El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso instando a desarrollar una norma con rango de ley que garantice la calificación permanente de las viviendas protegidas, impidiendo que las comunidades autónomas puedan revocarla, una medida que se incluyó en la Ley de Vivienda de 2023 pero que el Tribunal Constitucional tumbó por suponer una invasión de competencias. Esta petición que los socialistas hacen en una proposición no de ley que se debatirá en el Pleno del Congreso.
En la iniciativa, el Grupo Socialista recuerda que la Ley de Vivienda determinó que las viviendas protegidas que se promovieran sobre suelos cuyo destino fuera el de vivienda sometida a algún régimen de protección de pública estarían sometidas a un régimen de protección pública permanente que excluyera la descalificación.
Sin embargo, a tenor del recurso de constitucionalidad que Andalucía presentó a la Ley de Vivienda, el Tribunal Constitucional concluyó que el grado de detalle de la norma estatal suponía una invasión de la competencia autonómica exclusiva para legislar en materia de vivienda.
Por eso, ahora el PSOE propone elevar a rango de ley una reforma que garantice la calificación permanente de las viviendas protegidas que se construyan sobre suelo de reserva privado y público.
Garantizar que no se puedan enajenar el parque público de vivienda
En la proposición no de ley, la formación liderada por Pedro Sánchez también demanda garantizar que no se puedan enajenar los bienes patrimoniales integrantes de los parques públicos de vivienda, a no ser que sea a otras administraciones públicas, sus entes instrumentales o a personas jurídicas sin ánimo de lucro, dedicadas a la gestión de vivienda con fines sociales.
Además, si estos bienes se entregan a los entes mencionados, el PSOE exige que estos estén obligados a atenerse a las condiciones, plazos y rentas máximas establecidos, subrogándose en sus derechos y obligaciones.
La propuesta también pide que se garantice la contribución financiera de la comunidad autónoma mediante partidas presupuestarias de inversión en políticas públicas de vivienda, al menos en una cuantía similar a las destinadas en esa comunidad autónoma por parte del Estado.
Por último, el PSOE urge a incrementar "urgente y progresivamente" el parque de vivienda social y asequible, estableciendo objetivos a conseguir en unos plazos determinados, tal y como exige la Ley de Vivienda.
Vox rechaza las ayudas fiscales en vivienda a extranjeros y apuesta por reducir impuestos a españoles
El portavoz de Vivienda de Vox en el Congreso, Carlos Hernández Quero, ha criticado las deducciones fiscales en vivienda que regiones como la Comunidad de Madrid otorgan a los extranjeros y considera que las rebajas de impuestos tendrían que ser sólo para la ciudadanía española.
En un encuentro con medios, el portavoz ha criticado específicamente que en el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso un extranjero pueda desgravarse el 20% de la inversión realizada en activos financieros en la cuota autonómica del IRPF siempre que se mantenga durante los siguientes seis años.
Carlos Hernández considera que, lejos de medidas de este tipo, lo que hay que hacer es "priorizar" al ciudadano nacional para que parta con las mismas condiciones a la hora de adquirir una vivienda, pues asegura que los españoles tienen dificultades por las facilidades que reciben los extranjeros.
De hecho, Vox ha defendido en alguna ocasión propuestas exclusivas para españoles como eliminar el IVA en la adquisición de una primera vivienda y en la reinversión en otra vivienda habitual, así como bonificar el 100% de la cuota tributaria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la compra de primera vivienda y reinversión en vivienda
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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado las medidas en materia de vivienda presentadas por el Partido Popular la semana pasada y ha acusado al partido de querer bajar el precio del alquiler poniéndoselo "más complicado" a los que "peor lo pasan", en referencia a una de las medidas en materia de vivienda presentada por los populares, que busca rebajar el requisito de vulnerabilidad económica a 1.050 euros, 1,5 veces el Iprem, frente a los 1.800 euros actuales p
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