Alquiler social Barcelona

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha incorporado al Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA) tres nuevas actuaciones para levantar unas 880 viviendas y alojamientos dotacionales sobre suelo público. A través de la entidad pública de suelo, Sepes, promoverá 628 viviendas protegidas en Sevilla, otras 75 en Soria y 177 adicionales en la capital catalana. Además de estos acuerdos, hay otras 18 actuaciones residenciales en marcha para desarrollar cerca de 17.000 viviendas sobre suelo público y se están estudiando actuaciones en otros 65 terrenos de Defensa.

Barcelona ha logrado captar 7,6 millones de euros de los fondos NextGeneration que otorga la Unión Europea que se destinarán íntegramente a atender a unas 200 personas sin hogar que actualmente viven en la ciudad. El proyecto social 'Derecho a la vivienda' estará liderado por HOGAR SÍ y Provivienda, que actuarán en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona gracias al convenio que han firmado y que contempla varias actuaciones durante los próximos tres años.

La entidad pública del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha declarado desierta la licitación para levantar 4.500 viviendas que iban a ser destinadas a pisos de alquiler social en la circunvalación de la capital catalana. Las condiciones económicas ascendían a entre 58 millones y 104 millones de euros.

En enero de 2017, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó el Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025 que recogía la promesa del equipo de Ada Colau de construir 8.854 viviendas en 9 años y aumentar el parque público un 8%. De la media de 800 pisos nuevos por año que calculaban (3.541, según el Plan), hoy confirman que no construirán más de 1.500 pisos durante su legislatura. 

Dos meses más tarde, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha obtenido respuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Patronal Municipal de la Vivienda, inicia las obras de 68 viviendas destinadas a alquiler asequible en el Parc de la Llacuna del Poblenou (Sant Martí), y otras 46 viviendas en el Parc de la Llacuna del Poblenou (Sant Martí).

El plan de vivienda 2016-2025 está a punto de salir a andar. Con él, el Ayuntamiento de Barcelona creará un servicio púbico de la vivienda ante la problemática del alquiler en la ciudad después de alcanzar en 2016 los máximos históricos en el precio.

El Ayuntamiento de la Ciudad Condal ha presentado su Plan para el Derecho a la Vivienda que abarca hasta 2025.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central sobre varios artículos de la Ley catalana de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, por vulnerar competencias estatales.

Barcelona vive su particular burbuja inmobiliaria en el mercado del alquiler. Según el Ayuntamiento de la Ciudad Condal, la renta media mensual se situó en 727 euros, un 6,6% más que en 2014, el más alto entre las grandes ciudades españolas.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que esta misma semana empezará a enviar a Sareb los requerimientos necesarios para que la sociedad le ceda 400 de los 561 pisos vacíos que tiene en la ciudad condal desde hace dos años. Su petición se ampara en la ley que ha sacado adelante para afrontar la pobreza energética y la emergencia habitacional.

El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto 12 multas a tres bancos por mantener vacíos pisos de su propiedad durante más de dos años, que ascienden a 5.000 euros. El consistorio dirigido por Ada Colau ha decidió ampliar las ayudas para el alquiler social y ejercerá el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas de los bancos.

El Ayuntamiento de Barcelona va a poner en marcha un plan piloto para reconvertir en viviendas de alquiler social los pisos turísticos alquilados de manera ilegal en el distrito de Ciutat Vella.

Tanto la Generalitat como los ayuntamientos catalanes van a comprar 1.400 pisos adjudicados de la banca procedentes de ejecuciones hipotecarias.

La síndica de Barcelona, institución que defiende los derechos de los ciudadanos de la ciudad condal, denuncia que el 40% de las familias que piden un alquiler social en Barcelona son excluidas por falta de recursos económicos.