Alquileres turísticos

Mano dura del Ayuntamiento de Nueva York contra el alquiler turístico

El alcalde de Nueva York ha anunciado serias medidas contra el alquiler turístico en la ciudad más grande de EEUU. La nueva norma obliga a las plataformas como Airbnb a enviar a las autoridades un listado con las operaciones realizadas por cada propietario de una vivienda de alquiler a corto plazo. Las operadoras se enfrentan a multas de 1.500 dólares por listado al mes si no informa correctamente.

Carmena apenas refuerza con 22 trabajadores su ambicioso plan de regulación del alquiler turístico

El Ayuntamiento de Madrid trata de controlar el boom de alquiler turístico en el centro de la capital con su plan especial de Regulación del Uso del Hospedaje. Además de establecer un reglamento para poder operar, la Agencia de Licencias se hará cargo de otorgar los permisos a las viviendas que cumplan los requisitos. Para ello, refuerza el departamento, que ya sufre serios retrasos, con apenas 22 empleados.

Hacienda crea el modelo 179 para controlar los alquileres turísticos: a quién afecta y cómo funciona

La Agencia Tributaria ha aprobado la puesta en marcha el modelo 179, que deberán presentar por internet las personas y plataformas que intermedian en el alquiler de viviendas turísticas. Todas las operaciones realizadas este año se deberán presentar en enero de 2019, mientras que a partir de entonces las declaraciones informativas tendrán carácter trimestral. El objetivo del fisco es prevenir el fraude fiscal en este negocio al alza.

Los administradores de fincas piden claridad de los pisos en la ley de alquiler turístico

El alquiler tradicional en Baleares es más rentable que el turístico, según un estudio

Berlínel destino en lucha contra el alquiler turístico sin regularizar

El Gobierno de Berlín trata de controlar los pisos turísticos para evitar un colapso del mercado de la vivienda en la ciudad. El control sobre este tipo de arrendamientos establecido desde 2014 no termina de cuajar. De los más de 23.100 pisos turísticos que se estiman en la capital, solo 6.305 han solicitado el permiso pertinente. Los no registrados se enfrentan a multas que ascienden a 50.000 euros.