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Los seis grandes desafíos económicos del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez

Autor: Redacción

El socialista Pedro Sánchez se ha convertido en el séptimo presidente de la democracia española y su mandato estará marcado por varios retos en materia económica.

A pesar de que los expertos descartan que el cambio gubernamental afecte a la economía, sí que recuerdan que su mandato estará marcado por la reducción del paro, el déficit y la deuda pública, la sostenibilidad de las pensiones, la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación autonómica, el rescate de las autopistas quebradas y la creación de nuevos impuestos.

Unos desafíos que cobran más importancia si tenemos en cuenta de que poco a poco se están reduciendo los vientos de cola que han impulsado la economía en los últimos años, como el bajo precio del petróleo, un euro barato o las medidas extraordinarias en materia monetaria. Repasamos los principales desafíos:

1 - Reducción del paro: en materia laboral, el gran reto es mantener la creación de empleo y la reducción del déficit. Además, los socialistas se han mostrado partidarios en los últimos años de suprimir la reforma laboral de 2012, una de las reformas más alabadas por los expertos y con mejores resultados de los últimos tiempos. 

2 - Reducción de la deuda y el déficit público: Bruselas sigue pendiente de los desequilibrios macroeconómicos de España y todavía pide más ajustes para reducir el déficit y la deuda pública: para el año que viene pide un recorte de unos 7.500 millones de euros. El objetivo del anterior Gobierno era alcanzar el superávit presupuestario en 2021, y lograr que la deuda pública se aleje poco a poco del 100% del PIB. Como Sánchez se ha comprometido a mantener los Presupuestos de 2018, su primera prueba de fuego será negociar el techo de gasto de 2019. 

3 - La sostenibilidad de las pensiones. Otro de los grandes frentes abiertos del nuevo Ejecutivo será tomar medidas para garantizar el sistema de las pensiones. Antes de que prosperara la moción de censura, la Comisión del Pacto de Toledo confiaba en llegar a un acuerdo en los próximos meses para delimitar unas recomendaciones en esta materia, pero podría retrasarse.

Entre las últimas medidas que propuso el Ministerio de Hacienda está la creación de un impuesto a las grandes empresas tecnológicas para recaudar unos 1.500 millones de euros y dotar de unos ingresos extra a la Seguridad Social, aunque el PSOE y Podemos son más partidarios de crear una tasa a los bancos y a las transacciones financieras

4 - Creación de nuevos impuestos. Teniendo en cuenta el punto anterior, habrá que ver si el Gobierno pone en marcha un tributo específico a la banca y las transacciones financieras y algunos otros nuevos. Por ejemplo, en los últimos meses el PSOE ha planteado un incremento de ingresos tributarios de 8.000 millones de euros, lo que, según los Técnicos de Hacienda (Gestha), se traduciría en una subida de impuestos del 25% para las grandes empresas. 

5 - Un nuevo modelo de financiación autonómica. La reforma de la financiación autonómica es otro de los retos que deberá abordar el Gobierno de Sánchez. A pesar de que la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación está pendiente desde hace cuatro años, el mercado duda de que pueda alcanzarse un acuerdo en los próximos meses, teniendo en cuenta de que habrá elecciones autonómicas y municipales en primavera de 2019. 

En el caso de no aprobar un nuevo sistema, el nuevo ministro de Hacienda deberá decidir si mantiene o no los mecanismos extraordinarios de financiación que ha estado usando el Estado en los últimos años (entre ellos, el famoso FLA) y si continúa supervisando las cuentas de la Administración regional para asegurarse de que cumple los objetivos marcados. 

6 - Vender o no las autopistas rescatadas. Otra de las decisiones que deberá tomar el Gobierno de Sánchez es mantener la titularidad pública de las autopistas quebradas que han sido rescatadas por el Estado, como han estado defendiendo, o bien sacarlas a la venta para recuperar unos 1.000 millones de euros, como preveía el Ministerio de Fomento. Según los cálculos de Seopan, la patronal de las constructoras, el coste del rescate para el erario público podría rondar los 5.000 millones de euros.