Ley de Vivienda

Promotores reunidos en la primera edición del Foro Vivienda de 'Aprova Lab', celebrado en Valencia, han criticado la Ley de Vivienda, ya que consideran que "está ideologizada" y "no soluciona el problema actual". el presidente APCE España, Juan Antonio Gómez-Pintado, ha puesto el ejemplo de Cataluña, donde, en su opinión, "tienen una Ley similar a la impulsada por el Gobierno central y las consecuencias están siendo terribles: han desparecido un 54% de las viviendas que había en el mercado y el precio del alquiler ha subido sin control".

Laia Bonet es teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona del PSC, número tres en la lista a las municipales de Barcelona de Jaume Collboni y, de ganar las elecciones, quien se haría cargo de vivienda en el consistorio de la capital catalana. La máxima de Bonet para estos próximos cuatro años en Barcelona es levantar más de 70.000 viviendas en toda la ciudad. Si bien su voluntad es la misma que la del actual partido al frente del Consistorio, la forma en la que se hará cambia drásticamente: “necesitamos de la colaboración privada, el inmobiliario no puede ser enemigo”, ha explica Bonet en una entrevista con idealista/news.

La presidenta de la patronal de los promotores en Madrid, Carolina Roca, ha valorado de forma positiva las medidas que ha planteado el Gobierno para desarrollar miles de viviendas asequibles en los próximos años, pero ha recordado que, más allá de los anuncios en campaña electoral, es necesario que el sector público y el privado acuerden una estrategia a largo plazo para aumentar la oferta residencial. Ve necesario agilizar el desarrollo de suelos y la concesión de licencias y reducir la carga fiscal de la construcción de viviendas, y calcula que España necesita levantar cada año 75.000 unidades.

La Ley de Vivienda que ya está en el Senado para entrar en vigor antes de las elecciones del 28 de mayo incluye un artículo que afecta de lleno a las agencias inmobiliarias y que está sembrando de dudas a agentes de la propiedad, despachos de abogados y partidos de la oposición. Se trata del artículo 31, que obliga a los intermediarios a proporcionar información a los potenciales compradores o inquilinos sobre las características de los inmuebles y sus propietarios. Los expertos consultados creen que las exigencias que incluye la normativa incrementarán el trabajo administrativo de las inmobiliarias, ralentizarán las operaciones e incluso podrían provocar la desaparición de las agencias más pequeñas. Califican parte del artículo como un exceso innecesario y creen conveniente que se aclare qué tipo de información se debe suministrar.

El Informe Anual de 2022 del Banco de España incide en que la tenencia de vivienda en propiedad en nuestro país ha caído en los últimos años, sobre todo entre los jóvenes, y está provocando un aumento de la desigualdad. El organismo valora la llegada de la Ley de Vivienda pero avisa de que medidas como el control de rentas podría generar efectos indeseados a medio plazo, como la reducción del número y la calidad de los pisos disponibles en el mercado o un incremento en zonas no reguladas. Además, alerta de que otras iniciativas del Gobierno como los créditos ICO para las hipotecas, no son "una fórmula milagrosa para resolver los desajustes de acceso a la vivienda".

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha advertido a España de la necesidad de hacer frente a una crisis de la vivienda "de graves proporciones", abordando los problemas estructurales que dificultan el acceso a una vivienda adecuada, como el bajo stock de viviendas sociales, los altos costes del alquiler o la compra de una casa, los desalojos forzosos y el aumento de los niveles de personas sin hogar.

Tras más de un año de tramitación parlamentaria y casi un millar de enmiendas, el Gobierno ha conseguido desatascar el Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda, que ya está en el Senado y podría entrar en vigor antes de las elecciones del 28 de mayo. Entre sus medidas destacan los topes a los alquileres, la puesta en marcha de nuevas deducciones fiscales para arrendadores que cumplan determinadas condiciones, los cambios en la duración de los contratos o la sustitución del IPC por otro índice de referencia para actualizar las rentas. Esas son, según Natalia Tova, abogada de EY, las novedades que tendrán más impacto en la vida diaria.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha comparecido en rueda de prensa en La Moncloa tras el encuentro mantenido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con representantes del sector de la vivienda en España. Ha adelantado que llevará al Consejo de Ministros del 9 de mayo la línea de avales ICO para promover 43.000 viviendas, la cesión de suelos de Defensa para 20.000 unidades y el último anuncio del presidente del aval del 20% para compra de viviendas familias con hijos menores a cargo y jóvenes hasta 35 años.

El Senado debate esta semana una propuesta de Geroa Bai para crear una libreta de ahorro pública y remunerada que financie el desarrollo de nuevas viviendas de alquiler asequible. La coalición navarra ve difícil que se pueda edificar un parque de vivienda en alquiler asequible solo con los presupuestos de la Administración y propone crear un instrumento financiero que ofrezca un interés marcado por el Estado para conseguir recursos y, a la vez, remunerar el ahorro. También propone bajar el IVA a los promotores de viviendas públicas, industrializadas o eficientes.

Aunque son mucho los españoles que creen necesaria una normativa que regule el derecho a la vivienda, también estiman que lo más posible es que una de las principales consecuencias de la nueva Ley de Vivienda será la retirada de casas en alquiler (51%) y, por el contrario, lo menos probable que suceda es que se amplíe el mercado de alquiler social y asequible (44%). Esta es una de las principales conclusiones que se recogen en el informe “Percepciones de la nueva Ley de Vivienda” elaborado por el Grupo Mutua Propietarios.

Ignacio Ortiz, ingeniero de Caminos y miembro del Colegio de Caminos, analiza las claves de la nueva Ley de vivienda que se quiere aprobar definitivamente y de manera urgente antes del 28 de mayo. En su opinión, cerca del 60% de los hogares en nuestro país se encuentra en zonas tensionadas, es decir, en zonas donde se limitará los precios para todo tipo de propietarios. Además, estima que vamos camino de la renta antigua ante la eliminación de la vinculación del IPC a las actualizaciones de rentas.

El debate en España acerca del derecho a una vivienda digna y adecuada se ha distorsionado absolutamente a partir de la reciente aprobación en el Congreso de la Ley por el Derecho a la Vivienda, según Juan Ignacio López-Bas, portavoz de Vivienda de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, En su opinión, porque ante el difícil acceso a la vivienda, tanto en propiedad como de alquiler, nadie parece acertar con la solución para cumplir con el derecho a una vivienda digna. Cree que el límite al alquiler provocará una contracción en la oferta y una subida de los precios. Por eso, proponen incentivar económicamente a propietarios de inmuebles para que los pongan en alquiler.

Las reducciones fiscales que plantea la Ley de Vivienda para los pequeños propietarios no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2024 y, por tanto, no se harán efectivas hasta la declaración de la renta de ese ejercicio fiscal, que los contribuyentes presentarán dentro de dos primaveras. Destacan una rebaja de la reducción general del 60% al 50% por los rendimientos netos del alquiler, la posibilidad de alcanzar el 70% si la vivienda se alquila a menores de 35 años o el 90% si la renta se reduce al menos un 5% respecto al anterior contrato.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha admitido que la Ley de Vivienda aprobada por el Congreso de los Diputados no comportará una reducción importante del precio de los alquileres: "Es evidente que no provocaremos un desplome, una caída estrepitosa de los precios del alquiler". En su opinión, la intención es no retraer la oferta de vivienda, sino decir a los grandes tenedores que el precio del alquiler debe estar en condiciones razonables.

El Senado tiene la intención de tramitar la Ley de Vivienda por el procedimiento de urgencia, lo que acortaría los plazos de tal forma que podría quedar aprobada de manera definitiva en la sesión plenaria del 17 de mayo, en plena campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Los grupos del Senado tendrán hasta el jueves 4 de mayo como plazo improrrogable para presentar las enmiendas que estimen oportunas y sus propuestas de veto a esta Ley de Vivienda.

Nuevo paso delante de la Ley de Vivienda del Gobierno del PSOE y Podemos, que tras un año encallada en el Congreso de los Diputados resurge a poco más de un mes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. A falta de la votación en el Senado, la normativa trae el control de los alquileres en las zonas que se declaren tensionadas, un nuevo índice de referencia para actualizar las rentas y la reducción de la declaración de gran tenedor a cinco pisos en esas áreas de precio limitado. La oposición y el sector destacan que se olvida de los okupas y alejará a la oferta en arrendamiento.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) afirma que la nueva Ley de Vivienda provocará una reducción "drástica" de la oferta en el mercado del alquiler, entre otros muchos "efectos indeseados" que ha detectado como el incremento de la inseguridad jurídica o el aumento de otro tipo de alquileres en detrimento del residencial. La organización reitera en las desigualdades sociales y económicas entre autonomías, la desaparición de inmobiliarias y el perjuicio hacia los propios inquilinos por las limitaciones a los propietarios.

La secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, Isaura Leal, ha cerrado la puerta a la idea de su socio de Goboerno para incluir una enmienda transaccional en la Ley de Vivienda con el fin de regular también los pisos turísticos y aumentar las inspecciones de las viviendas destinadas al alquiler vacacional. En su opinión, esta regulación supondría una invasión de competencias que corresponden a ayuntamientos y comunidades autónomas, por lo que habría que plantear iniciativas en otro ámbito distinto de la ley estatal. Desde Podemos insisten en que si hay voluntad política se puede encontrar la "técnica legislativa adecuada".

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se suma a las voces que alertan de que el control de precios de los alquileres que plantea la Ley de Vivienda, que votará este jueves el Pleno del Congreso de los Diputados, puede provocar el efecto contrario al buscado. A pesar de que puede funcionar a corto plazo, de Cos pide tener una visión a medio y largo plazo en materia de vivienda y alerta que, en ese caso, puede lastrar la oferta e impactar en el resto de mercados donde no se aplican.

La Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO), también en contra de la Ley de Vivienda. La asociación transmite “el más firme rechazo al contenido de la ley de vivienda”. “En ningún caso, la Plataforma de Afectados por la Ocupación deja de compartir la necesidad del acceso a una vivienda digna de cualquier ciudadano, si bien, desde la legalidad y la gestión de las administraciones públicas”. La plataforma también ha dicho que esta norma “ignora” y “hunde” a los afectados por la okupación e inquiokupación.

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha afirmado que, en materia de vivienda, su grupo apuesta por eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y por una deducción de hasta el 95% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda a menores de 35 años. Según el partido político, el ITP supone una "barrera más" para los jóvenes que acceden a una vivienda, pues asegura que la compra de una primera vivienda puede conllevar el pago de unos 50.000 euros por este concepto.

La Ley de Vivienda encara la recta final de su tramitación parlamentaria. Tras pasarse más de un año paralizada en la Cámara Baja, el Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves la normativa, lo que supone el último trámite antes de pasar al Senado con el objetivo de que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Partidos como Vox y Ciudadanos han criticado las prisas del Gobierno para desatascar en pocas semanas la norma gracias a un acuerdo con ERC y Bildu.

El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria concluye que la Ley de Vivienda "intervendrá completamente" el mercado del alquiler, sin solucionar ninguno de sus problemas, agravándolos e introduciendo nuevos impedimentos. Desde el Observatorio señalan que establecer precios máximos "no tiene ningún sentido" y es una decisión económica "irracional" que conduce a distorsionar el libre mercado. Apuntan, además, que dichas distorsiones conllevarán una disminución de las transacciones.

La patronal del sector turístico pide que la Ley de Vivienda incorpore una regulación para la ordenación y el cumplimiento de la normativa autonómica a las viviendas de uso turístico (VUT) para que no se acabe produciendo un "trasvase" de viviendas de alquiler residenciales a turísticas. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, señala que es "imprescindible" su tramitación para no pervertir el uso de la ley.

La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso ha aprobado el informe de Ponencia de la Ley de Vivienda, con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu, en contra de PP, Vox, Ciudadanos, PDeCAT y Coalición Canaria y la abstención de PNV. Tras superar este trámite parlamentario, el dictamen de la comisión se elevará la próxima semana al Pleno del Congreso con la idea de enviarla de urgencia al Senado y que la norma esté en vigor antes de las elecciones del próximo 28 de mayo.