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El Constitucional suspende la ley catalana que grava los pisos vacíos de la banca

Autor: Redacción

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central sobre varios artículos de la Ley catalana de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, por vulnerar competencias estatales. La normativa catalana se une a los recursos contra las leyes de vivienda de Andalucía, Canarias y País Vasco.

El Gobierno en funciones ha impugnado algunos artículos de esta ley como, por ejemplo, el que establece un impuesto a las viviendas vacías durante más de dos años si eran propiedad de personas jurídicas o grandes tenedoras de viviendas, es decir, los bancos.

Para el Ejecutivo “constituye una transferencia coactiva y temporal de la titularidad de la vivienda que incide en el derecho de propiedad que reconoce el artículo 33 de la Constitución. Supone, además, una discriminación arbitraria de las personas jurídicas o grandes tenedores de vivienda, a las que se imponen obligaciones más gravosas. Esta normativa genera un daño especial a una clase de entidades que forman parte del sistema financiero”, concreta

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ya afirmó que ese hecho imponible ya está gravado en el actual sistema de financiación de las haciendas locales, que prevé recargos de hasta el 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) sobre las casas vacías.

Según datos del Gobierno catalán, se llegó a recaudar 11,3 millones de euros durante el primer año de liquidación del impuesto. 198 entidades financieras e inmobiliarias pagaron por tener pisos deshabitados durante más de dos años sin causa justificada. La Generalitat pretendía adquirir más de 260 viviendas para destinarlas a alquiler social sobre los 72 municipios se han acreditado una mayor demanda de pisos sociales. 

Otro de los puntos en conflicto es la disposición adicional que prevé que, en caso de cesión de un crédito garantizado con la vivienda, el deudor podrá liberarse de la deuda abonando el precio que haya pagado el propietario más los intereses legales y los gastos que haya causado la reclamación de la deuda. Para el Consejo de Ministros en funciones “la norma catalana presenta lagunas esenciales que determinan un apartamiento de la regulación civil, competencia del Estado”, concreta.