El Gobierno insiste en que la futura Ley de Vivienda no pretende usurpar el derecho a la propiedad privada
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Aviso a navegantes del Banco de España: las ayudas al alquiler no deben suponer una subida de rentas
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Varios expertos han analizado el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, promovido por el Gobierno en un debate organizado por la Fundación Alternativas. El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha advertido de que se deben regular y diseñar mejor que hasta ahora las ayudas alquiler y los incentivos a propietarios para que no se traduzca en una subida de los precios. Ignacio de la Torre, economista jefe en Arcano Partners, aboga por fomentar la oferta de viviendas, tanto en venta como en arrendamiento, para conseguir abaratar los precios.

En el evento estuvo presente el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, que recordó que la normativa sigue aún el trámite parlamentario, y que aún queda trabajo por hacer. “Debemos solventar graves problemas estructurales en materia de vivienda que nunca hemos resuelto, ni afrontado y, todo, plantear soluciones reales y efectivas a las circunstancias que afectan a gran parte de la población española en cuanto al acceso a una vivienda digna a un precio adecuado y asequible”, afirmó.

Lucas recordó que el parque público de viviendas español es realmente encaso, de apenas un 2,5% en España, frente a la media europea del un 9,3%, y que, en el caso de Holanda, alcanza hasta el 30% del parque de todo el país.

El secretario de Vivienda ha defendido que la nueva ley es muy amplia y que pretende acometer medidas a corto y medio plazo, como la contención de las rentas, y otras más a largo plazo, como la ampliación del parque estatal de viviendas. Para ello, aclaró que esta ley quiere establecer los mecanismos de colaboración y cooperación con todas las Administraciones, que son las realmente competentes en vivienda, y con la colaboración público-privada.

La nueva ley no pretende usurpar el derecho de propiedad, sólo establecer una conjunción público-privada como elemento de referencia y columna vertebral de la normativa, así como un blindaje de los parques públicos de vivienda”, aclaró.

En el debate posterior destacó la participación del director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, que abogó por diseñar y optimizar bien tanto las ayudas al alquiler como los incentivos fiscales a los propietarios para que no se traduzcan en una subida de los precios de los arrendamientos.

Sobre la limitación de los precios del alquiler en las zonas que se declaren tensionadas afirmó que “era pan para hoy y hambre para mañana”, recordando los amplios ejemplos de ciudades europeas donde no ha funcionado el control de precios. “Se puede reducir el precio en una zona, pero las rentas subirán alrededor de esa zona”.

Por su parte, el economista jefe en Arcano Partner, Ignacio de la Torre, fue muy crítico con el Anteproyecto y pidió al Gobierno que empiece a crear certidumbre normativa y jurídica a los inversores para que el sector sea más estable.

La principal política que debe tomar el Ejecutivo es sobre la oferta, lo que funciona es incrementar la oferta de viviendas”, ha recalcado el experto. Pero además pide que se acabe con la enorme burocracia para sacar suelo finalista al mercado, que está haciendo que los precios de las viviendas sigan siendo altos. “El precio de la vivienda afecta también al precio de los alquileres”.

Otra de las patas que debe vertebrar el mercado, según el experto, es la de aumentar la mano de obra en el sector para equilibrar los gastos de construcción y que no repercutan en el precio final de la vivienda.

Finalmente, Carme Trilla, presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, defendió algunas medidas como la implantación del límite de alquiler como una “medida totalmente temporal y puntual y que no debe alterar el alcance de las medidas que ofrece toda la Ley de Vivienda”.

Trilla reitera que llevar adelante el Anteproyecto de Ley de Vivienda debería ir acompañado de un Pacto de Estado, entre partidos, administraciones públicas, operadores y afectados para que su alcance sea totalmente efectivo y productivo, porque sino se puede convertir en un “problema mayor” que la solución que pretende aportar.

Sin embargo, pidió eliminar la definición de gran tenedor porque no sirve de nada. “Tal y como está planteado, solo afecta al 20% del mercado de alquiler, deben aplicarse medidas para todos los propietarios por igual”.

Y finalmente, también pidió a las entidades que apuestes por dar financiación para promover vivienda de alquiler.

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