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La Generalitat amplía su parque de vivienda social con 300 pisos de CriteriaCaixa

Jaume Cabré, vicepresidente primero de CriteriaCaixa, y Meritxell Borràs, consellera de Vivienda. Fuente:Generalitat de Cataluña
Jaume Cabré, vicepresidente primero de CriteriaCaixa, y Meritxell Borràs, consellera de Vivienda. Fuente:Generalitat de Cataluña

La Generalitat de Cataluña ha firmado un nuevo acuerdo con una entidad bancaria, CriteriaCaixa, para ampliar el parque de la Agencia de Vivienda de Cataluña en 300 pisos más que destinará a alquiler social. Con este convenio, la Generalitat ya suma 3.960 viviendas públicas más cedidas por entidades financieras que se destinarán a alquiler social y asequible.

La consellera de Vivienda, Meritxell Borràs, el director de la Agencia de Vivienda de cataluña, Jaume Fornt, y el vicepresidente primero de CriteriaCaixa, Jaume Cabré se reunieron ayer para firmar este convenio con el fomentar así el régimen de alquiler asequible. CriteriaCaixa es la división que gestiona las inversiones del patrimonio de la Fundación La Caixa.

La Generalitat de Cataluña tiene como objetivo en estos presupuestos para 2017 cumplir con una fuerte inversión en materia de vivienda. Una de las políticas con las que está trabajando es ampliando el parque de vivienda pública. Actualmente, la Generalitat cuenta con alrededor de unos 100.000 pisos sociales, un 3,3% del stock de vivienda disponible. 

Una de las condiciones más controvertidas en este convenio es que las viviendas que CriteriaCaixa ceda a la Generalitat pueden incluir pisos donde vivan familias que vayan a ser desahuciadas, ya sea por impago de hipoteca o impago de alquiler. Desde la Generalitat han comunicado que estas personas "podrán regularizar su situación adheriéndose al alquiler asequible". CriteriaCaixa, por su parte, se compromete a asegurar que, como mínimo, un 50% de los pisos cedidos estén ya vacíos cuando se entreguen.

La Agencia de la Vivienda de Cataluña establece un importe para el alquiler de esos pisos que se situará alrededor de los 150 euros, pero es un importe orientativo, pues lo determinará los ingresos netos de la unidad familiar de los inquilinos. Las condiciones para acceder a un alquiler social bien serán haber perdido una vivienda como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria (deshauciados) o encontrarse en un proceso de reclamación judicial, o bien necesitar una atención especial, como es el caso de personas mayores, víctimas de violencia machista o personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Los inmuebles cedidos estarán ubicados, preferentemente, en municipios donde se haya detecado una necesidad habitacional. De esta forma, deberán cumplir con la ley 4/2016, que entró en vigor a principios de este mismo mes, con la que desde la Generalitat están obligados a fomentar la vivienda social y alquiler asequible.