Las CCAA dan por perdido el primer año del nuevo Plan de Vivienda y piden más fondos

Las cuatro principales comunidades autónomas de España se han dado cita en el encuentro Precios de Vivienda 2026 que se han celebrado en Madrid. Un encuentro en el que han hecho balance de las diferentes medidas que han tomado en los últimos años para impulsar el desarrollo de viviendas protegidas y de alquiler asequible, y han criticado tanto el retraso en la puesta en marcha del nuevo Plan de Vivienda como la falta de recursos públicos que incluye para atajar la actual crisis habitacional.

Uno de los puntos críticos de la mesa redonda en la que han participado los representantes autonómicos se ha centrado en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que el Ejecutivo esperaba aprobar a finales del año pasado y que todavía no tiene luz verde.

Maria José Piccio-Marchetti, directora general de vivienda y rehabilitación de la Comunidad de Madrid, ha recordado que el anterior Plan Estatal de Vivienda (2022-2025) “se aprobó en enero y ahora estamos en marzo y no solo no se ha aprobado, sino que todavía desconocemos cuál es su contenido exacto. Todavía no tenemos un texto”. Lo que les ha trasladado el Ejecutivo central es que podría recibir luz verde a finales de abril, semanas más tarde de lo que había anunciado a principios de año la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. 

Este retraso temporal también ha estado presente en el discurso de Juan Antonio Pérez Sala, director general de planificación y políticas de vivienda de la Comunidad Valenciana, quien ha enfatizado en que “el Plan Estatal es clave” para seguir impulsando el segmento de vivienda protegida y asequible, aunque ha alertado de que los 7.000 millones de euros fondos públicos destinados a tal fin no van a ser suficientes. 

“Es verdad que se incrementa la financiación. Y, aunque el presupuesto sube, posiblemente no sea suficiente para atender la demanda que tenemos, pero las limitaciones presupuestarias son las que son”, ha aseverado.

Pérez Sala también ha recordado que el borrador del nuevo Plan de Vivienda que ha publicado el Gobierno obliga a las CCAA a realizar un mayor esfuerzo inversor (con aportaciones del 40% del total) y que también condicionará la recepción de más fondos públicos a que las regiones cumplan condiciones, como por ejemplo declarar zonas de mercado residencial tensionado.

Además, el responsable de políticas de vivienda de la Comunidad Valenciana ha alertado de que, dado el retraso de la aprobación del Plan de Vivienda, “prácticamente en 2026 no vamos a tener un plan en marcha”. Una vez que el Gobierno apruebe la hoja de ruta de vivienda pública hasta 2030, la Administración Central deberá cerrar acuerdos bilaterales con las CCAA y, después, diseñar e implementar las convocatorias. “El Plan puede ayudar, pero tenemos que trabajar. Y cuidado porque ya hemos perdido prácticamente medio año y 2026 se nos va a pasar muy rápido”, ha alertado.

“La Administración no llega sola”

Otro de los mensajes que han lanzado las CCAA es la necesidad de contar con capital privado para impulsar los proyectos residenciales asequibles y facilitar así el acceso a la vivienda.

Y una de las claves que destacan es reforzar la colaboración público-privada, porque “la Administración Pública no llega sola a cumplir esa ¿misión?”, ha afirmado Juan Cristóbal Jurado Vela, director general de vivienda de la Junta de Andalucía.

En esa misma línea, el representante de la Comunidad Valenciana ha asegurado que “es imposible que la Administración pueda atender la necesidad residencial con medios propios”, por lo que ha defendido apoyarse en el sector privado, “que tiene la capacidad de saber hacer e invertir en vivienda”. Según Pérez Sala, “son muchas teclas las que hay que tocar” y una de ellas es garantizar la seguridad jurídica. “Evidentemente, tenemos que garantizar que sea viable y sostenible en el tiempo”, ha incidido. 

Además, los representantes regionales se han mostrado a favor de flexibilizar la normativa y de fomentar los cambios de uso de suelos y edificios en desuso para que puedan convertirse en viviendas, como ha defendido la Comunidad de Madrid.

Para la Comunidad Valenciana, también es determinante la claridad normativa y “no cambiar las reglas de juego”, así como establecer derechos de superficie de al menos 70 años en las concesiones; y que los tres niveles de la Administración -estatal, autonómica y municipal- estén alineados. Asimismo, destaca que los precios de la VPO deberían actualizarse automáticamente cada año -para que esté alineado con el IPC y cubra los aumentos de los costes de construcción; y que es necesario sacar más suelo al mercado y movilizar los planes urbanísticos pendientes. También valora analizar otras medidas fiscales como la posibilidad de bajar el IVA a la VPO, planteamiento que defiende el sector promotor. “Es un camino a largo plazo y tenemos que estar alineados”, ha añadido el director general de planificación y políticas de vivienda de la Comunidad Valenciana.

Miles de viviendas movilizadas

Las cuatro CCAA más pobladas de España, y que precisamente protagonizan unos de los casos más evidentes de la actual crisis residencial, han puesto en valor las medidas que han puesto en marcha en los últimos años para fomentar la vivienda asequible. Uno de los planes de colaboración público-privada más destacados es el Plan Vive en la Comunidad de Madrid, modelo que ha seguido también la Comunidad Valenciana; o la empresa mixta en Cataluña.

La región madrileña ya ha entregado o está desarrollando 14.000 viviendas de alquiler asequible en diferentes municipios de la región, más de las que tenía previstas para toda la legislatura; y se espera que vaya ampliándose con nuevas ubicaciones. 

Mientras, Comunidad Valenciana se ha marcado como objetivo movilizar 10.000 inmuebles a través de este programa, y, aunque todavía no ha entregado ninguna promoción de estas características, la región ha movilizado suelo para unas 6.000 viviendas, de las que 1.200 se empezarán a construir este año.

Andalucía, por su parte, ha detallado que la aceleradora de proyectos regional está analizando documentación para impulsar 20.000 viviendas por parte de promotores privados; y que recientemente se han validado proyectos en localidades como Sevilla (9.000 viviendas, el 45% de ellas VPO) o Tarifa (Cádiz), donde hay proyectadas más de medio millar de viviendas. 

En el caso de Cataluña, el objetivo es impulsar 50.000 viviendas hasta 2030. Según ha explicado Jordi Mas Herrero, director general d'Habitatge de la Generalitat de Cataluña, actualmente hay movilizado suelo para 25.000 inmuebles, de los que 14.000 ya están en marcha; y la previsión de este año es llegar a 5.000 calificaciones provisionales.