Ley de Vivienda

La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abierto una investigación a empresas de gestión del alquiler de viviendas que operan en todo el territorio español por obligar a los inquilinos a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento o por firmar contratos temporales sin que dicha temporalidad estuviera justificada. El Ejecutivo recuerda que estas comisiones están prohibidas por los cambios en la LAU realizados por la Ley de vivienda, y suponen un abuso, según la Ley de Defensa de los Consumidores, con sanciones que podrían ir de los 100.000 euros hasta un millón de euros.

Han pasado algo más de cinco años desde que se comenzara a intervenir el mercado del alquiler y el impacto no sólo no ha sido el deseado, sino que ha empeorado todas las métricas, tal y como señala Francisco Iñareta, portavoz de idealista. La primera medida fue la aprobación de los cambios en la LAU en marzo de 2019, que alargó los contratos desde los tres años hasta los cinco o siete años. Después han venido una batería de decretos y medidas que culminaron con la aprobación de la Ley de Vivienda en 2023. En idealista apostamos por dar un golpe de timón a las políticas de alquiler, retirar todas las medidas dañinas y comenzar un nuevo rumbo basado en datos, en el equilibrio entre las partes y en la opinión de los expertos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "tiempo" y "compromiso" de todas las Administraciones para impulsar el parque de vivienda pública, que en España es siete puntos inferior a la media europea, en una respuesta en la sesión de control al Gobierno del PNV. Su portavoz, Aitor Esteban, ha exigido al jefe del Ejecutivo "retoques" en la Ley de Vivienda, que "ha asustado" a muchos propietarios, para mejorar la seguridad jurídica en el sector ante los "agujeros" al no regular los pisos turísticos o de temporada.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha presentado en Consejo de Ministros el Real Decreto que regula los alquileres de corta duración, donde se incluyen el alquiler turístico, de temporada o los de habitaciones, y que pretende estar en vigor antes de final de año. La normativa desarrolla la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para que las viviendas que quieran arrendarse en alguna de estas opciones obtengan un número de registro para poder comercializarse en las plataformas de gestión.

El Gobierno autonómico de Asturias ya trabaja en la declaración de zona de mercado residencial tensionado en Gijón, tras la petición realizada por el Ayuntamiento de la ciudad más grande del Principado, según ha confirmado en sede parlamentaria el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. Por otro lado, la alcaldesa de A Coruña ha afirmado que el Consistorio presentará a la Xunta de Galicia la declaración para solicitar las medidas para controlar los precios de los alquileres en la ciudad herculina.

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso instando a desarrollar una norma con rango de ley que garantice la calificación permanente de las viviendas protegidas, impidiendo que las comunidades autónomas puedan revocarla, una medida que se incluyó en la Ley de Vivienda de 2023 pero que el Tribunal Constitucional tumbó por suponer una invasión de las competencias autonómicas.

José Ignacio Morales es socio y cofundador de Terrano Capital, un fondo que se ha marcado el objetivo de invertir hasta 1.000 millones de euros en la compra de suelo para desarrollar vivienda asequible. En esta entrevista, el exCEO de Vía Célere asegura que el desequilibrio entre la oferta y la demanda tiene difícil solución a corto plazo, lo que seguirá tensionando los precios, e insiste en la necesidad de despolitizar la vivienda y que la Administración trabaje con el sector para sacar más suelo al mercado, reforzar la seguridad jurídica y atraer más inversión. También desvela su intención de levantar otros 1.000 millones para financiar la construcción de nuevas promociones residenciales.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha ofrecido a Esquerra Republicana (ERC) desarrollar antes de terminar el año un reglamento que limite el alquiler de temporada, pero sin vulnerar las competencias que en esta materia tienen las CCAA. La portavoz de Vivienda de ERC, Pilar Vallugera, ha adelantado que su grupo presentará una proposición de ley con este propósito, similar a la que recientemente tumbaron PP, Vox y Junts. Tanto la ministra como la diputada catalana ha afirmado que muchos pisos que ofrecían alquiler habitual se han ido hacia los arrendamiento de temporada para así no atenerse a las regulaciones de la Ley de Vivienda.

El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación administrativa urgente del Proyecto de Real Decreto por el que se crea la 'Ventanilla Digital Única de Arrendamientos' y se regula la recogida e intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler y alojamientos de corta duración. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ya confirmó que el Ejecutivo se plantea introducir los alquileres de temporada (aquellos arrendamientos que tienen una duración inferior a un año) en este registro obligatorio junto a los pisos turísticos.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado las medidas en materia de vivienda presentadas por el Partido Popular la semana pasada y ha acusado al partido de querer bajar el precio del alquiler poniéndoselo "más complicado" a los que "peor lo pasan", en referencia a una de las medidas en materia de vivienda presentada por los populares, que busca rebajar el requisito de vulnerabilidad económica a 1.050 euros, 1,5 veces el Iprem, frente a los 1.800 euros actuales para facilitar el desalojo.

Cataluña contará a partir del 9 de octubre con un total de 271 municipios en los que se limitará el precio de los alquileres. Otras 131 localidades se suman a las 140 poblaciones que ya se declararon como zona tensionada en Cataluña desde el pasado mes de marzo, con la publicación del listado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Más del 90% de la población en Cataluña se encontrará en zonas de mercado residencial tensionado, una medida de control de precios que permite la Ley de Vivienda a las CCAA.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que este mes de octubre presentará un plan integral para el acceso a la vivienda en España ante el "fracaso" del Gobierno de Pedro Sánchez, cuyas medidas han "empeorado el problema". En especial, ha subrayado las dificultades con las que se encuentran los jóvenes para acceder a una vivienda y ha señalado que su propuesta incluirá medidas dirigidas a ellos porque "hoy se les está fallando". Feijóo ha adelantado que su plan pretende ampliar la oferta, garantizar la seguridad jurídica o disminuir la burocracia urbanística y propone una mesa de diálogo entre Administraciones, bancos, expertos y el sector.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha indicado que es "un poco pronto" para tener "datos duros" o "evidencia suficiente" para ver el efecto del tope a los precios del alquiler en zonas tensionadas, que ya se está aplicando en algunas poblaciones de Cataluña. País Vasco ha sido la siguiente autonomía en empezar a declarar mercados residenciales tensionados. El ministro se adhiere a las declaraciones del gobernador del Banco de España, que afirmó que no le constaba que topar el alquiler impactara positivamente en el precio de las rentas, y cuestiona las afirmaciones de la consejera de Vivienda Cataluña, Sílvia Paneque, que avanzó que los precios en dichas zonas ya había bajado entre un 3% y un 5%.

El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha adelantado que su Ejecutivo prevé declarar "zona tensionada" en materia de vivienda a lo largo de estos meses a las tres capitales de provincia del País Vasco, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, así como Galdácano (Vizcaya) e Irún, Zumaya y Lasarte-Oria (Guipúzcoa). Vitoria y Bilbao ya han trasladado su intención y están trabajando en los expedientes, según el consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, mientras se espera que San Sebastián e Irún acuerden en breve solicitar la declaración de zona tensionada que permite la Ley de Vivienda.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha afirmado en declaraciones a Onda Cero que "no le consta que exista una prueba empírica que demuestre que topar los precios del alquiler en zonas tensionadas tenga un impacto positivo sobre los precios del alquiler". Escrivá ha afirmado que, al ser un tema que preocupa económica y socialmente, el Banco de España tiene varios proyectos de investigación en marcha sobre este asunto. "De lo que sí hay evidencia es que faltan viviendas. Hay una insuficiencia de viviendas para el número de hogares que se están creando, hay un desajuste entre oferta y demanda", ha subrayado el gobernador.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana premiará a las comunidades autónomas que apliquen la Ley de Vivienda y declaren zona tensionada con más fondos para desarrollar acciones particulares, en cumplimiento de la Ley de Vivienda, y aleja la posibilidad de castigar a las autonomías insumisas. La ministra Isabel Rodríguez ha vuelto a reprochar a las comunidades que no quieran declarar zonas tensionadas, y las gobernadas por el PP han respondido con un comunicado en el que rechazan el intento del Gobierno de imponer sus políticas de vivienda.

Todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP han firmado un comunicado conjunto, previo a la Conferencia Sectorial de Vivienda que se celebra este jueves, para expresar su rotundo rechazo ante "el intento del Gobierno de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda". Las autonomías gobernadas por los 'populares' se reafirman en su negativa a declarar 'zonas tensionadas' en sus territorios, rechazando así intervenir los precios de los alquileres al considerar que este tipo de medidas elevan los precios y recortan la oferta de vivienda.

José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), explica en esta entrevista las consecuencias que está teniendo la Ley de Vivienda en el mercado y que no ve necesario regular los alquileres temporales como pretende el Gobierno, puesto que los tribunales ya han aclarado las condiciones que deben darse para que sean considerados como tales. También cree que el uso de garantías públicas animaría a los propietarios a sacar viviendas a precios asequibles, defiende las ventajas de la gestión profesional y descarta una bajada de las rentas ante la inseguridad jurídica.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha avanzado algunos puntos más de la Ley de Vivienda que el principal partido de la oposición pretende presentar en breve en el Congreso. La norma incluye incentivos fiscales para favorecer la salida de viviendas vacías al mercado y para las donaciones de familias para la compra de una casa. También apuesta por eliminar las zonas de mercado residencial tensionado de la actual normativa y reducir el umbral de vulnerabilidad a los 1.080 euros de ingresos, lo que endurecería los requisitos, pero estimulará más vivienda en el mercado, según la portavoz del PP.

La localidad guipuzcoana de Rentería se ha convertido en el primer municipio del País Vasco en ser declarado "zona de mercado tensionado" que permite la Ley de Vivienda. Pero lo más paradójico es que actualmente hay cero viviendas en alquiler en este municipio. Se va a aplicar un control de precios a un mercado inexistente. Un estudio del Observatorio Vasco de la Vivienda afirmaba que 41 localidades de la región cumplían con los requisitos para aplicar medidas como topar los precios de los nuevos contratos, prorrogar los actuales alquileres o establecer mayores controles a los grandes tenedores. Sin embargo, actualmente no hay en Rentería viviendas en alquiler anunciadas en idealista. El Ejecutivo vasco afirma que ha iniciado los procesos para declarar zonas tensionadas también a Zumaia, Galdakao y Lasarte-Oria.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular (PP), Paloma Martín, ha calificado las declaraciones de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, sobre retirar fondos estatales a las comunidades que no apliquen la Ley de Vivienda de "irresponsables y populistas y ha pedido a la titular de Vivienda una rectificación inmediata". Para Martín, las CCAA (salvo Cataluña) no han aplicado el Índice de Precios de los Alquileres ni han declarado las zonas de mercado residencial tensionado porque "conocen la realidad y saben que intervenir el mercado agravaría la situación de la vivienda en España".

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha amenazado a las CCAA que no cumplan con la Ley de Vivienda con no recibir financiación estatal para sus políticas de vivienda. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que limitar los precios "es un atentado contra la propiedad". Fuentes del mercado afirman que “el ministerio se equivoca si pretende usar la estrategia del palo y la zanahoria con las comunidades: seis años de medidas fallidas han demostrado que el camino no es tomar más medidas contra los propietarios sino lo contrario. La estrategia más adecuada para cuidar al inquilino es proteger al propietario, justo lo contrario de lo que está haciendo el ministerio”.

Jorge Ginés, director general de ASPRIMA , afirma que la historia de Bruce Farrer es maravillosa. Este profesor de profesión, allá por el año 1962, mandó a sus alumnos el ejercicio de imaginarse cómo serían 20 años después. A partir de 1982 (cuando se cumplían los 20 años) envió más de 2.000 cartas a sus alumnos para recordarles cuáles eran sus ilusiones. Por ello, Ginés escribe en idealista/news una carta sobre cómo será el inmobiliario de aquí a 10 años. Confía en que se haya firmado un gran pacto de Estado, que se haya aprobado la Ley del Suelo y se haya regulado la ocupación, entre otras medidas.

Andalucía tendrá una nueva Ley de Vivienda en 2025. Juanma Moreno, presidente de la Junta, ha anunciado en el IV Congreso Nacional de Vivienda de la APCE en Málaga que espera que la nueva normativa sea una realidad en el primer semestre del próximo año. El texto irá destinado a generar más suelo, incrementar la oferta residencial y poner en alquiler más viviendas protegidas, y estará consensuado con los colegios profesionales. Moreno ha insistido en que la Administración tiene que "poner todos los esfuerzos para reducir el desequilibrio entre oferta y demanda".

Vox defenderá esta semana en el Pleno del Congreso una propuesta para eliminar el IVA en la adquisición de una primera vivienda y reinversión habitual y bonificar el 100% de la cuota tributaria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la compra de primera vivienda y reinversión en vivienda, pero siempre que sea "por parte de un español", dejando así excluidos de este beneficio fiscal a los extranjeros. Además, propone destinar a alquiler social tanto viviendas como el suelo urbanizable procedente de Sareb.