El Partido Popular ha registrado en el Parlamento Vasco una proposición no de ley para modificar el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y que se eleve de tres a cinco años el empadronamiento mínimo exigido para poder optar a un piso protegido en la región.
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Esta nueva exigencia ya ha sido aprobada por los populares madrileños, liderados por Isabel Díaz Ayuso, y está sobre la mesa del parlamento catalán tras ser propuesta por Junts.
La parlamentaria Ana Morales ha asegurado durante una rueda de prensa: “Lo pedimos porque es un clamor en la calle. Los ciudadanos vascos piden priorizar el arraigo. También lo pedimos porque la acogida e integración de los que vienen de fuera no pueden hacerlo a costa de quienes ya están aquí”.
La prioridad del Gobierno vasco en el actual sistema de adjudicación “son las personas más vulnerables, las familias de rentas más bajas. Nosotros no criticamos que esto sea así, pero vemos que, como se construye muy poco, hay segmentos de la población, sobre todo de rentas medias, que nunca van a poder alcanzar esas viviendas protegidas”, ha asegurado Morales.
Según los cálculos de los populares vascos, el año pasado se adjudicaron 1.013 pisos sociales para casi 100.000 demandantes inscritos. “Las cifras no dan para atender la demanda que hay” y apuntan a las “trabas que ponen PNV y PSE” a la construcción de VPO.
Excepciones a este nuevo requisito
Durante la comparecencia, Morales ha asegurado que contempla una excepción: “Todos aquellos que dispongan de una vinculación laboral y residencia en Euskadi podrán acceder a una de estas viviendas si tienen, al menos, tres años de empadronamiento en la región”.
Desde el partido de Alberto Núñez Feijóo recalcan que “es una forma de refuerzo en positivo de esa inmigración que nos hace mucha falta, que viene a trabajar y que se esfuerza todos los días por integrarse a través de un empleo”, aunque, han querido destacar que se debe “introducir más equilibrio en las adjudicaciones de vivienda protegida”.
Además, estarán exentas de plazos de arraigo las personas retornadas del extranjero a Euskadi si es su comunidad de origen y las víctimas de violencia de género o terrorismo.
Por otra parte, Morales ha denunciado que el sistema actual “no funciona para fomentar la integración a través de un empleo”, y ha recordado que el 42% de quienes perciben ayudas sociales o RGI (Renta de Garantía de Ingresos) son extranjeros y el 22% “llevan diez años cobrándola”.
“Está claro que nuestro sistema perpetúa y cronifica a quienes cobran una ayuda social y no les ayuda a integrarse”. Según las cifras aportadas por Morales, el 35% de las inscripciones para una VPO corresponden a personas extranjeras, y en la ciudad de Vitoria el porcentaje asciende al 50%.
“Los beneficiarios extranjeros de la prestación económica de vivienda han subido más de un 3.800%, casi el triple de lo que crecen los perceptores nacionales”, en los últimos cinco años.
“Creemos que nuestra capacidad de acogida es limitada, que no puede ser que la integración de quienes vienen de fuera sea a costa de perjudicar a quienes ya están aquí, y creemos que un pilar fundamental de esa integración y de esa acogida debe ser la integración a través del empleo, lo que realmente va a favorecer una acogida y una integración plena”, ha concluido Morales.
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