Ley de Vivienda

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha comparecido en rueda de prensa en La Moncloa tras el encuentro mantenido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con representantes del sector de la vivienda en España. Ha adelantado que llevará al Consejo de Ministros del 9 de mayo la línea de avales ICO para promover 43.000 viviendas, la cesión de suelos de Defensa para 20.000 unidades y el último anuncio del presidente del aval del 20% para compra de viviendas familias con hijos menores a cargo y jóvenes hasta 35 años.

El Senado debate esta semana una propuesta de Geroa Bai para crear una libreta de ahorro pública y remunerada que financie el desarrollo de nuevas viviendas de alquiler asequible. La coalición navarra ve difícil que se pueda edificar un parque de vivienda en alquiler asequible solo con los presupuestos de la Administración y propone crear un instrumento financiero que ofrezca un interés marcado por el Estado para conseguir recursos y, a la vez, remunerar el ahorro. También propone bajar el IVA a los promotores de viviendas públicas, industrializadas o eficientes.

Aunque son mucho los españoles que creen necesaria una normativa que regule el derecho a la vivienda, también estiman que lo más posible es que una de las principales consecuencias de la nueva Ley de Vivienda será la retirada de casas en alquiler (51%) y, por el contrario, lo menos probable que suceda es que se amplíe el mercado de alquiler social y asequible (44%). Esta es una de las principales conclusiones que se recogen en el informe “Percepciones de la nueva Ley de Vivienda” elaborado por el Grupo Mutua Propietarios.

Ignacio Ortiz, ingeniero de Caminos y miembro del Colegio de Caminos, analiza las claves de la nueva Ley de vivienda que se quiere aprobar definitivamente y de manera urgente antes del 28 de mayo. En su opinión, cerca del 60% de los hogares en nuestro país se encuentra en zonas tensionadas, es decir, en zonas donde se limitará los precios para todo tipo de propietarios. Además, estima que vamos camino de la renta antigua ante la eliminación de la vinculación del IPC a las actualizaciones de rentas.

El debate en España acerca del derecho a una vivienda digna y adecuada se ha distorsionado absolutamente a partir de la reciente aprobación en el Congreso de la Ley por el Derecho a la Vivienda, según Juan Ignacio López-Bas, portavoz de Vivienda de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, En su opinión, porque ante el difícil acceso a la vivienda, tanto en propiedad como de alquiler, nadie parece acertar con la solución para cumplir con el derecho a una vivienda digna. Cree que el límite al alquiler provocará una contracción en la oferta y una subida de los precios. Por eso, proponen incentivar económicamente a propietarios de inmuebles para que los pongan en alquiler.

Las reducciones fiscales que plantea la Ley de Vivienda para los pequeños propietarios no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2024 y, por tanto, no se harán efectivas hasta la declaración de la renta de ese ejercicio fiscal, que los contribuyentes presentarán dentro de dos primaveras. Destacan una rebaja de la reducción general del 60% al 50% por los rendimientos netos del alquiler, la posibilidad de alcanzar el 70% si la vivienda se alquila a menores de 35 años o el 90% si la renta se reduce al menos un 5% respecto al anterior contrato.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha admitido que la Ley de Vivienda aprobada por el Congreso de los Diputados no comportará una reducción importante del precio de los alquileres: "Es evidente que no provocaremos un desplome, una caída estrepitosa de los precios del alquiler". En su opinión, la intención es no retraer la oferta de vivienda, sino decir a los grandes tenedores que el precio del alquiler debe estar en condiciones razonables.

El Senado tiene la intención de tramitar la Ley de Vivienda por el procedimiento de urgencia, lo que acortaría los plazos de tal forma que podría quedar aprobada de manera definitiva en la sesión plenaria del 17 de mayo, en plena campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Los grupos del Senado tendrán hasta el jueves 4 de mayo como plazo improrrogable para presentar las enmiendas que estimen oportunas y sus propuestas de veto a esta Ley de Vivienda.

Nuevo paso delante de la Ley de Vivienda del Gobierno del PSOE y Podemos, que tras un año encallada en el Congreso de los Diputados resurge a poco más de un mes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. A falta de la votación en el Senado, la normativa trae el control de los alquileres en las zonas que se declaren tensionadas, un nuevo índice de referencia para actualizar las rentas y la reducción de la declaración de gran tenedor a cinco pisos en esas áreas de precio limitado. La oposición y el sector destacan que se olvida de los okupas y alejará a la oferta en arrendamiento.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) afirma que la nueva Ley de Vivienda provocará una reducción "drástica" de la oferta en el mercado del alquiler, entre otros muchos "efectos indeseados" que ha detectado como el incremento de la inseguridad jurídica o el aumento de otro tipo de alquileres en detrimento del residencial. La organización reitera en las desigualdades sociales y económicas entre autonomías, la desaparición de inmobiliarias y el perjuicio hacia los propios inquilinos por las limitaciones a los propietarios.

La secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, Isaura Leal, ha cerrado la puerta a la idea de su socio de Goboerno para incluir una enmienda transaccional en la Ley de Vivienda con el fin de regular también los pisos turísticos y aumentar las inspecciones de las viviendas destinadas al alquiler vacacional. En su opinión, esta regulación supondría una invasión de competencias que corresponden a ayuntamientos y comunidades autónomas, por lo que habría que plantear iniciativas en otro ámbito distinto de la ley estatal. Desde Podemos insisten en que si hay voluntad política se puede encontrar la "técnica legislativa adecuada".

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se suma a las voces que alertan de que el control de precios de los alquileres que plantea la Ley de Vivienda, que votará este jueves el Pleno del Congreso de los Diputados, puede provocar el efecto contrario al buscado. A pesar de que puede funcionar a corto plazo, de Cos pide tener una visión a medio y largo plazo en materia de vivienda y alerta que, en ese caso, puede lastrar la oferta e impactar en el resto de mercados donde no se aplican.

La Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO), también en contra de la Ley de Vivienda. La asociación transmite “el más firme rechazo al contenido de la ley de vivienda”. “En ningún caso, la Plataforma de Afectados por la Ocupación deja de compartir la necesidad del acceso a una vivienda digna de cualquier ciudadano, si bien, desde la legalidad y la gestión de las administraciones públicas”. La plataforma también ha dicho que esta norma “ignora” y “hunde” a los afectados por la okupación e inquiokupación.

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha afirmado que, en materia de vivienda, su grupo apuesta por eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y por una deducción de hasta el 95% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda a menores de 35 años. Según el partido político, el ITP supone una "barrera más" para los jóvenes que acceden a una vivienda, pues asegura que la compra de una primera vivienda puede conllevar el pago de unos 50.000 euros por este concepto.

La Ley de Vivienda encara la recta final de su tramitación parlamentaria. Tras pasarse más de un año paralizada en la Cámara Baja, el Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves la normativa, lo que supone el último trámite antes de pasar al Senado con el objetivo de que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Partidos como Vox y Ciudadanos han criticado las prisas del Gobierno para desatascar en pocas semanas la norma gracias a un acuerdo con ERC y Bildu.

El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria concluye que la Ley de Vivienda "intervendrá completamente" el mercado del alquiler, sin solucionar ninguno de sus problemas, agravándolos e introduciendo nuevos impedimentos. Desde el Observatorio señalan que establecer precios máximos "no tiene ningún sentido" y es una decisión económica "irracional" que conduce a distorsionar el libre mercado. Apuntan, además, que dichas distorsiones conllevarán una disminución de las transacciones.

La patronal del sector turístico pide que la Ley de Vivienda incorpore una regulación para la ordenación y el cumplimiento de la normativa autonómica a las viviendas de uso turístico (VUT) para que no se acabe produciendo un "trasvase" de viviendas de alquiler residenciales a turísticas. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, señala que es "imprescindible" su tramitación para no pervertir el uso de la ley.

La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso ha aprobado el informe de Ponencia de la Ley de Vivienda, con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu, en contra de PP, Vox, Ciudadanos, PDeCAT y Coalición Canaria y la abstención de PNV. Tras superar este trámite parlamentario, el dictamen de la comisión se elevará la próxima semana al Pleno del Congreso con la idea de enviarla de urgencia al Senado y que la norma esté en vigor antes de las elecciones del próximo 28 de mayo.

La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) considera que, si se confirman los términos en los que se ha hecho público el contenido de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, va a conseguir los efectos contrarios a los que pretende: afectará gravemente al desarrollo de vivienda nueva para alquiler y compra, debido a la inseguridad jurídica que genera.

El consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, ha afirmado que el problema del alquiler en España "hay que atajarlo" con un aumento de las ofertas de las viviendas disponibles para este fin, "más que acotar o limitar el importe del alquiler", y ha considerado que la propuesta de movilizar 50.00

La Comisión de Transportes y Movilidad Urbana se reunirá este jueves para deliberar la Ley de Vivienda y enviarla al Pleno de la semana que viene, con la idea de enviarla después de urgencia al Senado y que la norma esté en vigor antes de las Elecciones Autonómicas y Municipales del 28 de mayo. Distintos grupos se han quejado de este acelerón de los trámites, pues la ley llevaba bloqueada más de un año en el Congreso y ahora se pretende solventar en 10 días. El dictamen que cuenta con mayoría suficiente se elevará al Pleno del Congreso, donde se votará el día 27, según ha dejado ya fijado la Junta de Portavoces.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la financiación con fondos europeos de 43.000 viviendas destinadas al alquiler social y asequible. Sánchez ha señalado que serán tanto de nueva construcción como rehabilitadas y estarán financiadas con una nueva línea del ICO de 4.000 millones de euros, y que deberán cumplir en materia de eficiencia energética y cumplir con esta función social al menos 50 años. Esta iniciativa se une a las 50.000 viviendas procedentes de Sareb para aumentar el parque público residencial en arrendamiento recientemente aprobado en Consejo de Ministros.

La nueva Ley de Vivienda que ha pactado el Gobierno con ERC y Bildu , y que podría aprobarse en el Pleno del Congreso la próxima semana, incorporará en una disposición una batería de modificaciones legales para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran propietario, y se impedirán desalojos cuando no se haya intentado un acto de conciliación o intermediación con el inquilino. Será necesario acreditar la situación de vulnerabilidad para evitar el desahucio.

El Congreso ha acelerado la tramitación de la Ley de Vivienda y, tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición con ERC y Bildu, ha fijado un calendario con idea de aprobar el texto este jueves en comisión, la próxima semana en el Pleno y después de urgencia al Senado con idea de que esté en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.

La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) considera que la futura Ley de Vivienda es una "gran pérdida para la economía en general", ya que perjudicará a inquilinos, propietarios y a potenciales inversores. Por su parte, la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI), cree que "la experiencia ha demostrado que las medidas restrictivas respecto a los alquileres producen efectos nocivos que contribuyen a perjudicar a un sector de la población mucho más amplio que el que pudiera salir beneficiado con la adopción de las mismas”. Círculo Legal también está en contra: "la oferta se reducirá drásticamente".