Inmobiliario y banca, los sectores que ganarían más en bolsa con un cambio de Gobierno

Sobre el papel, saldrían más favorecidos de una victoria del bloque de derechas, ya que se reduciría sensiblemente la presión regulatoria y fiscal que han soportado durante los últimos ocho años
Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España).
Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid Europa Press

El 29 de noviembre los españoles acudirán a las urnas para decidir si hay o no cambio de signo en el Gobierno de España. La cita es también muy relevante desde el punto de vista económico bursátil: del resultado dependerá buena parte del futuro en el parqué de sectores que durante las dos legislaturas con Pedro Sánchez al frente han estado casi permanentemente en el ojo del huracán.

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Los analistas consultados por idealista/news coinciden en que hay dos sectores que se juegan mucho en el proceso. Inmobiliarias y bancos son los que, sobre el papel, saldrían más favorecidos de una victoria del bloque de derechas. La razón principal es que se reduciría sensiblemente la presión regulatoria y fiscal que han soportado durante los últimos ocho años.

Un buen ejemplo es el de las socimis, a las que los socios de Gobierno PSOE y Sumar han tenido en el objetivo. El último movimiento ha sido plantear un castigo fiscal para las que tienen viviendas en sus carteras, en forma de un aumento del gravamen especial sobre beneficios no distribuidos.

La propuesta, que sigue su curso, dejaría fuera a las grandes socimis del Ibex, Colonial y Merlin Properties, que no tienen casas en sus portfolios. Pero todo el sector lleva tiempo señalando que hay un problema de inseguridad jurídica que hace que las reglas del juego puedan cambiar en cualquier momento. En el caso de Merlin, también en lo que hace referencia a los centros de datos, que es muy intensivo en inversión y donde la compañía está realizando una millonaria apuesta. 

Antes de la convocatoria de elecciones, el Gobierno preveía aprobar este mes el decreto que regula los ‘data center’ en España. Y todo hace indicar que no parará las máquinas antes de los comicios. En juego hay 9.000 millones de euros en inversión. El sector ha sido muy crítico con la iniciativa del Gobierno y muy especialmente con su exigencia de compensar con nueva energía renovable un mínimo del 80% del consumo energético que generan estos activos.

Un espíritu crítico compartido por el sector financiero, que desde 2023 carga en sus espaldas con un impuesto especial que grava entre el 1% y el 7% dependiendo de los ingresos registrados. Es para toda la banca, pero por distintos criterios recae íntegramente sobre Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell. Un eventual cambio de signo político reduciría la presión fiscal sobre los bancos por la vía de la supresión o de la suavización del tributo. Una fórmula esta última por la que el Partido Popular apostó en 2024.

Las patronales de la banca, que llevan mucho tiempo clamando contra el impuesto, que está en los tribunales, tienen otro frente abierto con el expediente abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja por presuntas prácticas contra la competencia por la declaraciones públicas de algunos de sus principales directivos sobre la política comercial en el negocio hipotecario, y más concretamente respecto a los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo.

Los bancos, que han vivido un quinquenio dorado en bolsa con subidas cercanas al 500%, han mantenido una relación tensa con el Gobierno durante los dos mandatos de Sánchez. Como el inmobiliario, en el centro del huracán en medio de la gran batalla de vivienda en España, el bancario es uno de los sectores que suspira por dejar atrás lo que, desde ambos ámbitos, se cataloga como “política intervencionista del Gobierno”.

Los analistas destacan que la incertidumbre es máxima. Por un lado, porque el Gobierno puede intentar cerrar todos los flecos posibles en materia regulatoria en las próximas semanas. Y, por otro, porque también hay dudas sobre la intensidad y el ritmo al que un potencial gobierno encabezado por el PP derogaría o rebajaría está regulación que trae de cabeza a inmobiliarias y bancos. 

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