Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han comenzado su batalla judicial contra el nuevo Plan Estatal de Vivienda presentado por el Gobierno central hace apenas dos meses, que contempla un presupuesto de 7.000 millones de euros, de los que el 40% deberá ser asumido por los Ejecutivos regionales.
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Las primeras comunidades que han anunciado la interposición de recursos contra este nuevo proyecto del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) han sido la Comunidad de Madrid, Andalucía y Extremadura, que denuncian una invasión de competencias por parte del Gobierno central en una materia que recae sobre las autonomías.
En esta misma línea, los populares recalcan que esta elevada cuantía limitará su propia gestión presupuestaria, ya que deberán aportar 2.800 millones de euros en los próximos cinco años.
Ayuso acude al Supremo y Guardiola y Moreno, al Constitucional
Pese a que las comunidades autónomas gobernadas por el PP anunciaron que votarían a favor de este nuevo plan en la pasada Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada hace un mes, ya adelantaron que fue desarrollado a espaldas de las autonomías y que estaban valorando presentar apelaciones ante la Justicia.
La gran autonomía, la Comunidad de Madrid, ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo al considerar que vulnera las competencias en materia de vivienda.
Por otro lado, Andalucía ha anunciado que presentará un requerimiento al Consejo de Ministros con el objetivo de modificar varios artículos del plan que, según el Ejecuto liderado por Moreno Bonilla, representa una invasión de competencias y está amparado por el Constitucional.
En esta línea, la Junta de Extremadura ha iniciado dos requerimientos que derivarán en dos recursos, uno ante el Tribunal Constitucional y el segundo a la jurisdicción contencioso-administrativa. Además de la invasión de competencias, el Gobierno de María Guardiola denuncia un esfuerzo económico "absolutamente desproporcionado”.
Choque por la protección permanente
Otro de los aspectos cuestionados por los de Feijóo es la obligación de establecer un régimen de protección permanente para determinadas viviendas beneficiarias de ayudas públicas, una exigencia que consideran que deberá tomar las autonomías, ya que tendrán que modificar marcos normativos ya consolidados, lo que generaría inseguridad jurídica.
El choque no es solo en materia de vivienda, también político. Desde el PP denuncian que las medidas adoptadas por este plan fueron definidas exclusivamente por el Ministerio de Vivienda y que las alegaciones presentadas por los técnicos populares no fueron tramitadas e incorporadas en el texto final.
¿Cuánto deberá aportar cada comunidad al nuevo Plan de Vivienda?
Andalucía y Madrid son las dos comunidades que más tendrán que aportar de su presupuesto a esta materia: 478,8 y 445,2 millones de euros, respectivamente. En tercer lugar está Cataluña (406 millones), mientras que Extremadura debería abonar 84 millones en estos cinco años.
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