La sentencia del Tribunal Supremo que anula el Registro Único de Arrendamientos de corta duración supone volver a 2024 para el mercado del alquiler turístico en España. La decisión judicial elimina el sistema estatal gestionado por los Registradores de la Propiedad, devuelve el protagonismo regulador a las comunidades autónomas y abre un escenario de posibles reclamaciones patrimoniales contra el Estado por los perjuicios ocasionados a miles de propietarios, según la patronal nacional del alquiler de corta estancia (FEVITUR).
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La sentencia concluye que el Estado carecía de competencia para crear el Registro Único tal y como fue diseñado, al invadir competencias autonómicas en materia de ordenación turística. El Alto Tribunal mantiene, no obstante, la Ventanilla Única Digital y los mecanismos de intercambio de información exigidos por la normativa europea, preservando así la cooperación administrativa y la obligación de transmisión de datos por parte de las plataformas digitales.
El fallo tiene consecuencias inmediatas para unas 111.000 viviendas cuyas solicitudes de inscripción fueron rechazadas, en muchos casos por criterios vinculados a los estatutos de las comunidades de propietarios. Con la nulidad del registro estatal, asociaciones del sector consideran que estos inmuebles podrán volver a anunciarse en plataformas como Airbnb o Booking, siempre que cuenten con la licencia autonómica correspondiente.
La patronal FEVITUR cifra en unos 33.000 euros el coste medio soportado por cada propietario afectado (entre pérdida de reservas, bloqueos y gastos adicionales) y estudia impulsar reclamaciones patrimoniales que, en conjunto, podrían alcanzar los 160 millones de euros. La organización sostiene que el modelo estatal generó inseguridad jurídica y duplicidades al superponer un control registral adicional sobre actividades ya reguladas por las comunidades autónomas.
Desde el Ministerio de Vivienda se ha instado a las comunidades a reforzar los controles sobre el alquiler turístico, mientras que gobiernos autonómicos como el andaluz han reclamado una evaluación conjunta del impacto económico, social y territorial de la sentencia, así como el análisis de posibles compensaciones para los operadores perjudicados.
"Si tan valientes se han puesto con que tienen que ser ellos. Vamos a ver si lo hacen porque está en juego el derecho de mucha gente", ha afirmado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
El nuevo escenario reabre el debate sobre cómo compatibilizar la actividad turística, el acceso a la vivienda y la sostenibilidad de los destinos, en un contexto en el que las competencias regulatorias vuelven a situarse claramente en el ámbito autonómico tras el revés judicial al modelo estatal.
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