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Los sindicatos proponen controlar el alquiler que supere el 25% de los ingresos

Piden al Gobierno medidas para impulsar el parque público de viviendas en alquiler

Gtres
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Autor: Redacción

El control de los precios del alquiler en zonas especialmente tensionadas que el Gobierno anunció que tendrá listo para antes del verano está dando que hablar dentro y fuera del sector. Los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han presentado la “Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda” donde piden al Ejecutivo que apueste por mayor esfuerzo público en materia residencial.

España es uno de los países de Europa que destina menos presupuesto a políticas de vivienda (apenas el 0,1% del PIB), dejando de desarrollar desde hace una década vivienda pública, y menos para el alquiler, desde el estallido de la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria.

Los sindicatos piden “regular y operar sobre el mercado del alquiler para alinearlo con los ingresos de la población, el derecho a la vivienda y la función social” y “concentrar los recursos públicos en el alquiler y en consolidar un amplio parque público de alquiler”.

Para ello, los sindicatos creen que el inminente control de precios de los alquileres deba basarse en la relación de las rentas con los ingresos de los hogares. “Se tomará como referencia los ingresos de los hogares y se considerará zona tensionada aquella en la que el coste medio del alquiler supere el 25-30% de los ingresos medios de los hogares que residen en la zona”, afirma el estudio presentado

“Este mecanismo no fija un precio máximo único a nivel nacional, sino que permite adaptarse con flexibilidad a la realidad y condiciones de la población en cada zona”, destacaron los secretarios generales de ambos sindicatos Unai Sordo (CC.OO.) y José Álvarez (UGT).

Los sindicatos proponen que la definición de zona tensionadas y los mecanismos para la limitación de los precios de alquiler se realicen a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con una periodicidad anual.

Por otro lado, y para aumentar el parque público de vivienda en alquiler asequible, presentarán al Gobierno un Programa de Alquiler Seguro y Asequible (PASA) con el que captar viviendas vacías para el mercado de arrendamiento. “Pensamos que será un sistema de alquiler seguro para el arrendador y asequible para el arrendatario”, concretan.

Creen que el Gobierno debería de ofrecer ayudas para rehabilitar las viviendas de los particulares, a cambio de que pasen a formar parte de este Programa de Alquiler Seguro y Asequible.

“En España apenas se alcanza una tasa de rehabilitación de viviendas del 0,11% del parque residencial, muy por debajo del objetivo del 3% de tasa anual que incluye la Directiva 2018/844 de eficiencia energética de los edificios”, destaca el informe. “Para aumentar el alcance de este impulso de rehabilitación con fines sociales, hay que rebajar el tipo de IVA que grava estas actuaciones”, aclaran.

Gravar la vivienda vacía y mejorar el parque público

Sin embargo, los sindicatos se suman a la idea de gravar fiscalmente la vivienda vacía, mediante el IRPF o el IBI, y sobre todo en aquellas zonas que se declaren tensionadas y con una importante necesidad de vivienda.

También, pide al Ejecutivo “reformular los beneficios fiscales destinados a la vivienda en alquiler”. Por un lado, que tanto arrendadores como arrendatarios puedan bonificarse el alquiler, y aumentarla para las viviendas privadas adscritas a los programas de alquiler público y reducirla para las que estén en el mercado libre.

Además de reordenar la fiscalidad de empresas, diferenciándolas entre las que participan del alquiler público asequible y las que se encuentran en el mercado libre:

  • Suprimir los beneficios fiscales ligados a la compra por inversión en vivienda en IRPF y Sociedades.
  • Elevar al tipo general en Sociedades la tributación de las socimi en su actividad relacionada con el alquiler de viviendas.
  • Rebajar el IVA de las actuaciones de rehabilitación (del 21% al 10%) de aquellas viviendas que se destinen al alquiler público.
  • Reordenar la fiscalidad (IVA, Sociedades) a las diferentes empresas y sociedades que operan en el sector inmobiliario. Si apoyan la vivienda pública, que tengan bonificación. Si no es así, pues ya no tendrán bonificaciones.

Además, piden controlar el alquiler turístico para limitarnos en las zonas que se determinen tensionadas, y que el Gobierno aporte recursos y presupuesto en consolidar un parque público de viviendas en alquiler potente y exclusivamente de alquiler. “El objetivo sería que el presupuesto de la política de vivienda alcance inicialmente el 0,3% anual del PIB en cuatro años (unos 3.600/4.000 millones anuales), concentrado en financiar el parque de alquiler público y las actuaciones para promover un arrendamiento asequible”, destaca el informe.

Los sindicatos proponen ponerse las pilas y tener como primer objetivo de disponer de al menos 100.000 viviendas públicas de alquiler público en cuatro años, entre todas las administraciones, entre la construcción de nueva vivienda y a la compra de vivienda ya construida.