Instituto Juan de Mariana: "El empresario se ha convertido en un gestor de riesgos regulatorios"

El último informe del Instituto Juan de Mariana pone el foco en los efectos negativos que tiene la excesiva regulación y la burocracia en el tejido productivo español.

El documento, bautizado como 'Asfixia empresarial' y en el que ha colaborado el Aula José Ramón García, critica que el entorno actual supone un lastre tanto para la inversión como para el emprendimiento, y que limita la capacidad de los empresarios. 

"En lugar de concentrarse en innovar, mejorar su producto o expandir su mercado, el empresario español dedica una proporción creciente de su jornada de trabajo a lidiar con los trámites que le impone la Administración, evitar incumplimientos normativos y encajar, de uno u otro modo, la operativa de su negocio con la interminable lista de requisitos introducidos por los gobernantes. Se ha convertido en un gestor de riesgos regulatorios, más que en un creador de valor", destaca el informe. Y añade que este contexto de "control normativo convierte al empresario en un sujeto pasivo del proceso económico, sometido ante el legislador y limitado tanto en su capacidad creativa como en su rol productivo".

Según destaca el 'think tank', un tercio de la actividad económica desarrollada en España se da en sectores afectados por una carga regulatoria y burocrática excesiva, lo que afecta a 1,9 millones de empresas y a 9,8 millones de trabajadores. 

El estudio detalla que la sobrerregulación afecta a diferentes campos, como por ejemplo el fiscal y el laboral, y concreta que "España tiene en vigor alrededor de 10.300 regulaciones laborales, de modo que el principal coste de empresa (la mano de obra) está también sujeto a cotas de hiperregulación que han contribuido a hacer de España el país con más paro de la Unión Europea, con tasas que duplican la media comunitaria. Las obligaciones tributarias no se quedan a la zaga, puesto que hay más de 200 modelos en vigor y las obligaciones de información son cada vez más extensas y tienen distintos calendarios de periodicidad".

Además, el informe critica que las dificultades asociadas al cumplimiento de la normativa tributaria también van a más, y pone como ejemplo la extensión de los manuales de los principales gravámenes que publica la Agencia Tributaria. En el caso del Impuesto sobre la Renta, en la campaña de 2023 una extensión de 1.921 páginas, mientras que el manual del IVA alcanza las 360 páginas y se eleva a 796 folios en el caso del Impuesto de Sociedades.

A todo ello se suman también las regulaciones verdes, "con 9.489 instancias de este tipo aprobadas de 2000 a 2022", lo que equivale a seis normas nuevas en España por cada una que ha puesto en marcha Francia en ese mismo periodo. Y también las regulaciones de igualdad de género, de las que se han aprobado 22.337 entre 1996 y 2022. 

Como novedad, el estudio destaca que la nueva Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad "elevará de 80 a 1.125 los requerimientos de datos que deben suministrar las empresas. De esos 1.125, solamente un 20% son cifras puramente cuantitativas, de modo que las empresas deberán generar ingentes cantidades de nueva información cada año". El coste anual que calcula para una compañía de tamaño medio rondará los 400.000 euros. 

Con estas cifras sobre la mesa, insiste el Instituto Juan de Mariana, "la empresa promedio carga con una larga lista de requisitos burocráticos, como encuestas, obligaciones tributarias, obligaciones contables, procedimientos medioambientales e instancias de otro tipo. Su incidencia es muy significativa en términos de tiempo y recursos perdidos por las empresas afectadas, así como en lo tocante a la naturaleza intervencionista de muchas de estas disposiciones".

Freno a la inversión, el emprendimiento y el empleo

El 'think tank' asegura que el 40% de los empresarios considera que el problema de sobrerregulación y burocracia es una de las cuestiones más críticas a la hora de invertir en España, junto con la incertidumbre en política económica, y que el 70% considera que la excesiva carga regulatoria es uno de los factores que más está afectando a los niveles de inversión, que siguen por debajo de las cifras observadas en 2019. 

Además de deprimir la inversión, la sobrecarga normativa tiene un impacto directo sobre el emprendimiento. "España está en el puesto 97 del último ranking del Banco Mundial dedicado a medir las facilidades para hacer negocios", alerta el Instituto Juan de Mariana, cuya visión coincide con la que ha mostrado recientemente una encuesta de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) a más de 600 empresarios y directivos.

Según más de la mitad de los encuestados, la sobrerregulación, la inseguridad jurídica, el ineficiente funcionamiento de la Administración Pública y la elevada fiscalidad son algunos de los factores que hacen que España no sea un buen país para poner en marcha una empresa. Además, dos terceras partes de los encuestados creen que su imagen en la sociedad es negativa y que dicha percepción se ha agravado en los últimos cinco años. 

Otros de los efectos negativos de la excesiva regulación es que pone en riesgo miles de puestos de trabajo y que podría impulsar la litigiosidad. Esa complejidad también conduce a una mayor litigiosidad, desviando recursos de la economía productiva. De hecho, reducir a la mitad los niveles de congestión judicial apreciados en la jurisdicción civil de nuestro poder judicial permitiría elevar estructuralmente la inversión privada en unos 1.500 millones de euros", puntualiza el documento.

Comparativa regulatoria entre CCAA e internacional

El Instituto Juan de Mariana también ha llevado a cabo una comparativa por comunidades autónomas, tras la que ha concluido que la carga regulatoria efectiva en Cataluña duplica a la de Madrid, lo que reduce la renta catalana en 1.141 euros por persona, destruyendo unos 52.400 puestos de trabajo.

Si la comparación se traslada a España con Europa, se desprende que igualar la calidad regulatoria nacional y el aparato burocrático a los niveles observados en Dinamarca permitiría incrementar la renta per cápita en 2.589 euros.

Cabe recordar que los distintos indicadores referidos a la calidad regulatoria en la UE y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) relegan a España a la zona baja de la tabla, lo que llevan al 'think tank' a determinar que "la clave no es regular más, sino regular menos y regular mejor".

Por último, el análisis señala que los obstáculos para el mercado único en Europa tienen un impacto cercano al 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB) en España, al igual que el coste consecuencia de la "ruptura del mercado nacional" propiciada por la fragmentación normativa autonómica, que también representa el 3,5% del PIB.

"En total, el coste de estos obstáculos para que las empresas puedan operar en la Unión Europea (UE) y dentro de España asciende a 90.000 millones de euros, una cifra que equivale a 4.660 euros por hogar", concluyen desde el Instituto.