Agilizar las licencias, movilizar suelo público para construir vivienda asequible y revisar la reserva del 30% de vivienda protegida en Barcelona. Son algunas de las propuestas que se pusieron sobre la mesa en la mesa redonda celebrada en el ‘Workshop’ de idealista sobre el futuro de la promoción inmobiliaria, celebrado en la capital catalana. En el debate participaron Josep María Casas, director territorial de Culmia para Levante, Cataluña y Baleares, Albert Milian, director de Barnes Barcelona, y Xavier Vilajoana, presidente de APCE Cataluña y APCEspaña.
“¿Dónde están las grúas?”. Albert Milian, director de Barnes Barcelona, lanzó la pregunta tras recordar que España seguirá ganando hogares en los próximos años. Entre las que se ven en la ciudad citó las del Camp Nou y la Sagrada Família. Josep María Casas, director territorial de Culmia para Levante, Cataluña y Baleares, situó el primer atasco antes incluso de pedir la licencia. Para edificar hace falta suelo urbanizado y listo para construir, y llegar a ese punto exige inversión y años de tramitación. Casas explicó que la aprobación de un planeamiento puede requerir en torno a 40 informes sectoriales y que, una vez superada esa fase, todavía quedan la licencia de obras y los trámites que preceden a la escrituración de las viviendas.
El directivo de Culmia sostuvo que cumplir los plazos que ya fija la normativa permitiría acortar buena parte de ese recorrido. También advirtió de los límites del silencio administrativo como vía para agilizar el inicio de las obras. En la práctica, explicó, resulta difícil que un banco financie una promoción si el promotor carece de una licencia expresa.
Xavier Vilajoana, presidente de APCE Cataluña y APCEspaña, puso el foco en la Ley del Suelo. Defendió una reforma que permita corregir errores subsanables en los procedimientos urbanísticos sin tener que volver a la casilla de salida. Un defecto en un informe, explicó, puede obligar a reiniciar un expediente que lleva años en marcha. El representante de los promotores reclamó un acuerdo entre el Estado, las autonomías y los ayuntamientos, que se reparten las competencias sobre las que depende una promoción.
El límite de las 250.000 viviendas al año
Casas calculó que España entrega actualmente entre 90.000 y 100.000 viviendas al año y descartó que el sector pueda elevar esa cifra hasta las 250.000 a corto plazo. Incluso si mañana hubiera suelo listo para promoverlas, argumentó, “el tejido productivo tendría dificultades para absorber ese volumen de obra y los costes de construcción subirían”. Entre las medidas que pueden ampliar la capacidad del sector señaló la industrialización y la formación de trabajadores para los nuevos procesos de construcción.
Milian puso el acento en la colaboración público-privada. Propuso que los ayuntamientos con bolsas de suelo las pongan a disposición de operadores que puedan construir y gestionar viviendas protegidas en alquiler. También defendió que las casas mantengan su calificación con el paso del tiempo, de modo que las nuevas promociones amplíen de forma permanente el parque asequible.
El 30% vuelve al debate en Barcelona
La obligación de reservar un 30% a vivienda protegida en determinadas promociones y grandes rehabilitaciones de Barcelona abrió el debate sobre dónde y cómo se construyen esas viviendas. Milian cuestionó el resultado de la medida y Casas sostuvo que la reserva ha llevado a aplazar proyectos a propietarios y promotores que podían esperar. Vilajoana pidió más flexibilidad para decidir dónde se materializa la vivienda protegida y planteó elevar el umbral de superficie a partir del cual se aplica la reserva. Su argumento es que los costes indirectos tienen menos peso por vivienda en actuaciones de mayor tamaño.
En la mesa también se discutió cómo ampliar el parque asequible con los recursos de la Administración. Casas defendió fórmulas como el derecho de superficie, que permite mantener el suelo en manos públicas y encargar a un operador privado la construcción y la gestión de las viviendas. Vilajoana cuestionó que se destinen recursos a comprar edificios existentes cuando hay solares públicos sin desarrollar y pidió utilizar parte de ese presupuesto para levantar nuevas promociones.
El debate se cerró con tres prioridades. Vilajoana pidió reformar la Ley del Suelo para evitar que los expedientes vuelvan a empezar por fallos que se pueden corregir. Milian propuso reducir al mínimo los impuestos en la compra de la primera vivienda. Casas señaló la industrialización como una vía para que el sector pueda construir más cuando disponga de suelo y licencias.








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