El Ministerio de Vivienda, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de San Sebastián han acordado el reparcelamiento de Txomin Enea II, una operación que permitirá desarrollar alrededor de 400 viviendas y apartamentos dotacionales tras el derribo de la cárcel de Martutene.
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La actuación dará prioridad a la vivienda protegida y asequible, coordinará las promociones de Visesa y Casa 47 y cuenta con una estimación global de 14,5 millones de euros. El acuerdo confirma la cesión al Ejecutivo vasco de los suelos municipales cerca de dos tercios del ámbito, mientras que el tercio restante pertenece al Estado por corresponder a los terrenos de la antigua prisión.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el consejero vasco del área, Denis Itxaso, y el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, han sellado en Madrid los principales pasos para activar la segunda fase de Txomin Enea.
El Ayuntamiento llevará a la Junta de Gobierno Local la aprobación inicial del proyecto de reparcelación, elaborado junto a Casa 47, la entidad pública estatal de vivienda. Ese trámite abrirá la negociación para concretar la cesión al Ejecutivo vasco de los terrenos municipales incluidos en el ámbito, que representan aproximadamente dos tercios de la superficie total. El tercio restante corresponde a los suelos de titularidad estatal de la antigua prisión de Martutene.
La reunión ha fijado tres líneas de trabajo: la demolición de la cárcel, la transmisión de los terrenos municipales y la redacción de un convenio que ordene la urbanización y coordine las promociones que desarrollarán Visesa y Casa 47. Cada entidad pública ejecutará las parcelas y los aprovechamientos que le correspondan conforme a los futuros acuerdos urbanísticos.
Visesa ya ha entregado el proyecto técnico para derribar la prisión. La previsión es que Casa 47 impulse y ejecute los trabajos cuando se completen los trámites administrativos y técnicos necesarios. El presupuesto de demolición asciende a 3,63 millones de euros, a los que se suman 118.470 euros por la redacción del proyecto y el estudio histórico elaborado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Ese informe analiza el papel represivo de la cárcel durante el franquismo y la transición. Las administraciones plantean preservar algún elemento arquitectónico del recinto o instalar una placa o panel conmemorativo integrado en la futura urbanización.
La transformación del ámbito tiene una estimación inicial de 14,5 millones de euros. Las obras generales de urbanización se calculan en torno a 7,5 millones y la acometida eléctrica, en unos 350.000 euros. El Gobierno Vasco, además, ya ha incluido en el Contrato Programa 2026 de Visesa la inversión para las viviendas que promoverá en Txomin Enea II.
Sopela, Urduliz y Bergara entran en el mapa de las zonas tensionadas de vivienda en el País Vasco
Sopela y Urduliz, en Bizkaia, y Bergara, en Gipuzkoa, ya son oficialmente zonas de mercado residencial tensionado. La declaración ha entrado en vigor tras su publicación este martes en el BoE y tendrá una vigencia inicial de tres años, prorrogable si persisten las condiciones que la motivaron. La medida, prevista en la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, permite aplicar instrumentos extraordinarios para aliviar las dificultades de acceso a la vivienda y favorecer un mercado del alquiler más asequible.
El País Vasco cuenta con 20 municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado tras las últimas incorporaciones.
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