Ley de Vivienda

La vivienda ha sido uno de los puntos más destacados de la política nacional desde que Pedro Sánchez empezara a gobernar en 2018. En estos seis años se han aplicado cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), ha llegado la primera Ley de Vivienda estatal o el bono de alquiler joven. Además, con la llegada de la pandemia y la guerra en Ucrania se suspendieron los desahucios o se topó la subida de las rentas, mientras ahora se pretende eliminar la ‘golden visa’ y avalar la compra de la primera vivienda a jóvenes y familias. Todo este intervencionismo ha disparado la inseguridad en el mercado residencial, con una ‘espantada’ de la oferta y precios cada vez más altos ante una demanda que sigue buscando casa.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y otros altos cargos del MIVAU han mantenido este 18 de junio un encuentro con el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, con quien han abordado aspectos relacionados con la Ley por el Derecho a la Vivienda y la labor de los agentes inmobiliarios. Esta reunión se produce dos meses después de que el Ejecutivo citara en La Moncloa a la patronal de la construcción y asociaciones de promotores y gestores de viviendas.

La Ley de Vivienda ya ha cumplido un año desde que entró en vigor y expertos como José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) lamentan sus consecuencias negativas: subidas del precio de los alquileres, aumento de alquileres turísticos o de habitaciones no consentidos, oproliferación de las 'inquiokupaciones'. En su opinión, una vía rápida para aumentar la oferta de pisos en alquiler pasa por recuperar la deducción en el IRPF por la compra de una primera vivienda y también de una segunda residencia si ésta se destina al alquiler.

El PSOE ha rechazado en el Congreso una iniciativa de Sumar para que las entidades locales puedan declarar como tensionada una zona de mercado residencial cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda, aunque la comunidad autónoma no actúe. Lo que sí se ha aprobado en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja son varias iniciativas del PP relativas a la lucha contra la okupación y para derogar la suspensión de desahucios, con el único apoyo de Vox, y ante la ausencia de Junts, Bildu y PNV, para superar a PSOE, Sumar, ERC y Podemos, lo que sigue demostrando la fragilidad de los pactos que necesita el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Se le acumula el trabajo al Ministerio de Vivienda. La ministra Isabel Rodríguez cuenta con varios frentes abiertos entre la reforma de la Ley del Suelo, el fin de la ‘golden visa’ o la regulación de los alquileres de temporada y pisos compartidos, además de compartir con la cartera de Turismo las medidas frente al impacto del alquiler turístico en el mercado de la vivienda, a dos semanas de que el periodo de sesiones en el Parlamento cierre por vacaciones. Mientras, avanzan los acuerdos con CCAA y ayuntamientos para levantar o rehabilitar casas, donde la fecha límite es finales de 2026.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha anunciado oficialmente que su partido presentará en septiembre su propia reforma de la Ley del Suelo a través del Senado, donde la formación popular cuenta con mayoría absoluta. La máxima responsable de Vivienda en el principal partido de la oposición ha criticado el texto a la ley de Suelo presentado recientemente por PSOE y PNV en el Congreso, ya que "no va a resolver el problema de verdad que tiene la vivienda en España". La senadora del PP también ha adelantado que van a eliminar varios puntos de la Ley de Vivienda, como el índice de precios y las zonas de mercado tensionado.

La Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley de Sumar para que las entidades locales puedan declarar como tensionada una zona de mercado residencial cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda y la comunidad autónoma no actúe. La formación de Yolanda Díaz quiere dotar a las entidades locales de estas competencias en materia de vivienda cuando lo soliciten y la autonomía no se haya pronunciado en un plazo de seis meses.

Paloma Martín es vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular y forma parte del núcleo de dirección del principal partido de la oposición al Gobierno. Además, es senadora por el Partido Popular y en esta entrevista con idealista/news pone los puntos sobre las íes al problema de la vivienda. Hablamos con la voz más experta del PP en esta materia para comentar las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la Ley de Vivienda o el aplazamiento de la Ley de Suelo, y también las iniciativas populares para fomentar la colaboración público-privada y su propuesta 'Más Vivienda'.

Con el mercado inmobiliario en constante evolución y las políticas gubernamentales ajustándose a las necesidades económicas actuales, resulta crucial entender los nuevos límites establecidos para el alquiler y cómo se implementarán. En 2024, los contratos de alquiler de vivienda ya no se actualizan

La senadora Paloma Martín (PP) ha anunciado que su formación política llevará al Senado su propia propuesta para reformar la Ley del Suelo, después de que el Gobierno pidiera retirar la suya del Pleno del Congreso la semana pasada ante la falta de apoyo. El texto que planteará el PP exigirá la aplicación del principio de eficiencia para la emisión de informes, limitará la nulidad por trámites formales para evitar anulaciones desproporcionadas y restringirá la impugnación de instrumentos y actos por intereses espurios. También quiere incluir la supresión de algunas medidas de la Ley de Vivienda, como la derogación del control de precios, zonas tensionadas y la tolerancia con la 'okupación'.

El PP ha registrado una solicitud de comparecencia en el Congreso para que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explique en comisión los motivos que llevaron al Gobierno a retirar la tramitación de la Ley del Suelo de la tramitación parlamentaria el pasado jueves 23. La normativa se enfrentaba a tres enmiendas a la totalidad de Podemos, ERC y Junts, y a la que Sumar también se oponía. A pesar de la falta de apoyos de los aliados habituales del Gobierno, la ministra de Vivienda ha culpado al PP de la retirada de la ley.

Hoy hace un año que se aprobó la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda que debía producir importantes cambios en el mercado residencial, sobre todo para los arrendamientos, pero que finalmente lo que ha provocado es la práctica desaparición de la oferta por una enorme desconfianza de miles de propietarios con esta regulación, según los expertos consultados. Por otra parte, la tan cacareada normalización de los precios -que es uno de los principales argumentos de la ley- ha traído una desesperada realidad para miles de personas que buscan piso: las rentas están en muchas de las áreas analizadas por idealista [empresa editora de este boletín] en niveles máximos, y todo apunta a que seguirán subiendo.

El estreno del Salón Inmobiliario de Madrid, que celebra este año su XXV edición, ha tenido entre sus grandes protagonistas a la Ley de Vivienda. Una normativa que está a punto de cumplir un año en vigor y que esta semana ha sido respaldada en gran parte por el Tribunal Constitucional. José María García, viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, ha criticado que está provocando una reducción de la oferta de pisos en alquiler y que las políticas intervencionistas no funcionan. Mientras, David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, ha afirmado que el problema del acceso a la vivienda es anterior a la entrada en vigor del texto.

El Tribunal Constitucional ha dado a conocer el resultado del primer recurso contra la Ley de Vivienda. Ante el escrito presentado por la Junta de Andalucía, ha avalado la mayor parte de la normativa estatal, justo cuando se acerca su primer aniversario. El Pleno del TC sí estima parcialmente algunos de los puntos cuestionados, como los relacionados con la invasión de competencias con las CCAA en materia de vivienda protegida, el parque público de viviendas o la información que deben aportar los grandes tenedores. El Tribunal aún tiene pendientes de resolver otros recursos presentados por varios gobiernos autonómicos.

Los propietarios e inquilinos que no hayan llegado a un acuerdo entre partes para la subida anual prevista en todos los contratos de arrendamiento de vivienda habitual durante este mes de mayo tendrán un incremento del 3% anual, tal y como contempla la Ley de Vivienda, que supondrá unos 288 euros más al año, según los cálculos de idealista. Apenas se notará una diferencia de 24 euros frente a la actual inflación, que en abril cerró en el 3,3%, según el INE. Los alquileres en ciudades como Palma, Barcelona, San Sebastián o Madrid registrarán los mayores aumentos, por encima de los 360 euros al año. 

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha confirmado que el Gobierno está estudiando la fórmula para aplicar la Ley de Vivienda, que incluye mecanismos para regular el precio del alquiler, en aquellas comunidades autónomas que se niegan a usarla. Según ha explicado en una comparencia en el Congreso para contestar a diferentes cuestiones de los grupos parlamentarios en materia de vivienda, el objetivo no es reformar la normativa, sino reforzarla para que aquellas regiones que no quieran aplicar los topes a las rentas puedan hacerlo.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ya delimita la regulación de los arrendamientos de temporada y los diferencia de los alquileres de vivienda habitual. Aún así, se denota el trasvase de pisos de un tipo de arrendamiento a otro para saltarse los límites establecidos por la Ley de Vivienda a las subidas de los precios. Desde la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) piden mejorar la regulación, y presentan varias propuestas como un registro público, justificar el uso temporal del inmueble o penalizar sin beneficios fiscales a los caseros que hagan un mal uso.

El pasado 26 de abril entró en vigor el Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda (Decreto Ley 6/2024) que amplía la regulación de los precios de los alquileres a todos los arrendamientos temporales (de 11 meses o menos), salvo los que tengan finalidades de ocio, vacaciones o recreativas, y los alquileres de habitaciones. Con esta nueva normativa es obligatorio especificar la finalidad en el contrato de alquiler de temporada, se limita el precio y también se regula el arrendamiento de habitaciones, entre otras cuestiones.

La falta de oferta de alquiler está aumentando el número de subarriendos de habitaciones por parte de los inquilinos y sin el consentimiento del propietario, tal y como denuncia la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). Pero el verdadero problema viene cuando quienes lo hacen buscan en el subarriendo un negocio, que, además, no lo declaran. Desde la ANA apuestan por reforzar la solvencia de los inquilinos que van a ocupar las viviendas y penalizar estas prácticas en los contratos.

En 2018, idealista/news tuvo la oportunidad de entrevistar a Jesús Leal Maldonado, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid especializado en Sociología Urbana, Urbanismo y Población. Cinco años más tarde, hemos vuelto a contar con su presencia para lanzar una mirada a los cambios que han tenido lugar en este periodo y conocer los retos o problemas que enfrenta el mercado de vivienda español en el presente y en el futuro. En su opinión, se ha agravado el hacinamiento en las viviendas y retrasado la emancipación de los jóvenes.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gobernado por el PSOE, en coalición con Nueva Canarias y Podemos, ha solicitado al Gobierno Autonómico de Canarias que inicie los trámites para declarar a la capital como zona de mercado residencial tensionado para regular los precios de los alquileres, tal y como recoge la Ley de Vivienda. La capital grancanaria se une a otros ayuntamientos del País Vasco y Madrid que han solicitado esta declaración. El Gobierno autonómico les pide una memoria justificativa.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha iniciado el trámite de consulta pública previa sobre el proyecto de Real Decreto por el que se crea el Consejo Asesor de Vivienda, en cumplimiento a la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Aunque se anunció el verano pasado, será en mayo cuando Ramón Riera Torroba asuma el puesto de presidente mundial de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci), convirtiéndose en el primer español que ostente dicho cargo. En esta entrevista a idealista/news, Riera explica cómo ve el mercado inmobiliario y cuáles son los principales problemas que arrastra el sector, entre los que destaca la escasez de vivienda asequible y de inversión en rehabilitación, o la falta de regulación de la profesión inmobiliaria. En su opinión, es necesario "regular el alquiler de una forma más acertada que con la nueva Ley de la Vivienda", a la que tacha de precipitada de intervencionista, y cree que "imitar los alquileres es la mejor forma de quebrar un mercado".

El Consejo General de los COAPI de España ha estado presente en la reunión entre el Gobierno y el sector inmobiliario para abordar la regulación de los alquileres de temporada, cuya oferta se ha disparado más de un 50% interanual en el arranque de año y ya supone el 11% de todo el mercado. Los agentes de la propiedad defienden la utilidad de esta figura para perfiles como estudiantes y jóvenes profesionales, aunque proponen cambios regulatorios con el objetivo de evitar fraudes. Por ejemplo, que los contratos incluyan una cláusula expresa sobre el motivo del uso de esta tipología de arrendamiento y un anexo que lo acredite.

El próximo 26 de mayo se cumplirá un año de la entrada en vigor de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Se trata de una ley que contempla nuevas reducciones del IRPF no sólo para alquileres permanentes, sino también para alquileres turísticos o de temporada. Así lo afirma José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, que asegura que sí es posible para contratos firmados antes y después de esta normativa. Eso sí, aconseja presentar la declaración de la Renta de 2023 sin aplicar la reducción del 60% y, acto seguido, solicitar la rectificación de la autoliquidación presentada, así como la devolución de ingresos indebidos.