El real decreto que está preparando el Ejecutivo para regular el sector de los centros de datos en España ha desatado una oleada de críticas por parte de la patronal y algunas CCAA donde están proyectados algunos de los mayores desarrollos del país de cara a los próximos años.
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El último Consejo de Ministros de agosto aprobó el proyecto de real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los 'data centers'. Un texto que se encuentra en periodo de audiencia pública hasta este viernes, 4 de septiembre.
Según el Gobierno, el objetivo de la normativa es poner orden al boom de proyectos de centros de datos que se están anunciando, garantizar la seguridad jurídica y atraer inversiones. Entre las exigencias a cumplir está que al menos el 80% del consumo energético proceda de fuentes renovables o que tanto el centro como el control de los datos correspondan a entidades sujetas al derecho de la UE. Los requisitos afectan tanto a los futuros proyectos como a los que están planteados, que tendrían un plazo de seis meses para adecuarse al nuevo escenario.
Tras hacerse público el texto, tanto la patronal sectorial como CCAA como Aragón, Andalucía y Madrid han alertado del riesgo de que España pierda competitividad en este negocio y que haya una fuga de inversiones hacia otros mercados.
La Asociación Española de Centros de Datos (SpainDC) ha mostrado su preocupación por el proyecto para exigir consumo energético renovable a los centros de datos y ha advertido de que supone un "riesgo de pérdida de inversiones".
Tras confirmar que presentará alegaciones al texto, SpainDC pide "cambios sustanciales" antes de su aprobación definitiva, ya que considera que "España se situaría como el país con el marco regulatorio más restrictivo de la Unión Europea" y que el diseño, la intensidad, acumulación y calendario de determinadas exigencias "pueden comprometer inversiones reales, dificultar la viabilidad de proyectos maduros y reducir significativamente la competitividad" del país frente a otros mercados europeos
La asociación, hay proyectos y planes de inversión que empiezan a valorar alternativas de localización en otros mercados europeos ante un posible marco español "más rígido, menos previsible y difícil de compatibilizar con los tiempos reales de desarrollo de estas infraestructuras". Entre esas futuras localizaciones destacan Portugal y, en menor medida, Italia, Francia y Polonia, según publica el diario El Economista.
SpainDC estima que, si el texto se aprobara en sus actuales términos, podría ponerse en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino. El último Informe Anual de SpainD cifraba en 66.900 millones de euros de inversión directa e indirecta acumulada entre 2026 y 2030 en un escenario de continuidad.
"Estamos hablando de compañías que toman decisiones de inversión a muy largo plazo. Cuando una Administración concede un permiso de acceso y conexión, un proyecto puede empezar a comprometer suelo, financiación, obra, equipos, contratos energéticos y acuerdos con terceros. Las reglas pueden cambiar, pero cambiar de forma estructural las condiciones de esas inversiones y conceder apenas seis meses para adaptarse plantea un problema muy serio de seguridad jurídica y proporcionalidad", afirma el presidente de SpainDC, Emilio Díaz.
La asociación se muestra favor de combatir la especulación y liberar capacidad eléctrica asociada a proyectos sin expectativa real de ejecución, pero defiende que para ello deben utilizarse criterios de madurez, inversión comprometida, avance efectivo y cumplimiento de hitos, "distinguiendo claramente una reserva especulativa de un proyecto real". Además, cuestiona el proceso que se ha seguido, pide más diálogo y aboga por una regulación "mucho más razonable, proporcionada y compatible con la competitividad de España".
España, clave en las rutas globales de conectividad
España es uno de los destinos estratégicos para la inversión en infraestructuras digitales en Europa, según detalla la consultora Cushman & Wakefield en un informe publicado en junio, que apunta que el sector registra un crecimiento aproximado del 9% interanual en capacidad operativa y una expansión cercana al 16% en el tamaño total del mercado.
Según el texto, la posición estratégica en las rutas globales de conectividad gracias a la llegada de nuevos cables submarinos, el desarrollo de una infraestructura digital y el crecimiento sostenido de la demanda vinculada a los servicios 'cloud' y la inteligencia artificial son los factores que están "consolidando la competitividad del país".
El estudio sitíua a Madrid como el principal polo doméstico para los 'data centers', ya que concentra una capacidad total de mercado de 538 megavatios (MW) y podría alcanzar los 1.105 MW en el horizonte 2030; y como el quinto mercado primario de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). En Europa, compite cara a cara con Londres, París y Frankfurt como gran 'hub' tecnológico.
La región creó en 2023 la Oficina de Impulso de Centros de Procesamiento de Datos (OICPD), que ya ha ayudado a 70 empresas a implantarse. Entre los proyectos más relevantes destacan el campus de Fuenlabrada anunciado por la británica Apto (con una inversión de unos 2.000 millones de euros), el complejo Madrid Sur de Echelon e Iberdrola (respaldado por 2.500 millones de euros aprobados por la Comisión Europea) o el proyecto de Ferrovial en Alcorcón (1.000 millones).
Otra de las regiones más destacadas es Aragón, donde gigantes como Microsoft, Blackstone y Merlin Properties han anunciado sus planes para desarrollar 'data centers' con un volumen de inversión que ronda los 18.525 millones entre los diferentes proyectos. También hay proyectos relevantes en Andalucía, con inversiones de unos 10.000 millones de euros; mientras que Málaga es uno de los destinos globales más atractivos para desarrollar nuevos centros de datos, según un estudio publicado recientemente por la consultora Savills.
Otros polos con planes destacados son Extremadura, País Vasco o Barcelona, a los que en el futuro podrían sumarse más: empresas como el grupo Numa han anunciado también su intención de implantar estos centros en otros puntos de la geografía, como Guadalajara o Galicia.
Madrid, Aragón y Andalucía, en contra del texto
Varias CCAA gobernadas por el PP que tienen en ciernes proyectos de 'data centers' millonarios, y que se encuentran entre los mercados mundiales más destacados en este segmento, también se han pronunciado en contra del texto que ha planteado hasta ahora el Ejecutivo.
El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, alertó en su cuenta en la red social X cuando se hizo público el proyecto que el plan generará "perjuicios difícilmente recuperables en términos de empleo, inversión e innovación". E insistió en que dwel texto "se desprende una innecesaria exigencia para el funcionamiento de estas instalaciones" en el país en comparación con otros países europeos, a los que "inevitablemente emigrarán las empresas del sector".
Junto a López-Valverde, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha alertado de que el Gobierno central hace "prácticamente imposible" que se puedan desarrollar Centros de Procesamiento de Datos (CPDs) con su proyecto de real decreto. Y ha insistido en que "ssi no hay centros de datos no hay industria, no hay ciberseguridad, no hay defensa. Es decir, nos quedamos fuera de toda la economía de alto valor añadido, que es lo que estamos necesitando en Madrid, en España y en Europa".
Albert también ha censurado además que se pretanda un efecto retroactivo -ya que el texto también afecta a los proyectos que tienen las licencias necesarias e incluso a los que ya están en funcionamiento- y ha criticado que el Gobierno central "no se ha ocupado de llevar a cabo los desarrollos eléctricos necesarios" para garantizar los suministros en cuestiones como los desarrollos urbanísticos, sin que se hayan hecho las inversiones para ello.
En esa misma línea, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que "si lo que el Gobierno de España quiere se convierte en realidad, existe un riesgo muy serio de que decenas de miles de puestos de trabajo estables, de calidad y bien remunerados no se creen en Aragón"; y ha hablado de un 'boicot' que afecta directamente al trabajo que ha venido haciendo la región en los últimos tiempos "para atraer no solamente miles de millones de euros de inversión, sino para crear decenas de miles de puestos de trabajo".
La Junta de Andalucía se ha sumado a las críticas y, aunque no se opone a regular los centros de datos, sí considera "necesario mejorar el enfoque del proyecto para evitar que determinados requisitos se conviertan en restricciones excesivamente rígidas" y que ignoren la realidad del mercado.
El Gobierno regional ha confirmado que planteará alegaciones al texto para que la regulación se acompase al calendario europeo, evitando así que España se autoimponga exigencias que puedan tener que modificarse posteriormente; que se establezca un régimen transitorio para los proyectos que ya se encuentran en tramitación, y que los criterios de eficiencia energética e hídrica tengan en cuenta las diferentes condiciones climáticas y territoriales.
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