El equipo de Colau llevaba en el orden del día de la Comisión de Urbanismo aplicar una suspensión de licencias de obra nueva. El objetivo era aplicar la iniciativa de entidades sociales de reservar un 30% de las nuevas promociones a vivienda social. Los grupos de ERC y PSC han condicionado su aprobación a la iniciativa si retiraba la suspensión de licencias para obra nueva, por la "gran inseguridad jurídica" que suponía.
Durante la tarde del lunes se ha llevado a cabo la comisión, la cual ha incluido este cambio de última hora, el de prescindir de la moratoria para licencias de obra nueva que el Gobierno municipal informó al resto de los grupos municipales el pasado miércoles, tres días antes de celebrar la Comisión.
De esta forma, se ha evitado el rechazo de la iniciativa, que ya entró en el Ayuntamiento el pasado febrero y tuvo el visto bueno de todos los grupos a excepción del Partido Popular (PP). Si hubiera seguido con la intención de suspender las licencias de obra nueva, el equipo de Colau se enfrentaba a perder el primer trámite de aprobación en la Comisión del lunes.
Minutos antes de que arrancara la Comisión, la alcaldesa, Ada Colau, acompañada por la teniente alcalde por Urbanismo, Janet Sanz, y el regidor de Vivienda, Josep Mª Montaner, ha firmado la propuesta de reservar un 30% de las promociones nuevas a vivienda social.
Le acompañaban representantes de la PAH, el Observatorio DESC y el Sindicato de Inquilinos, quienes también dejaron su firma en el documento. La portavoz de la PAH ha celebrado "este cambio de paradigma" y esperan que otros ayuntamientos "tomen ejemplo".
Ada Colau ha explicado que su aplicación está prevista para el próximo otoño. ERC, por su parte, ha sido crítico con la moratoria, pero sí está a favor de la propuesta. Daniel Mòdol (PSC), ex regidor del Gobierno municipal hasta la ruptura de pacto, también ha votado a favor.
El también socialista Jaume Collboni mostró su descontento con la moratoria el pasado sábado en una intervención y la consideró "una medida improvisada" que debía rectificar el equipo municipal para "no despertar la desconfianza de los operadores económicos".
Con esta medida, el Ayuntamiento espera sumar alrededor de 300 viviendas sociales, ya que calcula que los promotores levantarán este año 1.114 viviendas nuevas. Con todo, serían de gestión privada, pues las promociones son propiedad de actores privados. Para que fueran viviendas públicas, deberán pasar veinte años.
Cabe recordar que Barcelona estaba recuperando el ritmo de construcción de vivienda libre, con cifras similares a 2010, el mejor año tras la crisis, cuando se levantaron 1.913: en lo que llevamos de año, se ha iniciado la construcción de 730 viviendas y suma 322 finalizadas.
La medida afecta a edificios plurifamiliares, en nuevas promociones y reformas que incluyan nuevas viviendas que superen los 600 m2. Quedan fuera los edificios protegidos y donde ya exista vivienda protegida.
Aquellos actores privados que compraron un solar entre el 1 de junio de 2016 y la futura aprobación definitiva (fecha por determinar) no tendrán que destinar el 30% a vivienda protegida. Solo afecta aquellos que compraron un solar antes del 1 de enero de 2016. No obstante, si el solar fue comprado entre el 1 de enero y el 1 de junio de 2016, la cesión será del 20% y no del 30%.
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1 Comentarios:
Pues con esta medida el Ayuntamiento de Barcelona lo único que va a conseguir es que como es obvio los promotores de viviendas tengan que repercutir el coste de la vivienda social sobre la libre, y por lo tanto suban los precios considerablemente.
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