El acuerdo para comprar un bloque de viviendas ocupado en Barcelona y evitar su desalojo ha provocado las críticas del PP. El presidente del grupo municipal popular, Daniel Sirera, acusa al Ayuntamiento y a la Generalitat de convertirse en una “inmobiliaria de okupas” tras anunciar un principio de acuerdo para adquirir el edificio de Llenguadoc 74, en el distrito de Sant Andreu. La operación permitió suspender el lanzamiento previsto para el 7 de octubre, que afectaba a 18 de las 20 viviendas del inmueble.
Las administraciones prevén recurrir al nuevo Fondo de Emergencia Habitacional de la Generalitat para financiar la adquisición, aunque el comunicado del PP no concreta el precio ni el reparto del desembolso. “Collboni e Illa no pueden convertirse en una inmobiliaria de okupas y solucionar cada conflicto comprando edificios con el dinero de todos los ciudadanos”, afirma Sirera en la nota difundida el 8 de octubre. El dirigente popular exige conocer cuánto costará la compra y qué criterios justifican la intervención pública.
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El anuncio llegó después de una jornada de movilizaciones frente al inmueble. Ayuntamiento y Generalitat alcanzaron un principio de acuerdo con la propiedad y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirmó la suspensión del desalojo a petición de la parte propietaria.
El teniente de alcalde de Vivienda, Jordi Valls, defendió que el acuerdo había permitido frenar el lanzamiento y que los residentes pudieran continuar en sus viviendas. El mecanismo elegido contempla la participación de ambas administraciones en la compra del bloque. El anuncio supone, por tanto, un acuerdo para adquirir el edificio, sin que la información consultada acredite que la compraventa ya se haya formalizado.
El PP reclama el precio y los informes de vulnerabilidad
Sirera cuestiona tanto el coste como los criterios sociales de la operación. En su comunicado, compara el caso con la adquisición de Casa Orsola, cuyo desembolso sitúa en casi 10 millones de euros, y reclama aclarar por qué, según la información que atribuye al TSJC, no consta un informe oficial de vulnerabilidad de los ocupantes.
RTVE recogió que el tribunal había señalado la ausencia de esos informes y que el desalojo respondía a tres procedimientos iniciados en 2019. La misma información citaba fuentes municipales según las cuales 13 de las 18 unidades familiares habían tenido contacto en algún momento con el servicio de intervención ante la pérdida de vivienda y la ocupación. Cuatro familias con niños estaban en seguimiento por servicios sociales.
La ausencia de un informe en el procedimiento judicial y la atención municipal a las familias son circunstancias distintas: el seguimiento social, por sí solo, no permite determinar qué documentación se había aportado al juzgado.
“Si hay familias vulnerables, especialmente con menores, las administraciones deben atenderlas y ofrecerles soluciones. Pero primero hay que estudiar cada caso, no comprar un edificio a golpe de protesta”, sostiene Sirera. También critica que la presión mediática pueda condicionar las prioridades de acceso a la vivienda pública.
Un fondo de 25 millones para evitar desahucios
La adquisición anunciada se enmarca en el Fondo de Emergencia Habitacional de la Generalitat, dotado inicialmente con 25 millones de euros. Según explica el Govern, está destinado a evitar desahucios de personas en situación de vulnerabilidad extrema cuando se han agotado otras alternativas, como la mediación, el alquiler social o la mesa de emergencia.
El instrumento permite comprar la vivienda en la que reside la familia afectada y gestionar posteriormente su alquiler. En Llenguadoc, el acuerdo ha logrado frenar el lanzamiento, mientras el PP reclama conocer el coste y las condiciones de una operación que vuelve a situar la compra pública de edificios en el centro del debate sobre la vivienda en Barcelona.
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