El ‘think tank’ del PSOE propone alquileres indefinidos, reformar el IBI y sumar 1,7 millones de viviendas sociales

El plan de AVANZA y la Fundación Friedrich Ebert plantea movilizar 20.300 millones de euros al año durante 15 años, de los que entre 4.000 y 6.200 millones serían capital público.
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Foto: Felipe Gabaldón / Wikimedia Commons, CC BY 2.0

La Fundación Laboratorio de Ideas AVANZA, el actual ‘think tank’ (laboratorio de ideas) oficial del PSOE, propone extender los contratos de alquiler de duración indefinida, reformar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y elevar el parque de vivienda social hasta el 10% del total residencial en 15 años. Las medidas forman parte del informe Proteger y construir. Hacia un New Deal para la vivienda en España, elaborado junto a la Fundación Friedrich Ebert.

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El documento plantea combinar medidas para proteger a los inquilinos con un programa de construcción, compra y rehabilitación de vivienda asequible. Según las cifras que recoge el informe, en 2025 se visaron unas 139.000 viviendas, frente a una formación estimada de 200.000 hogares al año. La tasa de emancipación de las personas de entre 18 y 34 años se situó ese mismo año en el 31,3%, 17 puntos por debajo de la registrada en 2010.

Contratos indefinidos y registro obligatorio de los alquileres

Para dar estabilidad a los inquilinos, AVANZA plantea avanzar hacia contratos de alquiler de duración indefinida con causas de resolución tasadas, siguiendo modelos como los de Alemania y Países Bajos. El informe propone también evaluar periódicamente los efectos de los límites a las rentas en las zonas tensionadas y evitar que los contratos de temporada y turísticos se utilicen para eludir las obligaciones del alquiler de vivienda habitual.

Otra de las medidas es la inscripción obligatoria de todos los contratos de alquiler en el Registro de la Propiedad. La fundación sostiene que contar con datos homogéneos sobre las rentas pactadas y las condiciones de los contratos permitiría seguir la evolución del mercado y medir el efecto de la regulación. El documento acompaña estas propuestas con ayudas al alquiler y mecanismos de mediación y garantía.

En materia fiscal, el informe plantea estudiar un IBI que diferencie el valor del suelo del de la edificación. Según sus estimaciones, la base sobre la que tributan las viviendas de menor valor equivale, de media, al 42% de su precio de mercado, frente al 32% en los inmuebles más caros. La propuesta contempla además una deducción temporal, decreciente y limitada por la compra de la primera vivienda y una posible imputación moderada en el IRPF vinculada al valor de la edificación de la vivienda habitual.

AVANZA plantea acompañar estos cambios con rebajas en el IRPF sobre las rentas del trabajo, especialmente las medias y bajas. En la simulación que incorpora el informe, un inquilino de renta media en Madrid obtendría un saldo favorable de unos 3.900 euros al año, mientras que un contribuyente con dos viviendas en la capital pagaría alrededor de 4.870 euros más. Son dos de los perfiles que el estudio utiliza para ilustrar el efecto combinado de las medidas.

Protección permanente para la vivienda financiada con recursos públicos

Para alcanzar el objetivo del 10%, el informe calcula que habría que incorporar 1,69 millones de viviendas sociales y asequibles a las 614.000 que contabiliza actualmente. La fundación propone que las viviendas construidas, adquiridas o rehabilitadas con financiación o suelo públicos conserven su protección de forma indefinida. Entre las vías que plantea estudiar para blindar esa protección figuran una ley orgánica y una reforma constitucional.

La ampliación del parque combinaría obra nueva, rehabilitación y compra de inmuebles. Una de las propuestas consiste en que las administraciones ejerzan los derechos de tanteo y retracto cuando grandes fondos vendan carteras de viviendas con descuento, para adquirirlas en las condiciones pactadas e incorporarlas al parque público. El informe también reclama que los nuevos desarrollos residenciales se planifiquen junto con el transporte público, el empleo y los servicios.

El escenario de financiación parte de un coste medio de 180.000 euros por vivienda. De los 20.300 millones de euros anuales de inversión estimada, entre 4.000 y 6.200 millones corresponderían a capital público. El resto se cubriría con deuda en condiciones favorables y capital privado sujeto a regulación. Para sostener la inversión, el informe propone dar al Instituto de Crédito Oficial (ICO) un mandato estable para financiar vivienda social, crear un fondo de garantías para facilitar el crédito y reinvertir los recursos recuperados de promociones anteriores en nuevos proyectos.

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