en la construcción.

El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central llevan meses defendiendo el control de los alquileres en las zonas tensionadas de la región, poniendo a la capital catalana como el ejemplo de que las rentas están bajando. Pero lo que no han contado es que las cifras oficiales también tienen una ‘cara b’: las viviendas alquiladas cada vez son de menor superficie y el precio del m2 está subiendo en la ciudad en los últimos trimestres. “Es un desastre en todos los sentidos. Lo que no se puede hacer es engañar”, afirma Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Rovira i Virgili y director de su cátedra de vivienda.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha hecho oficinal la declaración como zonas de mercado residencial tensionado a Bilbao y Vitoria-Gasteiz, junto a las localidades de Astigarraga y Usurbil, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con ello, se unen a San Sebastián y, por tanto, el País Vasco ya cuenta con medidas para limitar los precios de los nuevos arrendamiento en sus tres capitales, como ya ocurre en las cuatro capitales catalanas, Pamplona y A Coruña. Estas nueva grandes ciudades encabezan los más de 300 municipios de toda España, localizados en Cataluña, Navarra, País Vasco y Galicia, con intervención estatal en el mercado libre del alquiler.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha respondido acerca de las críticas recibidas por el resto de partidos políticos por la campaña de publicidad sobre vivienda de su departamento y la creación de un nuevo teléfono gratuito para atender consultas de la ciudadanía sobre vivienda e informar sobre ayudas, a través del número 047. Rodríguez ha rechazado alimentar polémicas después de que Sumar pidiera que se hiciera a un lado, al tiempo que afirma asumir responsabilidades tras la polémica creada en torno a la campaña de publicidad #PorUnFuturoDigno.

Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), lidera la voz de las agencias inmobiliarias en España en un momento decisivo para el sector. Crítico con la Ley de Vivienda por la falta de consenso y la inseguridad jurídica que ha generado, advierte de que el mercado se enfrenta a un déficit estructural de oferta y a la necesidad urgente de medidas que fomenten la confianza y la profesionalización. En esta entrevista con idealista/news, Gómez Huecas cuenta cómo la digitalización, regulación homogénea y formación son, a su juicio, los pilares imprescindibles para garantizar el futuro de una actividad que representa más del 10% del PIB y que atraviesa una etapa de cambios profundos.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que espera consolidar un sistema público de acceso a la vivienda y ha mostrado su preocupación por el incremento de los precios en una reunión con agentes sociales para presentar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Al mismo tiempo, el Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa del PP con la que pide al Gobierno derogar la Ley de Vivienda aprobada en 2023, aunque siguen sin aprobarse medidas para acabar con la ocupación ilegal de viviendas y la inquiocupación.

El Partido Popular culpa a la Ley de Vivienda aprobada en 2023 de haber eliminado del mercado de alquiler residencial más de 120.000 pisos por el incremento de la "inseguridad jurídica", por lo que pedirá la próxima semana al Congreso su derogación. En concreto, la formación defenderá en el Pleno de la Cámara Baja una moción consecuencia de una interpelación urgente que el partido de Alberto Núñez Feijóo dirigió a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la última sesión plenaria.

El Govern ha dado luz verde a la ampliación del cuerpo de inspectores para reforzar la vigilancia sobre el tope a las rentas de los alquileres en las zonas tensionadas. Según ha anunciado Silvia Paneque, portavoz del Ejecutivo catalán y consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, la plantilla aumentará en 100 plazas, para lo que se destinarán 5,9 millones de euros. Estos funcionarios serán los encargados de detectar cuándo hay un incumplimiento de la normativa y de instruir los expedientes correspondientes, con sanciones que pueden alcanzar los 900.000 euros en los casos más graves.

Alquiler Seguro es la primera compañía inmobiliaria que responde de forma oficial a Pedro Sánchez. En una entrevista en TVE, el presidente del Gobierno ha afirmado que "en el mercado de la vivienda no funciona la ley de oferta y demanda", que ha quedado demostrado que es "un mercado libre inefi