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La vivienda protegida, en mínimos: se entregan un 93% menos de pisos que en plena burbuja

Autor: Redacción

La entrega de viviendas sociales está por los suelos. Según los datos del Ministerio de Fomento, el Estado y las autonomías entregaron el año pasado un total de 4.938 pisos de protección, la cifra más baja de la serie histórica.

En concreto, el número de viviendas sociales es 13 veces más bajo que en los años del boom (en 2007 y 2008, por ejemplo, se entregaron en torno a 68.000 en cada ejercicio) y está a años luz del máximo registrado desde 1991. En el año 1997 se llegaron a entregar más de 85.000 casas.

Teniendo en cuenta que en el ejercicio pasado se contabilizaron más de 400.000 solicitudes, se puede concluir que tan solo una de cada 100 familias que pidieron una vivienda protegida lograron hacerse con una.

Los datos del Colegio de Arquitectos y el Ministerio de Fomento muestran que "entre 1952 y 2016 se construyeron en España más de 6,8 millones de viviendas protegidas en alguna de sus diferentes modalidades, lo que, sobre un parque residencial superior a 25 millones de unidades, representa más de un 26% del total de las viviendas de España ha sido construido con apoyo público". Dicho de otro modo, una de cada cuatro casas que se ha levantado en España en las últimas seis décadas ha contado por el impulso de la Administración.

Sin embargo, la crisis ha supuesto un punto de flexión para el apoyo a la vivienda protegida, que poco a poco ha ido perdiendo protagonismo en los Planes de Vivienda Estatales. 

"Uno de los principales motivos de este hundimiento de la vivienda protegida fue la escasa dotación presupuestaria del Plan 2013-2016: tan solo 2.421 millones de euros, una cuarta parte del gasto inicialmente previsto en el anterior Plan 2009-2012 (10.100 millones de euros), durante el periodo 2009-2016, el gasto público del gobierno central en materia de acceso a la vivienda y fomento de la edificación disminuyó alrededor de un 65%, tanto en valores absolutos como en porcentaje sobre el total del gasto público", sostiene un estudio publicado por la Fundación Alternativas y Fundipax sobre la materia.

En 2017 se prorrogó el anterior Plan y el nuevo que ha entrado en vigor pone el foco en otra dirección: fomentar la rehabilitación, regeneración y renovación de zonas urbanas, y facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con dificultades económicas. 

El Plan de Vivienda 2018-2021 "introduce cambios significativos que merecen especial atención. Sin duda, el más importante es la desaparición de la vivienda protegida. Ninguno de los dos borradores ni la versión finalmente aprobada prevén medidas de fomento para su construcción u obtención mediante actuaciones de rehabilitación. Esta circunstancia supone un cambio histórico con todos los planes estatales aprobados hasta la fecha", alerta el estudio.

No obstante, los nuevos Presupuestos Generales del Estado sí que contemplan una partida específica de unos 350 millones de euros, lo que permitiría financiar menos de 5.000 casas nuevas. La cifra está muy por debajo de las necesidades que detecta el estudio, que calcula que se requieren 1,5 millones de viviendas de alquiler asequible. 

Desde el sector promotor sostienen que las ayudas son insuficientes y piden más recursos para desarrollarlos. Creen que hay suelo suficiente como para levantar más casas de este tipo, pero afirman que faltan incentivos a promotores y compradores por parte de las Administraciones Públicas para construirlos.