Pisos sociales

La arquitectura tiene el poder de transformar vidas y comunidades, y cuando se aplica a la vivienda social, puede proporcionar dignidad y seguridad a quienes más lo necesitan.

Los vecinos del edificio de viviendas sociales ubicado en la calle Tía Javiera de Fuenlabrada (Madrid) vuelven a tener luz en sus hogares tras casi un mes de apagón. Una sobrecarga por el enganche ilegal de los okupas que residen en 15 de las 45 viviendas del inmueble, que es propiedad de la Agencia de Vivienda Social, provocó el incendio del cuarto de contadores y el corte del suministros. La reparación de los desperfectos durará un mes, aunque hasta entonces unos generadores proveerán de electricidad a los pisos.

El Estado y las autonomías entregaron el año pasado 4.938 viviendas de protección, una cifra 13 veces inferior a la registrada antes de la crisis y que marca mínimos históricos, según los datos del Ministerio de Fomento. Tan solo una de cada 100 familias que solicitan un piso social consigue hacerse con uno y no se prevén mejoras a corto plazo.

Barcelona quiere obligar a los promotores de vivienda destinen un 30% de los edificios que construyan a vivienda social. Es lo que el equipo de Colau llevará al próximo Plenario municipal, una iniciativa planteada por el sindicato de Inquilinos y la PAH en línea con las propuestas de la primera edil. El sector, por su parte, se ha pronunciado para mostrar su disconformidad. Supondría mayor presión sobre los precios y "una parálisis de la actividad".

Buena parte de los 9.900 pisos de entidades financieras que forman parte del Fondo Social de Viviendas (FSV), impulsado por el Gobierno hace un lustro para intentar frenar los desahucios y que durará al menos hasta principios de 2019, están afectados por la morosidad. Algunos bancos afirman que los impagos alcanzan el 40% de los contratos.

La Generalitat ha empezado a ceder a los organismos sociales los pisos de herencias sin testamento para que puedan destinarlos a personas en situación de emergencia social o riesgo residencial en vez de venderlos como se ha hecho hasta ahora. La semana pasada ya se entregaron una treintena de inmuebles repartidos por varios municipios de Barcelona, Tarragona y Girona.

Los pisos de alquiler protegidos para jóvenes de hasta 35 años concebidos para un periodo cerrado de cinco años han cambiado sus condiciones de entrada.

La promesa del gobierno de construir 150.000 pisos sociales (vpo) al año para paliar la desaceleración del sector inmobiliario ha quedado en agua de borrajas. Al menos por ahora.

La generalitat pondrá en marcha, para el periodo 2008-2017, planes para la promoción de 10.000 viviendas de promoción pública (vpp) para el alquiler y para la construcción de 15.000 viviendas que se pondrán a la venta a bajo precio y con ayudas a las personas con menos recursos