Ley de Vivienda

José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), ha enfatizado durante el I Congreso de Derecho Inmobiliario organizado en Madrid la falta de un índice para actualizar las rentas de la vivienda en 2025. Este índice debe entrar en vigor en 2025, pero aún no se ha creado, lo que está provocando no sólo incertidumbre, sino también inseguridad entre propietarios e inquilinos. El consenso de los expertos que han participado en este evento coincide en reiterar que la Ley de Vivienda ha perjudicado al mercado y, sobre todo, al inquilino al provocar una retirada de inmuebles en el mercado.

Economistas, inversores, asociaciones y la Administración madrileña se han dado cita en la sede del Colegio de Economistas de Madrid, donde han repasado las consecuencias de la Ley de Vivienda en la oferta de pisos de alquiler y la inseguridad jurídica que está generando en su primer año y medio en vigor. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, ha pedido suspender su aplicación mientras el mercado se recompone y se replantea una nueva normativa, mientras que Helena Beunza, exsecretaria de Vivienda , ha afirmado que "el control de precios debería estar limitado en tiempo y espacio" y ha reconocido que no hay dinero público suficiente como para construir las viviendas que demanda la sociedad, de ahí que sea necesario atraer al capital privado.

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha avisado al Gobierno de que su formación no aceptará una reedición del decreto anticrisis para las nuevas ayudas por las consecuencias del temporal que incluya un gravamen a las empresas energéticas no concertado con las haciendas forales de Euskadi y Navarra. Esteban también ha avisado de los riesgos que conlleva amparar a los inquilinos que abusan de la legislación, como en algunos casos de inquiokupación que generan falta de seguridad jurídica que contribuye a la actual escasez de oferta de alquiler.

Nadie discute que es urgente poner en el mercado más vivienda en alquiler a precios asequibles y que es precisa la colaboración del sector privado. Lourdes Barriuso, abogado especialista de derecho inmobiliario en Barriuso Legal, afirma que la figura de la vivienda asequible incentivada dentro de la Ley de Vivienda necesita de una "necesaria regulación, verdaderamente incentivadora para que promotores o pequeños propietarios de pisos vacíos, opten por arrendar a precios por debajo de mercado".

A punto de cumplirse año y medio de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, Cataluña es la única autonomía que ha impuesto la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en 271 municipios en los que se aplican limitaciones a las subidas de los precios de los alquileres. Ahora, País Vasco y Navarra han anunciado que inician los trámites con el Gobierno Central para declarar zonas tensionadas en sus capitales de provincia y varios otros municipios.

El Partido Socialista ha publicado los objetivos y metas que presentará en el 41º Congreso Federal del PSOE que se celebrará a finales del noviembre. En materia de vivienda se desgrana alcanzar para 2030 un parque público de vivienda que supere el 6% del total, rehabilitar 1,5 millones de viviendas antes de que termine la década y eliminar todas las viviendas turísticas ilegales. Además de impulsar la actual Ley de Vivienda, dando potestad a los ayuntamientos para declarar zonas residenciales tensionadas. En materia fiscal, quiere impulsar un impuesto progresivo a partir de la tercera vivienda, desgravaciones por rehabilitar o sacar vivienda vacía al mercado de alquiler.

La Junta de Gobierno Local de San Sebastián ha aprobado solicitar al Gobierno vasco que la ciudad sea declarada en su totalidad zona de mercado residencial tensionado. El alcalde, Eneko Goia, ha destacado que se trata de un "instrumento valido", pero ha advertido de que "un problema tan complejo como el de la vivienda difícilmente se soluciona con una ley" y ha pedido que no se crea que "esto es la panacea" para resolverlo. Según el regidor municipal, el coste del alquiler, más los gastos y suministros básicos, suponen de media un 31,6% de los ingresos de los hogares de San Sebastián.

El Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM) ha celebrado una jornada sobre los cambios que ha introducido la Ley de Vivienda, en vigor desde hace un año y medio. Y la principal conclusión a la que han llegado los profesionales madrileños es que la normativa va "en detrimento del propietario y en favor del inquilino", está favoreciendo la inquiokupación y está provocando que grandes y pequeños tenedores de viviendas cada vez tengan más complicado ofrecer sus inmuebles en alquiler. 

El pleno del Parlamento navarro ha dado luz verde para que el Gobierno regional inicie el proceso para declarar "cuáles son las zonas tensionadas" en el mercado de la vivienda. Según ha afirmado María Chivite, presidenta de Navarra, el objetivo es que el trámite se inicie antes de final de año y ha afirmado que "es un proceso que lleva todo un trámite de participación, de información y de trabajo conjunto". La presidenta autonómica ha insistido en que con este proceso permitirá "actuar sobre la contención en el incremento de los precios, bien sea de alquiler o de venta".

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven que el Gobierno aprobó la semana pasada y ha asegurado que nadie ha podido demostrar que esta ayuda esté inflando los precios del alquiler. Durante su comparecencia ha defendido que no se está produciendo una disminución de la oferta de viviendas, sino de "rigidez", porque los inmuebles no están saliendo del mercado, sino que están cambiando de destino hacia otro tipo de arrendamientos y que los contratos son más "estables". Además, ha propuesto a las CCAA blindar la vivienda pública y sacar más suelo al mercado entre las críticas del resto de partido de la Cámara.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha indicado que el índice para regular la actualización anual de los contratos, que se está elaborando por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), está pendiente de "ultimarse" a la espera de la supervisión también de los equipos técnicos del Ministerio de Economía y del MIVAU. El presidente Pedro Sánchez y la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez se reúnen con 30 organizaciones y asociaciones sociales un día antes de la comparecencia de Rodríguez en el Congreso centrada en la vivienda ante las críticas de la oposición y del socio de Gobierno.

Esquerra Republicana ha vuelto a registrar en el Congreso la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para limitar el alquiler de temporada y habitaciones que hace un mes presentó Sumar junto a otros socios parlamentarios y tumbaron PP, Vox, UPN y Junts. La nueva proposición de ley con algunas modificaciones respecto al texto anterior, como elevar de seis a nueve meses el periodo máximo de los contratos de este tipo de arrendamientos o permitir que las CCAA hayan desarrollado legislación propia puedan aplicar su normativa para respetar la división competencial. Mientras, el Gobierno prepara un registro de los alquileres de corta duración.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirán este 22 de octubre con 30 organizaciones sociales para abordar el problema de la vivienda en España. Acudirán patronales bancarias, de la construcción, sindicatos y otras organizaciones del sector de la vivienda.

La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abierto una investigación a empresas de gestión del alquiler de viviendas que operan en todo el territorio español por obligar a los inquilinos a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento o por firmar contratos temporales sin que dicha temporalidad estuviera justificada. El Ejecutivo recuerda que estas comisiones están prohibidas por los cambios en la LAU realizados por la Ley de vivienda, y suponen un abuso, según la Ley de Defensa de los Consumidores, con sanciones que podrían ir de los 100.000 euros hasta un millón de euros.

Han pasado algo más de cinco años desde que se comenzara a intervenir el mercado del alquiler y el impacto no sólo no ha sido el deseado, sino que ha empeorado todas las métricas, tal y como señala Francisco Iñareta, portavoz de idealista. La primera medida fue la aprobación de los cambios en la LAU en marzo de 2019, que alargó los contratos desde los tres años hasta los cinco o siete años. Después han venido una batería de decretos y medidas que culminaron con la aprobación de la Ley de Vivienda en 2023. En idealista apostamos por dar un golpe de timón a las políticas de alquiler, retirar todas las medidas dañinas y comenzar un nuevo rumbo basado en datos, en el equilibrio entre las partes y en la opinión de los expertos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "tiempo" y "compromiso" de todas las Administraciones para impulsar el parque de vivienda pública, que en España es siete puntos inferior a la media europea, en una respuesta en la sesión de control al Gobierno del PNV. Su portavoz, Aitor Esteban, ha exigido al jefe del Ejecutivo "retoques" en la Ley de Vivienda, que "ha asustado" a muchos propietarios, para mejorar la seguridad jurídica en el sector ante los "agujeros" al no regular los pisos turísticos o de temporada.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha presentado en Consejo de Ministros el Real Decreto que regula los alquileres de corta duración, donde se incluyen el alquiler turístico, de temporada o los de habitaciones, y que pretende estar en vigor antes de final de año. La normativa desarrolla la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para que las viviendas que quieran arrendarse en alguna de estas opciones obtengan un número de registro para poder comercializarse en las plataformas de gestión.

El Gobierno autonómico de Asturias ya trabaja en la declaración de zona de mercado residencial tensionado en Gijón, tras la petición realizada por el Ayuntamiento de la ciudad más grande del Principado, según ha confirmado en sede parlamentaria el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. Por otro lado, la alcaldesa de A Coruña ha afirmado que el Consistorio presentará a la Xunta de Galicia la declaración para solicitar las medidas para controlar los precios de los alquileres en la ciudad herculina.

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso instando a desarrollar una norma con rango de ley que garantice la calificación permanente de las viviendas protegidas, impidiendo que las comunidades autónomas puedan revocarla, una medida que se incluyó en la Ley de Vivienda de 2023 pero que el Tribunal Constitucional tumbó por suponer una invasión de las competencias autonómicas.

José Ignacio Morales es socio y cofundador de Terrano Capital, un fondo que se ha marcado el objetivo de invertir hasta 1.000 millones de euros en la compra de suelo para desarrollar vivienda asequible. En esta entrevista, el exCEO de Vía Célere asegura que el desequilibrio entre la oferta y la demanda tiene difícil solución a corto plazo, lo que seguirá tensionando los precios, e insiste en la necesidad de despolitizar la vivienda y que la Administración trabaje con el sector para sacar más suelo al mercado, reforzar la seguridad jurídica y atraer más inversión. También desvela su intención de levantar otros 1.000 millones para financiar la construcción de nuevas promociones residenciales.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha ofrecido a Esquerra Republicana (ERC) desarrollar antes de terminar el año un reglamento que limite el alquiler de temporada, pero sin vulnerar las competencias que en esta materia tienen las CCAA. La portavoz de Vivienda de ERC, Pilar Vallugera, ha adelantado que su grupo presentará una proposición de ley con este propósito, similar a la que recientemente tumbaron PP, Vox y Junts. Tanto la ministra como la diputada catalana ha afirmado que muchos pisos que ofrecían alquiler habitual se han ido hacia los arrendamiento de temporada para así no atenerse a las regulaciones de la Ley de Vivienda.

El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación administrativa urgente del Proyecto de Real Decreto por el que se crea la 'Ventanilla Digital Única de Arrendamientos' y se regula la recogida e intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler y alojamientos de corta duración. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ya confirmó que el Ejecutivo se plantea introducir los alquileres de temporada (aquellos arrendamientos que tienen una duración inferior a un año) en este registro obligatorio junto a los pisos turísticos.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado las medidas en materia de vivienda presentadas por el Partido Popular la semana pasada y ha acusado al partido de querer bajar el precio del alquiler poniéndoselo "más complicado" a los que "peor lo pasan", en referencia a una de las medidas en materia de vivienda presentada por los populares, que busca rebajar el requisito de vulnerabilidad económica a 1.050 euros, 1,5 veces el Iprem, frente a los 1.800 euros actuales para facilitar el desalojo.

Cataluña contará a partir del 9 de octubre con un total de 271 municipios en los que se limitará el precio de los alquileres. Otras 131 localidades se suman a las 140 poblaciones que ya se declararon como zona tensionada en Cataluña desde el pasado mes de marzo, con la publicación del listado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Más del 90% de la población en Cataluña se encontrará en zonas de mercado residencial tensionado, una medida de control de precios que permite la Ley de Vivienda a las CCAA.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que este mes de octubre presentará un plan integral para el acceso a la vivienda en España ante el "fracaso" del Gobierno de Pedro Sánchez, cuyas medidas han "empeorado el problema". En especial, ha subrayado las dificultades con las que se encuentran los jóvenes para acceder a una vivienda y ha señalado que su propuesta incluirá medidas dirigidas a ellos porque "hoy se les está fallando". Feijóo ha adelantado que su plan pretende ampliar la oferta, garantizar la seguridad jurídica o disminuir la burocracia urbanística y propone una mesa de diálogo entre Administraciones, bancos, expertos y el sector.