Sentencia Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo tiene sobre la mesa decidir si las familias numerosas con el tercer hijo en gestación al comprar vivienda pueden aplicar el tipo reducido de ITP. Se trata de un asunto que ha recurrido la Comunidad de Madrid ya que se niega a aplicar el tipo reducido del 4% de ITP en aquellas familias con el tercer hijo en gestación y aún no nacido. Sin embargo, el Código Civil considera que el hijo concebido debe ser considerado como nacido para los efectos que le sean favorables, lo que permitiría la aplicación del tipo reducido. Si el alto tribunal resuelve a favor de los contribuyentes, se abre la puerta a devoluciones de ingresos indebidos y a aplicar tipos reducidos similares de otros impuestos y en otras CCAA.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha frenado la reclamación de una empresa al Estado español de una indemnización de 631.000 euros por daños y perjuicios causados por la limitación a la actualización de las rentas al 2% en 2022, 2023 y al 3% durante 2024. El alto tribunal avala esta limitación al considerar que buscaba atajar el proceso inflacionista y proteger a los inquilinos vulnerables y que no supuso una privación del derecho de propiedad ni vulneró su contenido esencial.

Cobrar una indemnización elevada tras un despido puede tener consecuencias inesperadas si, una vez agotado el paro, se solicita un subsidio por desempleo. El Tribunal Supremo ha zanjado esta cuestión con una sentencia que aclara qué parte cuenta como renta y cuál no a efectos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La clave está en una cifra concreta: la indemnización legal mínima obligatoria. Todo lo que supere ese umbral, aunque sea fruto de un acuerdo, puede dar lugar a la denegación o suspensión temporal de ciertas ayudas, hasta que el nivel de rentas vuelva a situarse por debajo del límite legal.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que tanto los fondos como los bancos son responsables por cláusulas abusivas de préstamos e hipotecas que hayan sido titulizados (es decir, vendidos a un tercero), según la reciente sentencia que ha dado a conocer el despacho Navas & Cusí.En su fallo del 22 de

Comprar una vivienda a medias y acabar pagando impuestos distintos no es aceptable. Así lo ha aclarado el Tribunal Supremo, corrigiendo una práctica administrativa que venía generando controversia: asignar valores fiscales diferentes en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) a compradores conjuntos de un mismo inmueble. La sentencia, dictada el pasado 9 de diciembre, sienta jurisprudencia y lanza un mensaje a la administración: cuando se trata de un mismo bien adquirido en un único acto de compraventa, no es admisible que se determinen valores fiscales distintos para cada comprador.

¿Se puede dividir un edificio en oficinas o locales a efectos catastrales aunque tenga un solo dueño y esté íntegramente alquilado? El Tribunal Supremo ha cerrado el debate: la respuesta es negativa mientras no exista una comunidad de propietarios efectiva y plenamente constituida. El Supremo recuerda que la propiedad horizontal no es una mera operación técnica o descriptiva. No basta que el edificio esté físicamente dividido.

El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de la cláusula de fianza solidaria incorporada en un préstamo otorgado a una sociedad, al apreciar que la entidad impuso una garantía personal adicional carente de justificación en relación con el riesgo real de la operación. Pese a que la hipoteca constituida ofrecía por sí sola una cobertura suficiente para garantizar el préstamo, la entidad no acreditó razones económicas u objetivas vinculadas al riesgo real de la operación que justificaran la exigencia adicional de un aval personal.

Cuando se vende una vivienda que estuvo en su día arrendada, debe declararse en el IRPF la ganancia patrimonial resultante de comparar el valor de adquisición del inmueble con su valor de transmisión. Sin embargo, muchos contribuyentes ignoran que el valor de adquisición debe reducirse en el importe de la amortización practicada durante el tiempo que el inmueble estuvo alquilado, lo que supone un considerable incremento de la ganancia patrimonial por la que hay que tributar. Una reciente sentencia del Supremo ha aclarado cuál es el porcentaje máximo y mínimo de amortización, permitiendo al contribuyente aplicar una amortización inferior a la del 3% anual, que es el porcentaje que automáticamente utiliza Hacienda para reducir el valor de adquisición e incrementar la ganancia patrimonial.

Instalar un punto de recarga para un coche eléctrico en un garaje ya no deja lugar a dudas. El Tribunal Supremo ha fijado una doctrina clara: cuando el cargador se coloca en una plaza de garaje privativa, no es necesario pedir permiso a la comunidad de propietarios, salvo que la instalación cause una afectación innecesaria o desproporcionada de elementos comunes o un perjuicio acreditado a terceros. La sentencia pone fin a un conflicto habitual en muchas comunidades y supone un respaldo a los propietarios que apuestan por la movilidad eléctrica en edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal.

El Tribunal Supremo ha dado un paso determinante en la protección frente a las sanciones económicas impuestas por Hacienda.

El Tribunal Supremo ha aclarado una cuestión que genera dudas constantes entre autónomos y pensionistas que desarrollan actividades económicas de escasa entidad: si ingresar menos del salario mínimo interprofesional supone, por sí solo, no tener que darse de alta en el RETA.

El Tribunal Supremo ha dado un giro trascendental a la forma en que los no residentes deben tributar por el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) en España. Con dos resoluciones dictadas con apenas unos días de diferencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo deja claro que la residencia fiscal no puede utilizarse como argumento para excluir a los no residentes del límite conjunto IRPF–IP previsto en el artículo 31.Uno de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. Ambas sentencias conforman un bloque doctrinal que el Supremo utiliza para reforzar un mensaje inequívoco: el límite conjunto no es un beneficio reservado a residentes, sino un mecanismo destinado a evitar efectos confiscatorios con independencia de dónde viva el contribuyente.

La Sentencia del Tribunal Supremo 1524/2025, de 30 de octubre, ha marcado un punto de inflexión en la regulación de la multipropiedad en semanas flotantes. En concreto, el alto tribunal introduce un cambio decisivo: los contratos basados en semanas flotantes son válidos cuando proceden de un régimen preexistente adaptado e inscrito en el Registro de la Propiedad conforme a la mencionada Ley, siempre que en dicha escritura se hubiera optado expresamente por mantener o transformar el régimen original.

El Tribunal Supremo ha despejado una de las dudas más habituales entre propietarios y profesionales: ¿cuánto tiempo tiene realmente el Catastro para investigar reformas no declaradas? La respuesta, tras su sentencia del 31 de octubre de 2025, cambia por completo el escenario. El alto tribunal confirma que la inspección catastral no se guía por el clásico límite administrativo de seis meses, sino por los 18 meses previstos en la Ley General Tributaria (LGT), y lo hace dejando claro que estamos ante actuaciones de naturaleza tributaria.

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de un hombre de 95 años a recuperar la posesión de su vivienda familiar tras estimar el recurso de casación que confirmaba el desahucio por precario de su hijo. La decisión sienta doctrina en materia de bienes gananciales y curatela representativa, reforzando el criterio de que un cónyuge puede actuar por sí solo en defensa de los bienes comunes incluso si el otro está bajo curatela.

El Tribunal Supremo ha resuelto una duda que llevaba años generando controversia entre herederos, notarios y asesores fiscales: cómo debe tributar una herencia cuando el heredero renuncia. En una sentencia, fija una doctrina jurisprudencial clara y vinculante sobre la aplicación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISyD) en estos casos, un detalle que puede suponer una diferencia económica muy significativa para los herederos. El alto tribunal declara que, a efectos de aplicar la reducción de parentesco prevista en el ISyD, cuando el heredero renuncia y entra en juego una sustitución vulgar establecida en el testamento por voluntad del fallecido, el parentesco que debe tenerse en cuenta es el del sustituto respecto del causante.

El Tribunal Supremo ha dejado claro que guardar silencio al ser emplazado en un procedimiento judicial no significa aceptar una herencia. Así lo establece en una sentencia que marca una diferencia fundamental entre no rechazar una herencia y asumirla de forma tácita. El Supremo aclara que la aceptación de una herencia no puede deducirse de un simple silencio o de una actitud pasiva. Recuerda que la sucesión se abre con la muerte del causante y que, hasta que los llamados aceptan, la masa hereditaria se encuentra en situación de herencia yacente, es decir, sin titular definitivo.

El Tribunal Supremo ha descartado dar una solución unívoca a la cláusula hipotecaria que contiene el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) y ha encomendado que sean los juzgados los que, caso a caso, determinen si este índice es abusivo o no, según dos recientes sentencias del Alto Tribunal a favor de dos entidades frente a los consumidores. Sin embargo, ha dado una serie de pautas a los tribunales encargados de estos litigios para que puedan analizar el control de transparencia de la comercialización de estas cláusulas y su posible carácter abusivo, como comprobar si el consumidor estuvo bien informado.

El Tribunal Supremo ha zanjado un debate clave sobre la conciliación laboral y la igualdad retributiva en España. La Sala de lo Social ha confirmado que las personas que disfrutan de una reducción de jornada por guarda legal tienen derecho a percibir íntegro el complemento de asistencia, siempre que cumplan su horario, sin que la empresa pueda reducirlo de forma proporcional por trabajar menos horas. Se trata de una sentencia que refuerza el principio de igualdad retributiva y que marca un precedente en la interpretación de los convenios colectivos en materia de conciliación familiar.

El Tribunal Supremo ha aclarado que todos los propietarios de una comunidad deben contribuir a los gastos comunes, incluso si han ganado un juicio que les obliga a devolver dinero. El caso surgió tras la anulación de una derrama extraordinaria que obligaba a algunos vecinos a pagar, lo que llevó a una nueva controversia cuando los acreedores se negaron a participar en la derrama para ejecutar la sentencia. El Supremo reafirmó que, según el Código Civil, la obligación de contribuir se mantiene para todos, promoviendo la equidad y la unidad en la gestión de comunidades. El fallo establece que esta corresponsabilidad económica es esencial para el funcionamiento adecuado de la propiedad horizontal.

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre una cuestión clave en el mercado del alquiler: ¿es válida una cláusula de prórroga indefinida a voluntad del inquilino tras la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994? En una novedosa sentencia avala este tipo de cláusulas, aunque con límites temporales, reforzando así la importancia del principio de autonomía de la voluntad frente a la rigidez de la duración contractual.

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a la reclamación de una comunidad de vecinos que exigía la devolución de una cantidad embargada por error de su cuenta bancaria. La Sala de lo Social concluye que el perjuicio alegado no deriva de una resolución dictada por un juez o magistrado, sino de una actuación de la Letrada de la Administración de Justicia durante la fase de ejecución del procedimiento. Al no provenir de una decisión judicial propiamente dicha, el caso no puede considerarse un error judicial en sentido estricto.

El Tribunal Supremo ha cerrado filas en torno a la protección de los agentes comerciales, consolidando su posición frente a las empresas que intentan restringir las indemnizaciones por clientela. La sentencia núm. 1209/2025, de 3 de septiembre, obliga a Vodafone España a pagar más de 366.000 euros a una de sus empresas agentes, y deja un mensaje inequívoco: ningún contrato puede limitar una indemnización reconocida por ley.

El Tribunal Supremo ha reafirmado que el plazo de prescripción de las reclamaciones de los gastos hipotecarios comienza cuando existe una sentencia firme, y no cuando se pagan estos conceptos, según un auto dictado a principios de octubre. Así, da la razón a dos clientes que habían presentado en 2018 una demanda contra BBVA por este concepto. Los juzgados de primera y segunda instancia habían considerado abusivas, y por tanto nulas, las cláusulas hipotecarias, pero limitaban la acción de restitución de las cantidades indebidamente cobradas por el banco.

El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que vuelve a situar en el centro del debate a las cláusulas suelo, confirmando la nulidad del límite mínimo de intereses incorporado en un préstamo de 2007 y declarando abusiva la renuncia de acciones que el cliente había firmado años después con su banco. El fallo obliga a la entidad a devolver las cantidades indebidamente cobradas hasta el 28 de julio de 2015, fecha en la que se firmó la novación que eliminó la cláusula suelo, reforzando así la protección de los consumidores en contratos hipotecarios con condiciones poco transparentes.