Los promotores de Barcelona se oponen a destinar un 30% de los pisos nuevos a VPO

Barcelona quiere obligar a los promotores de vivienda que destinen un 30% de los edificios que construyan a vivienda social. El equipo de Ada Colau llevará al próximo Plenario municipal esta iniciativa planteada por el Sindicato de Inquilinos y la PAH en línea con las propuestas de la primera edil. El sector inmobiliario, por su parte, se ha pronunciado para mostrar su disconformidad: supondría mayor presión sobre los precios y "una parálisis de la actividad".

La intención de Colau es llevar al Pleno municipal del próximo 29 de junio la propuesta de modificar el Plan General Metropolitano para aplicar la iniciativa. 

Las entidades sociales de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Inquilinos presentaron el pasado febrero una bateria de fórmulas para aumentar los pisos sociales en la capital catalana. Entre las propuestas planteadas, estaba ampliar las áreas de rehabilitación y conservación, reservar zonas de la ciudad donde aplicar el derecho a tanteo y retracto o el reservar suelo de promociones nuevas a alquiler social.

La última fórmula supone destinar un 30% de los edificios de nueva construcción para pisos públicos de gestión municipal. En realidad, no es una idea exclusiva de las entidades sociales, sino un texto que recoge la Ley de Derecho a la Vivienda de 2007 de la Generalitat de Cataluña. Con todo, la ley contiene sus matices: si el ayuntamiento ejerce el derecho de tanteo y retracto, según estipula el artículo 15 de dicha ley, puede fijar unas condiciones respecto al uso y dedicación del inmueble y, así, poder exigir que haya una reserva destinada a vivienda social.

Por otra parte, la ley también especifica que los municipios que hagan reservas para construir viviendas de protección pública, deberá primero calificar esos terrenos destinados al sistema urbanístico de viviendas dotacionales. 

El secto inmobiliario se opone

Ante la propuesta que el Gobierno municipal trasladará en el próximo pleno, de modificar el Plan General Metropolitano para obtener vivienda pública en suelo urbano de Barcelona, la Asociación de Promotores de Cataluña (Apce) se ha mostrado disconforme con la medida. "La propuesta del Consistorio no resolverá el problema de la vivienda en la ciudad, sino que tendrá un efecto rebote", opinan voces de la asociación.

Según explican, podría conllevar una "parálisis de la actividad del sector" y añadiría "mayor presión" sobre los precios, debido al desequilibrio que supondría implantar esta medida entre la oferta y la demanda del mercado privado.

Según entienden algunos promotores, la medida podría aplicarse en casos extremos como un edificio de lujo, con unos precios determinados de una zona determinada, y debería cerrar unas ofertas (unos pisos) a la vivienda social (precios fuera de mercado). También explican lo que supone aplicarlo en una ciudad con unas dimensiones concretas y no las que disponen, por ejemplo, ciudades como Madrid, París o Londres, que dispone de un abanico más diversificado de acceso a la vivienda que con el que cuenta la Ciudad Condal.

Por el momento, desde la Apce están analizando la propuesta con su servicio jurídico para valorar si deben emprender acciones legales. El Ayuntamiento, por su parte, explica que no puede avanzar más sobre la propuesta hasta que no se lleve a Plenario.