Queda poco más de una semana para que se celebren elecciones generales pero el sector de los centros de datos contiene el aliento a la espera de que el Gobierno ponga fecha para aprobar en Consejo de Ministros el real decreto que fijará las condiciones para instalar centros de datos en España. La normativa, que ha recibido una fuerte contestación por parte de las empresas involucradas, amenaza con provocar una fuga multimillonaria de inversiones hacia Portugal o Francia por la "incertidumbre" que genera.
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Si no se revierte la situación, fuentes de varias compañías afectadas por la paralización de proyectos advierten de que España podría perder 67.000 millones de euros en operaciones hasta 2030.
Pese a que el proyecto legal ha recibido más de 600 alegaciones durante su tramitación, Moncloa ha continuado con su intención de sacar una normativa adelante que incluye la obligación de respaldar el 80% del consumo de estas instalaciones con energías renovables para aquellas que se adhieran al sistema de reducción automática de potencia. Algo calificado por fuentes del sector como "inaceptable".
El decreto ha superado el penúltimo trámite para su aprobación, su estudio por parte del Consejo de Estado, que pese a que los letrados de este órgano señalaron varios puntos que podrían ser contrarios al ordenamiento jurídico, consiguió salir adelante con la mayoría de los votos de sus vocales. El último paso necesario para que la iniciativa reciba luz verde es que el Gobierno lo apruebe en uno de los dos Consejos de Ministros que quedan por delante antes de las elecciones generales (uno ordinario y otro extraordinario) si se mantiene la intención de Moncloa de hacerlo antes de las generales.
Si esto ocurre, la situación de incertidumbre se agravará, especialmente entre los inversores internacionales. "La situación es crítica, es el peor de los escenarios", insisten fuentes del sector, que recurrirán a la vía judicial para intentar revertir los puntos que consideran más lesivos.
Un proceso largo pese a posibles medidas cautelares
Sin embargo, reconocen que este proceso será largo, aunque algunas medidas del decreto puedan suspenderse cautelarmente. Tampoco creen que el nuevo Gobierno surgido de las urnas, en el caso de producirse un giro hacia un Ejecutivo dirigido por el PP, por ejemplo, solucione la situación de forma inminente, ya que igualmente se necesitaría tiempo para producir y tramitar un nuevo decreto ley.
La consigna, por tanto, es cerrar filas e intentar aguantar a los inversores al menos un año para evitar que Portugal o Francia se beneficien. "Si se construye un centro de datos en Portugal, el consumo eléctrico en la península ibérica será el mismo, el impacto ambiental también, pero los impuestos y los puestos de trabajo los conseguirá el país vecino", apostillan.
SpainDC, la principal asociación española de 'data centers', recuerda que el simple anuncio del decreto por parte del Ejecutivo, el pasado 26 de agosto, ya provocó la "paralización" de todas las operaciones que estaban en marcha, una situación que a día de hoy no se ha revertido esta "amenaza".
La presentación ante el Consejo de Estado es el paso previo a llevarlo ante el Consejo de Ministros, que puede aprobarlo sin la necesidad de que se convalide posteriormente por parte de la Diputación Permanente. Fuentes del sector critican el mecanismo usado por el Gobierno para aprobar este decreto, que creen que "no está justificado". "Todavía no sabemos cuáles son las medidas definitivas, pero no descartamos nada", añaden.
"La nueva redacción no se suaviza, se nos hace elegir la soga con la que queremos colgarnos. No ha habido nadie del sector. Es inaceptable, no nos sentimos escuchados. No son maneras. Hemos acudido a todas las conversaciones con buena fe y con honestidad. Este texto es inaceptable", insisten estas mismas fuentes.
"Incertidumbre" en el sector
El CEO de Merlin, Ismael Clemente, lamentó el pasado viernes, durante la presentación de los resultados de los nueve primeros meses de 2026 de su compañía, esta situación y al criticar la "incertidumbre" que genera y que se hayan pasado "por el arco del triunfo" las alegaciones del sector, más de 600.
Además, dio por hecho que este se aprobará, aunque considera "imposible" cumplir con el mismo, y ha afirmado que la compañía se "prepara para lo peor" y realiza unas estimaciones basadas en el escenario más pesimista, con un coste extra de 863 millones de euros que se añade a una bajada de la capacidad en su Plan MEGA.
Clemente denunció que la primera versión del proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos era un "desastre" que recibió cientos de alegaciones que fueron ignoradas por el Ejecutivo.
En esa línea, ha puesto en duda que la segunda versión sea más suave, la ha calificado de "intrínsecamente abusiva" y ha apuntado a la nueva figura de 'interés nacional estratégico', de la que dice que surge "para proteger la candidatura española a la gigafábrica de la Unión Europea de la aplicación del real decreto, porque saben a ciencia cierta que no puede cumplir" con este, por lo que "la han eximido de cumplirlo".
No obstante, admitió que "lo más probable" es que se acabe aprobando, ya que considera que se ha convertido en "una especie de 'sujétame la cerveza' para el Gobierno", que lo está incluyendo en su campaña electoral.
En concreto, fuentes del sector estiman que recibirá luz verde en el Consejo de Ministros el 20 o 24 de noviembre, o bien que se apruebe entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre, durante el período de transición previo a la formación de un nuevo Gobierno por las elecciones generales del 29N, "sea cual sea su color político".
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